A 10 años de la Revolución Pinguina en Chile: por qué el conflicto sigue abierto

Por Francisco Parra – @frparrag

“La única lucha que se pierde es la que se abandona. No más lucro”. El frontis de la Universidad Andrés Bello, en el centro de Santiago, es adornado por un enorme lienzo que replica esa frase. A su lado, una ilustración de una familia encadenada a billetes, ante la atenta mirada de otros hombres sin rostro cruzados de brazos.

En 2006, hace 10 años. estalló la llamada “revolución pinguina” en colegios y escuelas por todo Chile. Miles de jóvenes secundarios salieron a las calles a mostrarle al mundo y a la clase política que detrás del “exitoso” modelo neoliberal de la Concertación, ese de los centros comerciales, las modernas autopistas concesionadas y los tratados de libre comercio con medio mundo, se escondía una profunda desigualdad y creciente precarización de derechos sociales. Las y los estudiantes comenzaron cuestionando problemáticas superficiales de la educación para abrirse poco a poco a los problemas reales del pueblo chileno, para formar así el primer gran movimiento social tras la dictadura, para tomar todo ese descontento hasta entonces oculto y volcarlo a la calle.

El conflicto 2006-2008 terminó con una imagen que marcaría el futuro del movimiento. En el palacio de La Moneda, el gobierno y parlamentarios de derecha tomados de las manos, alzando los brazos por el acuerdo llegado para una reforma educacional. La casta política en pleno. Pero como todo en el Chile post dictadura, donde no hay cambio estructural sin la aprobación de los herederos de Pinochet, los cambios fueron mínimos.

En 2011, los jóvenes volvieron a salir a las calles, esta vez los universitarios liderados por los hoy diputados Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, entre otros. Fueron meses de movilización que volvieron a poner a Chile a ojos del mundo y al gobierno de derecha del empresario Sebastián Piñera en entredicho. Gratuidad universal en educación superior, fin al lucro en todos los planteles educativos y democratización eran las principales demandas que llegaron a tener un 80% de apoyo en la ciudadanía. Pero la movilización no podía durar para siempre. Después de todo un año de desgaste, los siguientes representaron para muchos un retroceso en términos de convocatoria, de relato y de resultados. La discusión se “parlamentarizó” y los voceros estudiantiles pasaban a increpar a legisladores en el Congreso mientras se perdía el apoyo en las calles.

Desde 2006 que el tema educación está en la palestra pública. Tres gobiernos han pasado, uno de Sebastián Piñera y dos de la “socialista” Michelle Bachelet. Proyectos de ley se han enviado al Congreso y grandes acuerdos se han generado. Se ha debatidos sobre cómo fortalecer la educación pública, sobre la subvención preferencial, la ley general de educación, la ley de calidad y equidad, desmunicipalización etc. Variadas reformas para reorganizar el sistema educativo, pero siempre manteniendo protegido el negocio de los privados en el sistema.

Ni siquiera la gratuidad universal anunciada por el gobierno a fines del año pasado es suficiente. Promesa de campaña de Bachelet, ha sido en la práctica otra política cruzada del más puro neoliberalismo: el 60% más pobre de la población puede acceder a la “gratuidad”, que funciona como una beca que financia al estudiante y no a la institución. La misma lógica de siempre: financiamiento a la demanda y no a la oferta.

En estos 10 años de conflicto educacional, se han cerrado más de mil escuelas públicas en todo el país, mientras se abren cada vez más privadas y se consolidan los poderosos grupos empresariales en educación. Subsidios, becas, licitaciones, etc, el negocio de los privados aumenta por donde se le mire.

De vuelta a la ofensiva

En medio escándalos de corrupción, golpes de la derecha y un gobierno desorientado e improvisando reformas que suenan bien pero que continúan la herencia del modelo, se anunció para fines de junio el envío al Congreso del proyecto de reforma a la educación superior. Pero las y los estudiantes decidieron no quedarse esperando y pasaron nuevamente a la ofensiva. A fines de mayo, un grupo irrumpió en pleno palacio presidencial para anunciarle al gobierno y a toda la casta política que habían fracasado y que Chile se cansó de esperar. Volvieron los videos, los hashtag y, por supuesto, las movilizaciones. Escuelas y universidades empezaron a aparecer en toma o en paro y las masivas manifestaciones volvieron copar portadas de los diarios.

Retomando esos elementos que le dieron convocatoria y masividad en 2011, las y los estudiantes han entendido que el mejor lugar donde pueden estar como movimiento social es en la calle. Esto, como era de esperarse, ha tenido respuesta con la represión del Estado y el excesivo uso de fuerza de Carabineros. El caso del presidente del Instituto Nacional, detenido y obligado a desnudarse mientras lo golpeaban, emociona por la crudeza de su relato.

Pero también han tenido respuesta a la represión. En la toma del Liceo Manuel de Salas, esperaron a Carabineros con mesas y sillas en el patio, para tomarle pruebas a los efectivos policiales.

El pedido de los estudiantes es el aumento de la matrícula de la educación superior estatal, que se disminuya progresivamente la de las privadas que no cumplen con estándares mínimos de calidad; término total y efectivo al lucro; someter a las instituciones a estrictos procedimientos de administración, democracia interna, transparencia en uso de recursos; fin a los créditos universitarios y condonación de la deuda y gratuidad garantizada como un derecho financiado a través de aportes directos a las instituciones y no con becas individuales.

En todos estos años, las y los estudiantes han madurado sus demandas. Hoy entienden, por ejemplo, la necesidad de una educación no sexista y multicultural, y que una universidad pública no puede someter a sus trabajadores a precarias condiciones laborales como lo es el subcontrato o tercerización laboral.

Pero esta vez es con una particularidad. No son las federaciones universitarias tradicionales las que lideran el movimiento. No son dirigentes estudiantiles de la Universidad de Chile ni de la Católica. Son de las privadas, esas instituciones que representan uno de los mayores negocios de la sociedad chilena y que agrupa al 85% de la matrícula de los estudiantes universitarios.

La ofensiva de las privadas ha estado comandada, por ejemplo, por la Universidad Andrés Bello (UNAB), perteneciente al grupo Laureate y que mantiene a casi la totalidad de sus carreras en paro. Las tomas en distintas facultades de la Universidad Diego Portales (UDP) también ha dado cuenta del nuevo impétu de los estudiantes tras años de pasividad. “Al fin y al cabo, cada vez más las estatales se están elitizando. La mayoría de la gente de la clase media y media baja no se va a las privadas por opción sino por obligación. Son ambas clases las que no tienen una buena educación desde la base, desde la cuna, viéndose obligados a ir a las universidades privadas. Un factor importantísimo para activar la participación de las privadas fueron los movimientos históricos estudiantiles. La mayoría de los compañeros que hoy nos encontramos movilizados, somos los mismos que nos encontrábamos movilizados en 2006 y 2011, por lo tanto esta concientización viene de ahí; y pudimos converger hoy en un punto de unión con las demás universidades”, dijo Fabián Ceballos, vocero de la UNAB a El Desconcierto.

Para Carolina Figueroa, presidenta de la federación de la UDP, las privadas “somos la promesa incumplida de este sistema.Este tipo de instituciones poseen casi nula regulación: lucran, no existe democracia, cierran carreras porque se les acabó el negocio y a nadie le importa”.

Precisamente la UNAB y la UDP son dos de las universidades que tienen la mayor cantidad de alumnos estudiando con el polémico Crédito con Aval del Estado (CAE), que se ha transformado en el ícono del endeudamiento y precarización de estudiantes chilenos. Y pese a ser cuestionado desde hace años, sigue más vigente que nunca. El presupuesto para el año 2016 en materia Educación incluye el gasto de más de 600 mil millones de pesos chilenos en la compra de títulos y valores correspondientes al CAE. Es decir, para que funcione el crédito. Se trata del 35,2% de todo el presupuesto en educación. La “gratuidad” del gobierno ocupa el 29,5”.

“Si a esto se le suma la posibilidad de que el CAE vaya directamente asociado a la gratuidad, hay señales claras de que por más que haya educación gratuita se mantiene la presencia de los bancos y la idea de que los estudiantes son consumidores de un producto y que el Estado solo va a avalar el consumo de este producto”, dijo la vocera Confech Marta Matamala a El Mostrador.

Un estudio de la Fundación Sol llamado “Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE” da cuenta de cómo el polémico crédito creado por Ricardo Lagos -a quien toda la casta pide de nuevo como presidente en 2018-, ha significado el endeudamiento de más de 600 mil estudiantes y una danza de millones para la banca privada.

Si bien en 10 años la cifra de estudiantes se dobló, estos se concentran principalmente en instituciones pertenecientes a 4 grupos educacionales. A la cabeza está Laureate International, que ha recibido casi 600 mil millones de pesos chilenos, más de 800 mil dólares. La política de financiamiento asociada al CAE, es un ejemplo de cómo es posible utilizar lo que otrora eran derechos sociales con un doble propósito mercantilizador: por un lado, otorgar financiamiento estable, por medio de la demanda a las universidades privadas, incluso aquellas que están siendo investigadas por lucro. Y por otro lado, subvencionar estatalmente el negocio bancario, ofreciendo estudiantes provenientes de hogares de bajos ingresos al endeudamiento bancario bajo garantías estatales insólitas para cualquier negocio”, dice Alexander Paez, uno de los creadores del estudio.

A días de que termine el plazo que el propio gobierno se puso para el envío de la reforma y a 10 años de iniciado el conflicto estudiantil, este parece estar lejos de cerrarse.