Paraguay: a cuatro años de un golpe que inspiró los caminos en Brasil y Argentina

Por Gustavo Torre*

Se cumplen cuatro años del golpe parlamentario contra Fernando Lugo. Las similitudes con el impeachment a Dilma en Brasil y las medidas neoliberales que comparten los empresarios Cartes y Macri. La inminente sentencia a los campesinos por la masacre de Curuguaty y una Justicia fraudulenta y clasista.

El 22 de junio de 2012, el Parlamento paraguayo destituyó por medio de un juicio político express al presidente Fernando Lugo, en lo que se caracterizó como un golpe institucional. El juicio contó con un antecedente inmediato que sirvió de argumento: la masacre de Curuguaty, en la que fueron asesinados 11 campesinos y seis policías. Por aquel hecho fueron juzgados 14 campesinos (y ningún policía), a los que la fiscalía pidió penas de hasta 40 años, y en los próximos días se conocerán las sentencias.

Una vez destituido Lugo, el mandato fue finalizado por el vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico (parte de la alianza que llevó a Lugo al Poder Ejecutivo) y luego sucedido en 2013 por el empresario Horacio Cartes, del tradicional Partido Colorado, tras la victoria en elecciones presidenciales. Con los sucesos de hace cuatro años, Paraguay marcó un camino.

Cartes, guía para Macri y Temer

Tanto el perfil como las características del gobierno de Cartes fueron el ejemplo a seguir por Mauricio Macri, así como el “golpe a la paraguaya” encabezado por el vicepresidente Michel Temer fue el camino seguido por Brasil en el impeachment contra Dilma Rousseff.

Las medidas tomadas en los primeros meses del empresario-presidente paraguayo fueron muy similares a las tomadas por el empresario-presidente argentino, como los beneficios a los sectores exportadores, la profundización del accionar represivo sobre los movimientos sociales o el cerco mediático a las movilizaciones.

La política de Cartes apuntó desde sus inicios a favorecer los intereses de los grandes capitales concentrados en el agronegocio, avanzando sobre el movimiento campesino resistente. El mandatario paraguayo vetó la ley que gravaba la exportación de granos, beneficiando notablemente a las corporaciones y empresarios exportadores. Además, se aprobó la Ley de Alianza Público-Privada, que permite la entrega de grandes negocios a privados y la Ley de Defensa Interior, que llevó a la militarización de regiones con fuerte presencia del movimiento campesino, todas medidas acompañadas de un cerco mediático que aún se refleja, cuatro años después, en la escasa visibilidad de las protestas campesinas y estudiantiles de 2015 y 2016.

En Argentina, Macri emprendió el mismo camino: quita total de retenciones a los exportadores de trigo y maíz y a las exportaciones mineras; quita de 5% en las retenciones a la exportación de soja; tarifazo en los servicios públicos; y el Protocolo represivo frente a las movilizaciones.

En Brasil, la destitución de Dilma provino desde el interior de la alianza gobernante, por medio de un juicio político con argumentaciones débiles o burdas, al igual que el juicio político paraguayo del cual se cumplen cuatro años. En Brasil también el juicio político fue impulsado por el vicepresidente y es quien asume la presidencia, pasando de aliado a opositor. En Paraguay no se necesitaron pruebas para destituir a Lugo ya que eran “de dominio público”. Las declaraciones de los diputados votando a favor del impeachment en Brasil se realizaron “en nombre de la familia, la religión y la Patria”.

Queda en evidencia como las alianzas tejidas por los gobiernos llamados “progresistas” marcan de forma indeleble los límites de sus proyectos.

El freno al gobierno de Cartes

Pero Paraguay también es faro en la lucha contra el gobierno empresarial. En el último año, las manifestaciones lograron objetivos importantes: en 2015, la movilización de las y los estudiantes universitarios logró la renuncia del rector de la Universidad Nacional de Asunción y de varios decanos nombrados por el coloradismo, acusados de corrupción y anquilosados en sus puestos. El estado de movilización repercutió este año en los estudiantes secundarios, quienes lograron la renuncia de la ministra de Educación en un proceso de toma de colegios ante las graves denuncias de corrupción en el destino de los fondos públicos destinados a la educación.

Durante todo el mes de abril de este año, una movilización campesina en Asunción exigió al gobierno una serie de medidas (condonación de deudas contraídas por los pequeños productores, aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, derogación de la Ley 5501/15 que establece el IVA a los productores cooperativos y la  regularización de asentamientos campesinos, entre otras) destinadas a paliar las graves dificultades que atraviesa el sector.

El gobierno reaccionó a principio del mes calificando a los movimientos campesinos como “sinvergüenza”, pero ante la persistencia del movimiento que acampó durante todo un mes en el centro de la capital paraguaya, debió negociar, lo que llevó al Ejecutivo a cambiar de postura: “el diálogo es el único camino”, terminó diciendo Cartes.

Las movilizaciones estudiantiles y campesinas durante el último año lograron avances importantes en la resistencia al gobierno empresarial de Cartes.

Curuguaty: sentencia cantada

La masacre de Curuguaty fue el argumento principal que utilizaron las mayorías parlamentarias paraguayas de los partidos Colorado y Liberal para destituir a Lugo. Las sentencias a los campesinos acusados por la masacre está cantada: la fiscalía pidió penas entre cinco y 40 años, en un juicio totalmente fraudulento.

La falta de pruebas, la decisión de no investigar las muertes de los 11 campesinos, el ascenso del fiscal Jalil Rachid (primer fiscal de la causa) a viceministro de Interior, las suspensiones constantes del juicio, las irregularidades en las pruebas, la desaparición de las filmaciones realizadas por el helicóptero que participó de la masacre, la muerte en un accidente aéreo del piloto de ese mismo helicóptero, son algunas de las evidencias claras que marcan que la parcialidad de las sentencias condenatorias. Las palabras de la fiscalía afirmando que la condena debe ser “ejemplificadora” para cualquier intento de los movimientos campesinos de cuestionar el orden es la prueba fehaciente del final cantado.

La justicia paraguaya es la justicia de los poderes concentrados, de los grandes intereses locales y extranjeros en el agronegocio, de los grandes propietarios de las tierras y de los empresarios. Esos poderes concentrados se basan en la propiedad de la tierra para acrecentar sus ganancias, por lo tanto, las y los campesinos que resisten, sobran. Y si se oponen corren el riesgo de ser expulsados, encarcelados o asesinados.

Para el Estado paraguayo, el campesinado debe desaparecer: los 115 dirigentes campesinos y miembros de las comunidades asesinados o desparecidos entre 1989 y 2013 son parte de la política de esos intereses concentrados, al igual que el encarcelamiento, la represión ilegal por parte de fuerzas parapoliciales contratada por los grandes productores sojeros pero también por la represión legal a manos de las fuerzas estatales. Eso fue Curuguaty: la represión del Estado sobre las y los campesinos resistentes que dejó 17 muertos, 14 campesinos acusados y seguramente condenados.

* Integrante del grupo CHIPA (Cultura, Historia, Ideas, Política y Arte de Paraguay-UNGS) y militante del Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional