Ecuador: ¿nuevo gobierno se inclina a la derecha?

Por Melisa Argento y Anahí Macaroff Lencina

Una gran incertidumbre atraviesa la coyuntura política ecuatoriana. Trascurridos menos de tres meses desde que Lenín Moreno asumió la presidencia en un ajustado triunfo del oficialismo de Alianza País, se desconoce el rumbo que tomará la continuidad del proyecto político que articuló la Revolución Ciudadana desde hace 10 años. Si al inicio dio señal de apertura hacia las organizaciones, movimientos y fuerzas políticas de oposición por el espectro de las izquierdas, luego varios hechos concretos expresaron un peligroso acercamiento a los sectores de poder económico tradicional del Ecuador. En el límite, las declaraciones sobre la situación económica responsabilizan a la Revolución Ciudadana por la crítica situación de la economía y llama al pueblo ecuatoriano a la austeridad.

Orígenes del distanciamiento

Inmediatamente después de su asunción como presidente, Moreno anunció un conjunto de primeras medidas que venían a reforzar su perfil consensual y dialoguista en oposición a Rafael Correa. Algunas de las acciones anunciadas en primera hora eran esperadas por gran parte de los sectores excluidos de la arena política. Así, el llamado al diálogo con organizaciones indígenas y la devolución de la sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), sumado al reclamo de cesar la criminalización de la protesta, queda efectivamente en entredicho.

A la poco fortuita acusación de Correa de que “entregar la sede a la CONAIE por 100 años era una ofensa a título casi personal”, le sobrevino la aún más baja respuesta de Lenín de que Correa estaba teniendo cierto “síndrome de la abstinencia de poder”. Frases que sellaron el tono de acusaciones que, expresadas por Twitter, van marcando la agenda política. Es cierto que Moreno no fue la figura de transición consolidada por su rol en la escena política, tampoco que fuera el “nombre” elegido por Correa. De hecho, desde el terrible terremoto que sufrió el pueblo ecuatoriano el 16 de abril de 2016, Correa pareció hacer un guiño de legitimidad al entonces vicepresidente Jorge Glas, ubicándolo en el cargo de las responsabilidades sociales para la “Reconstrucción” económica (que en un momento tan sensible podrían traducirse en mayor popularidad). Glas ha sido un hombre clave de la política productiva, encargado de sectores estratégicos, con poca aceptación de los sectores críticos al Gobierno y salpicado por las denuncias de corrupción. Por su parte, Moreno gozaba de mayor aceptación por su capacidad de maniobra en áreas como la salud y las políticas públicas implementadas para las personas en condición de discapacidad; además, fue vicepresidente en la época dorada de Alianza País (AP) donde logró articular diferentes expresiones de su propio partido. Todo esto tuvo su correlato cuando en plena campaña, Carlos Pareja Yanuzelli (exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos) vinculó a Glas con casos de corrupción, sin embargo la fórmula Lenin/Glas triunfó en las urnas, y el nuevo Gabinete de Moreno expresó las diferentes tendencias internas existente.

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Dialogo u oposición

Las inquinas se generalizaron cuando Correa denunció que Moreno había cerrado un pacto con los Bucaram para entregar la gestión de la Corporación Nacional de Electricidad. Luego, en un guiño hacia los sectores de la derecha empresarial vinculada a las cadenas comunicacionales, Moreno se comprometió a “revisar” la Ley de Comunicación, y nombró a Andrés Michelena como nuevo gerente general de los Medios Públicos, sustituyendo a figuras del círculo de lealtades de Correa. La designación de Fernando Larenas, exjefe de redacción de El Comercio (principal medio de la oposición) al frente del diario El telégrafo (oficialismo) provocó rechazos dentro de AP, al tiempo que fue celebrada por el paladín de la derecha Guillermo Lasso (movimiento CREO).

Luego de la aparición de una supuesta conversación entre el excontralor general Carlos Pólit y un exejecutivo de la empresa Odebrecht donde se involucra a Glas, Moreno le quitó las funciones dentro del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, así como del Comité para la reconstrucción. Comenzaron a proliferar las exigencias de destitución o juicio político, mientras Pareja Yannuzzelli retornaba a Ecuador a dar declaraciones. En el limitado margen que tiene la figura del vicepresidente en el actual sistema político, Glas manifestó que aun así, seguirá siendo el vicepresidente de Ecuador.

Finalmente, la disputa se instaló en el núcleo del binomio de gobierno, la corrupción quedó mediáticamente asociada con Glas y no con las comprobadas cuentas off shore de Lasso, y la oposición en la Asamblea se articuló para presentar una “agenda de gobernabilidad” (sujeta a una consulta popular) a fin de desmontar el “correismo” en los organismos de control, anular la reelección indefinida y eliminar el concepto de la comunicación como servicio público. Mientras la oposición ataca al correismo, Moreno pone en duda su propia representatividad, subestimando el componente afectivo de la política al atacar duramente al proyecto de la Revolución Ciudadana y sus figuras claves.

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“Winter is coming”

El escenario es aún más preocupante cuando lo cruzamos con las declaraciones en materia económica. El reciente discurso de Moreno en la presentación de la reforma de presupuesto nacional para 2017, responsabiliza al gobierno anterior de haber consolidado una deuda total inmanejable de más de 60 mil millones de dólares, poniendo en riesgo la soberanía nacional. Moreno propone una estrategia consistente en aumentar el ingreso de dólares, dinamizar el sector de la construcción, revisar la ley de plusvalía, fomentar la repatriación de capitales, impulsar el uso de medios de pago digitales (dinero electrónico), llevar a cabo medidas de optimización de recursos del Estado y direccionar la inversión pública hacia lo “estrictamente necesario”. La propuesta presupuestaria de 36.818 millones de dólares, representa un incremento de 2% con respecto al presupuesto del año anterior y establece un conjunto de prioridades de gasto y previsión de ingresos. En septiembre se presentará el plan de gestión económica para el periodo completo de su mandato. En líneas generales no hay grandes transformaciones, ni en el sistema cambiario, ni en las prioridades de gasto, pero sí se le da mayor margen de acción a la banca privada permitiendo su participación en los mecanismos de dinero electrónico junto al Banco Central.

La estrategia de gobernabilidad del “Diálogo Nacional” ha triunfado logrando la aceptación al gobierno de todos los sectores de oposición que ya ni se acuerdan de sus denuncias de fraude electoral y de las manifestaciones para anularlas. Sin embargo, asustan los signos de demasiada permeabilidad que parece tener el presidente con los intereses especulativos financieros. La ambivalencia del dialogismo es inversamente proporcional a la del mismo Correa, quien, en tantos años de combate contra la “corporativización” también había aglutinado a toda la ‘otredad’ en el bando de enfrente. Ni antes ni ahora estos dos bloques de oposición eran/son lo mismo, aunque sus límites se fueron desdibujando tanto en las articulaciones políticas locales, como en las movilizaciones de junio de 2015, y en el marco de la polarización de la segunda vuelta electoral donde el candidato de las izquierdas, Paco Moncayo, llamó a votar a Lasso, y tras él también lo debatieron un conjunto de fuerzas políticas y organizaciones sociales.

El problema de permanecer en esta delimitación del antagonismo es que las luchas populares pueden salir aún más fragmentadas. En gran parte, la recomposición de las fuerzas populares ecuatorianas depende de que las luchas y organizaciones sociales que durante años enfrentaron la continuidad rentista, primario-exportadora del régimen de AP no se vean envueltas en una promesa de diálogo que fortalezca al Gobierno mientras este se sume en una política regresiva para el campo popular. De otra parte, las bases que aún sobreviven dentro de AP, si ven al gobierno actual traicionar las banderas de la propia Revolución Ciudadana, deberán luchar por asumir una agenda que abandone la dicotomización construida durante todos estos años entre el “bienestar general” en términos redistributivos y las “causas particulares”, y reconocer (articulándose con ellas) el componente de universalización que tienen estas luchas que hasta aquí fueron excluidas como corporativas. Por último, las figuras de AP que permanecen formando parte de las funciones públicas y el propio Buro político, deben presionar para evitar la profundización que impone la contracción económica, para que no lleve al gobierno ecuatoriano bajo las propias banderas de la Revolución Ciudadana a protagonizar el giro a la derecha en que están sufriendo los pueblos latinoamericanos.