Suspensión de Venezuela del Mercosur: un síntoma de la desintegración regional

Por Lucio Garriga Olmo

La revolución bolivariana, siempre asediada internacionalmente, sufrió la estocada final en el Mercosur: los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay le comunicaron a Venezuela que dejará de ejercer sus “derechos inherentes” como Estado parte. Es decir, la suspendieron del bloque suramericano.

Estos cuatro gobiernos argumentan que Venezuela no internalizó normas centrales del Mercosur en materia de derechos humanos, inmigración y acuerdos comerciales, como por ejemplo el Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 que establece el arancel externo común y un programa de liberación comercial. Lo cierto es que detrás de este pretexto hay una decisión política que tiene como objetivo, además de la alineación con Estados Unidos por sobre otra potencia mundial, correr a Venezuela del organismo para avanzar en la convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico.

Esto es una jugada política para atacar a Venezuela porque el artículo 1° del Protocolo de Adhesión de Venezuela, firmado en 2012, ya preveía la existencia de normas del organismo que Venezuela no podría incorporar por razones de constitucionalidad y que dichas normas podían modificarse. Están llevando a cabo un ataque por algo que ya estaba previsto desde hace cuatro años, desde el primer momento en que Venezuela se incorporó. Además, no hay ninguna normativa que prevea la expulsión de un miembro pleno por incumplimiento en la incorporación de la normativa. Es una jugada política sin fundamentos.

Como si fuera poco, Venezuela tuvo, y tiene, intenciones para solucionar este problema. El martes la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, envió una nota a los cuatro cancilleres demostrando que Venezuela busca y quiere aprobar el ACE 18, pero ninguno de los países escuchó. Es cierto que Venezuela no internalizó una serie de normativas pero lo importante es que no lo hizo porque son contrarias a su propia Constitución. También es cierto que la mayoría de las normas del bloque, aproximadamente el 90% de las mismas, ya han sido incorporadas por dicho país y que el resto de los países, los que llevan a cabo este ataque, también tienen normas sin internalizar.

La suspensión de Venezuela, además, fue llevada a cabo de forma ilegal. Si cualquier país incumple alguna norma del organismo, el encargado de determinarlo debe ser un tercero, un mediador, no una de las partes denunciantes. Esto no ocurrió. Los cuatro países determinaron el error, lo comprobaron, y fueron ellos mismos los que decidieron las sanciones. No hubo un arbitraje que lo determinara, ni diálogo para solucionarlo ni negociación entre las partes. Se impuso la visión de la parte que tiene más fuerza. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo denunció públicamente: “Nos han juzgado, nos han sentenciado y nos han declarado culpables sin derecho a la defensa (…) Han obrado de manera injusta, desproporcionada, ilegal”.

Resistiré

Luego de la suspensión, Venezuela anunció que activará el Protocolo de Olivos para resolver esta controversia pero también ha denunciado públicamente que no fue notificada legalmente de la resolución tomada por el resto de los miembros del organismo. Venezuela recurre al diálogo, algo que la otra parte no hizo. Delcy Rodríguez afirmó: “En los próximos días, con pruebas en mano, demostraremos hechos irregulares. Es una situación insólita, la ilicitud, lo antijurídico, lo antipolítico, lo antimoral, lo antiético que están llevando adelante en este golpe de Estado que le están dando al Mercosur”. Y agregó: “Venezuela no ha sido notificada conforme a las normas del Mercosur y por lo tanto no podemos darnos por notificado, lo que se pretende hacer no es más que un golpe de Estado. Nosotros nos mantenemos absolutamente en estricto apego a la legalidad del sistema mercosuriano”. Por su parte, Maduro solicitó una reunión con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, para solucionar este problema ya que el uruguayo declaró que la medida tomada no es “irreversible”.

Venezuela recurrió al diálogo pero no obtuvo la misma respuesta. No es para menos si tenemos en cuenta que el presidente de Brasil, Michel Temer, llegó al poder luego de un golpe parlamentario, y que Mauricio Macri no escucha a la ONU ni a la OEA, que han exigido la liberación de Milagro Sala.

Lo que está ocurriendo en Venezuela es un nuevo ejemplo de la (des)unión de América Latina. Por un lado, los gobiernos de derecha que se unen para buscar un nuevo posicionamiento internacional y que rompen la integración regional que tanto costó. Por el otro, los países que intentan resistir, como Venezuela y Bolivia, claros impulsores de la unión que hoy se busca destruir. Lo que está en juego -nada menos- es qué modelo de Mercosur, y de integración regional, se quiere para América Latina.