A propósito del ‘problema de las usurpaciones’

A propósito del ‘problema de las usurpaciones’

Por Mariana Giaretto*. Una respuesta necesaria ante las denuncias publicadas en el diario Río Negro el lunes pasado ante las últimas tomas en la ciudad de Cipolletti donde cientos de familias ocuparon 36 hectáreas de tierras que un propietario particular destinaba a la producción de alfalfa.

“El problema de las usurpaciones” titula el autor del informe especial del diario Río Negro del lunes pasado y, antes de que avancemos en la lectura, nos advierte que es un problema de enorme complejidad y que es inevitable – seguramente para él,  ya que desde un comienzo universaliza una visión de mundo liberal y burguesa-  dejar sentada -por qué no clavada como la estaca de aquel conquistador que le da nombre a la ciudad desde la que escribe-  una premisa fundamental : No existe vida civilizada en una sociedad donde cualquier individuo se toma la justicia por mano propia. Todo el progreso de la civilización reside en regular los conflictos a través de un conjunto de normas que definen derechos y un sistema judicial que debe aplicarlas inexorablemente. Si las normas no se aplican, todo el sistema fracasa y nos vuelve a situar en un estadio anterior al inicio de la vida civilizada.

Hobbes, Sarmiento, Locke, sí, alguno de ellos o todos juntos  rondan por este escrito, pero a esta altura cuesta citarlos o será que en el afán de universalizar su visión de mundo clasista, el autor nos interpela acudiendo al sentido más común de los comunes y nosotrxs asentimos con la cabeza diciendo ‘pero claro, cómo podemos poner en duda la validez de nuestro sistema judicial’. Aunque dudamos por un instante, porque es ese mismo sistema judicial que se hace lento y benévolo para algunos, mientras que criminaliza rápidamente a jóvenes y pobres, igualmente asentimos y avanzamos con el autor en su argumentación.

Para simplificar dicha argumentación lo que encontramos es un análisis coyuntural de las tomas más recientes que focaliza en las tensiones políticas entre diferentes poderes y niveles del Estado y que esboza más que ‘conclusiones provisionales’ preposiciones prefigurativas de lo que se debe hacer con ese problema de enorme complejidad. Y esto último es lo más llamativo, porque si ese problema de enorme complejidad pudiese abordarse desde unos cuantos párrafos de un informe periodístico pero especial -a propósito nos surge la duda  ¿a cuántos informantes claves, protagonistas, implicados, o a qué fuentes que no sean el mismísimo diario Río Negro y el código procesal consultó el autor para llamarle ‘especial’?-  entonces algunxs investigadorxs, políticos, militantes y otrxs tantos estaríamos haciendo complejo algo que no lo es.

Veamos sólo algunas de las cuestiones que pueden contra-argumentarse a este informe especial.

La situación actual

Para introducir la problemática, el autor expone la situación de la escandalosa estafa de la Cooperativa House Vial avalada por el IPPV y en lo siguiente describe una de las últimas tomas en la ciudad de Cipolletti donde cientos de familias ocuparon 36 hectáreas de tierras que un propietario particular destinaba a la producción de alfalfa. Aquí nos encontramos con un primer problema analítico que podría haberse salvado tal vez si el análisis fuera a fondo, porque son situaciones distintas pero relacionadas, en la medida que gran parte de la gente que hoy protagoniza tomas de tierras no alcanza los requisitos, ni puede cumplir con los plazos estipulados para acceder o intentar acceder a un terreno y/o vivienda vía cooperativa. Pero además, aquellos que lo logran en más de un caso han sido estafados, por lo tanto el problema habitacional acumula conflictos que estallan en esas ‘usurpaciones’ que tanto preocupan al autor – a propósito, qué interesante y necesario sería que dicha preocupación la extendiera a las ‘usurpaciones’ de hecho que algunos cercanos y conocidos gringos del alto valle vienen haciendo de las costas del río y de tierras históricamente pertenecientes a comunidades mapuces-.

Las tensiones políticas

Las disputas políticas son reducidas por el autor a las declaraciones y acciones-omisiones del intendente de Cipolletti y del Gobernador de la pcia. Para sintetizar, mientras que el primero insta al poder judicial a encabezar y legitimar los desalojos forzosos, el segundo con su honestidad brutal sostiene que es inviable – y ¿si fuera viable?- realizar un desalojo donde hay más de 1000 personas. Pero paradójicamente, es este último el que derogó un protocolo de actuaciones ante ocupaciones que en sus pocos meses de vida no fue puesto en práctica íntegramente y que al impedir el desalojo inmediato – recordemos que en 2008 cuando Wereltineck aún era intendente de Cipolletti  envió una Carta a la Legislatura solicitando se modifique el Código Procesal  para posibilitar el desalojo forzoso en las primeras 24 hs.  de la ocupación-  devino en una suerte de herramienta defensiva de los protagonistas de las tomas.

Lo que Wereltineck le recrimina a Baratti es que no sea capaz de desactivar políticamente las tomas, algo que según sus propias palabras sólo puede lograrse en los primeros momentos. Lo que le está diciendo es que la política –esa que ellxs practican- implica operar antes que reprimir, y sólo se reprime cuando no se puede capitalizar políticamente un conflicto.

Y ahí está uno de los problemas que, ni el autor ni Baratti, están dispuestos a reconocer: que los sujetos que toman tierras son sujetos políticos, que tomar una tierra es una acción política, así como concentrar tierras y avalar los negociados inmobiliarios son acciones políticas, ambas son acciones políticas de clases antagónicas. Por eso, las tomas son conflictos políticos complejos –como bien lo reconoce nuestro autor- pero que no pueden anularse por la simple y brutal acción de la represión estatal.  Y tampoco, se solucionan generando en los habitantes carenciados la percepción de que existe la voluntad política de poner fin en un plazo prudencial el grave déficit habitacional. A esta altura cualquier político sabe que no alcanza con generar ‘percepciones’, ni demostrar ‘voluntad política’ y menos aún tratar a sujetos políticos como ‘habitantes carenciados’.

¿Qué -no- hacer?

Al arribar a sus ‘conclusiones provisorias’ el autor sostiene la intervención policial dirigida a provocar el desalojo de las viviendas o tierras usurpadas se puede hacer de un modo prudente y racional, sin necesidad de entrar “a sangre y fuego”  y que un ejemplo  fue el desalojo del Parque Indoamericano en la Capital Federal.  Bueno, al parecer nuestro autor prefiere obviar los innumerables casos de gatillo fácil, de abuso policial, de torturas y maltratos en las cárceles, de complicidad estructural liberando zonas y etcéteras tan cercanos como dolorosos Fuentealba, Ibazeta, Brian Hernández, que nos impiden tajantemente creer en la posibilidad de un accionar prudente y racional de la intervención policial. Y justamente no hay mejor caso de brutalidad e impunidad que la toma del Indoamericano en la que conjuntamente las policías –metropolitana de Macri y federal de Cristina- no solo reprimieron e instigaron el accionar de patotas provocando la muerte de tres personas y varios heridos, sino que además el poder judicial –ese al que deberíamos recurrir para que nos proteja de la supuesta ‘guerra de todos contra todos’-  no solo sobreseyó a los policías implicados, sino que además procesó a dos militantes que participaron de la toma.

Recordemos que a pocos meses del Indoamericano, exactamente el 28 de julio de 2011 la prudencial y racional intervención policial reprimió en Jujuy a centenas de familias que habían tomado hectáreas del Ingenio Ledesma –sí, la misma policía y la misma clase capitalista del apagón bajo la dictadura- provocando la muerte de cuatro personas, varios heridos y decenas de detenidos.

Después de todo, suena bastante racional y prudente la aseveración del juez Gustavo Herrera por la que sostiene que si hay muchas mujeres y mucha gente no están dadas las condiciones de desalojo, y aún más racional y prudente suena la necesidad de dar un debate profundo que escapa a la justicia penal.

Justamente proposiciones como las que sostiene el autor del informe especial son las que obturan ese debate profundo, en la medida que no problematizan las condiciones estructurales de un régimen de propiedad privada capitalista por el que desde hace siglos se desposee de la tierra a lxs trabajadorxs y se posibilita la concentración y acumulación especulativa de lxs pocos y mismos ricos de siempre, esos que apelan al derecho burgués para que los proteja y cuando no les alcanza piden a gritos represión policial.

Si estamos dispuestxs a dar ese debate profundo y, partimos de la necesidad urgente y vital de miles de personas de acceder a un espacio en la ciudad, entonces revisemos juntxs, garantizando una participación real y activa  -no engañosa y selectiva- de los sectores desposeídos-: cuántos somos, cuánta tierra hay, cómo la distribuimos, cómo y dónde podemos y queremos vivir… Ese debate que muchxs sí venimos sosteniendo, es un debate con implicancias estructurales que otrxs tantos saben no tienen que dar. El desafío está planteado.

 

* Docente e investigadora de la UNCo, autora del libro “Ciudad en conflicto. Un análisis crítico de las relaciones en Estado capitalista y tomas  de tierras.”