#AbortoLegalYa: la mirada federal al centro del debate

Por Laura Salomé Canteros / Foto: Vero Ape

María Campos dejó ser anónima. Su imagen resonó en el Congreso para ser bandera de las acalladas junto a “Juana” y a “Belén”. ¿Qué pasa con las mujeres que no acceden a los abortos que son legales hace 100 años? Tres historias por las que urge la despenalización y legalización.  

Las exposiciones de la segunda jornada de reuniones informativas del plenario de comisiones de la Cámara Baja que debate los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo fueron potentes. Y no solo por la importancia de los argumentos en favor de la despenalización y legalización del aborto, sino también porque, en voz de las disertantes, se le puso nombre a las historias de las más vulnerables, de las que pusieron el cuerpo y terminaron muertas, presas o torturadas por la injusticia de un sistema legal que no reconoce a las mujeres populares como seres autónomos.

Mariana Carbajal es periodista de Página/12. En su intervención eligió mencionar a una mujer que murió en Santiago del Estero tras una infección generalizada producto de un aborto inseguro, días antes de la presentación del Proyecto de Ley de IVE de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: María Campos.

“A María Campos la mató la criminalización del aborto. Tenía 6 hijos y no quería tener otro más”, contó la periodista, “Lo que está en juego son nuestras vidas”, “no puedo más que pensar en las 3 mil mujeres que murieron por abortos inseguros desde el comienzo de la democracia. Todas por causas evitables”. E interpeló, “de ustedes depende que no haya mas Marías”, y finalizó mostrando una foto de ella junto a sus hijos. Subjetividad arrasada por la arbitrariedad de una punición que subsiste pero que será subsanada.

Soledad Deza es abogada, tucumana, e integrante de la Campaña… Conocida por haber representado legalmente a “Belén“, la joven que en marzo de 2014 fue condenada y que pasó tres años privada de su libertad tras haber padecido un aborto espontáneo, basó su exposición sobre la necesidad de que en nuestro país no haya más mujeres muertas ni presas por abortar. Un proceso que caracterizó, “opera de manera selectiva” recayendo sobre las más jóvenes y pobres.

“El proceso penal es en sí mismo una pena”, dijo, tomando datos relevados en su provincia, ante las y los diputados convocados a la plenaria de comisiones de la Cámara Baja. “En Tucumán, 534 causas se judicializaron por aborto, el 97% tiene a las mujeres abortantes como imputadas y un 94% de las causas se corresponden con eventos obstétricos adversos (espontáneos)”. Y volvió a ponerle nombre a la historia de criminalización “Belén perdió tres años de su vida en estos procesos que son mas morales que penales”, y volvió a los datos, “solo el 1% de las mujeres resulta sobreseída”. “Es necesario acabar con una figura que nos lleva a la maternidad forzada”, interpeló Deza, “mientras subsista la penalización del aborto vamos a ser ciudadanas de segunda”.

Mónica Menini acompañó de cerca el proceso de tortura y condena -por acción y omisión institucional- del gobierno de la provincia de Salta sobre “Juana“, la niña wichi violentada sexualmente por un banda de violentos en noviembre de 2015. También integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, brindó ante las y los diputados una mirada sensible alrededor del aborto como derecho y que le tocó al momento de ejercer su profesión, la de abogada.

“Como abogada he acompañado a niñas y mujeres”, relató, “hoy estamos hablando de la despenalización, pero también de la legalización (del aborto), que significa que el Estado garantice esa práctica”. Contó a las y los diputados -a quienes dijo que la realidad de Salta solo la ven por TV- el proceso de revictimización y de obstrucción de los derechos de Juana, “legalizar el aborto es necesario para todas las mujeres”. Y cerró, “para las que hablamos castellano pero también para las que hablamos wichi, toba, guaraní”. Y emocionó a todo el auditorio.

 

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