Por Silvio Schachter. Hace más de un mes que las universidades de Brasil están paralizadas por una huelga educativa que une a docentes, estudiantes y trabajadores de las casas de estudio del país.
Desde el 17 de mayo, convocada por los docentes de enseñanza superior nucleados en ANDES, la más importante huelga educativa de los últimos años paraliza la actividad académica de casi 50 universidades en todo Brasil. A los docentes se sumaron los nucleamientos estudiantiles, la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y Asociación Nacional de Estudiantes – Libre (ANEL) y los no docentes de Federación de Sindicatos de Trabajadores de las universidades públicas brasileñas (Fasubra). Luego de dos años de infructuosas negociaciones y el incumplimiento de la propuesta de un aumento de emergencia del 4%, que a finales del año pasado presentó el gobierno, los profesores decidieron esta medida de fuerza “en defensa de la universidad pública, la profesión docente, por un salario digno y mejores condiciones laborales”.
El sueldo inicial básico de un docente universitario con dedicación exclusiva es de 2.390 reales (1.147 dólares). La mayoría de los profesores, incluyendo a los jubilados, tienen un ingreso que se sitúa en un 40% debajo de la inflación, que en los gobiernos de Lula y Dilma Roussef ya es de 57,1%. El reclamo no se limita al desfasaje salarial, sino también abarca la precarización de la enseñanza y las condiciones de trabajo. Este aspecto está directamente relacionado con una expansión de la matricula implementada por Lula, que no fue acompañada de los recursos necesarios. El resultado fue escasez de aulas de clase, que genera hacinamiento de alumnos, y aumento de la carga de trabajo de los docentes. A la falta de profesores se suma el deterioro y en muchos casos, ausencia de instalaciones básicas.
Varias universidades están trabajando en áreas cedidas por los municipios, salas improvisadas, sin instalaciones ni equipos adecuados. Todo esto ha dado lugar a diversos problemas por los que muchos alumnos enfrentan la posibilidad de no graduarse. En una carta abierta a la población, ANDES señala: ”La situación es dramática, el comienzo del año 2012 fue suspendido o retrasado en varios cursos debido a la falta de condiciones, hay instituciones que no tienen profesores, faltan laboratorios y aulas, no hay cafeterías o restaurantes universitarios, incluso falta agua potable y hasta papel higiénico”.
La indiferencia del gobierno ha ido endureciendo la confrontación, que tuvo un momento clave el 5 de junio en Brasilia, donde más de 15 mil trabajadores de la educación superior, junto a estudiantes, marcharon mostrando su indignación ante la intransigencia de la administración de la presidenta Dilma Roussef a escuchar y responder a sus propuestas.
Actualmente el presupuesto para educación es de 5,1%, semejante al de Argentina de 4,9% y superior al de Chile 3,1% y al de Uruguay 2,8%. Si bien las diferencias entre los distintos países no permiten analogías lineales, las movilizaciones del estudiantado chileno y ahora de los brasileños reclamando el 10% para educación, apuntan a una demanda con muchos vasos comunicantes en la problemática educativa en toda el área.
Saliendo del letargo que durante años impuso a la comunidad la gestión del gobernante Partido de los Trabajadores, el actual cuadro de situación produce una nueva dinámica en los debates, asambleas y movilizaciones en las distintas casas de estudio, donde el papel de la universidad pública está puesto en cuestión.
En la base del conflicto se halla la transformación que atraviesa la educación brasileña, un proceso de adaptación a las nuevas necesidades del desarrollo del capitalismo en Brasil, cabeza del modelo neo-desarrollista en la región y país miembro del grupo llamado Brics (Brasil, Rusia, India y China).
La metamorfosis más evidente ha sido la expansión exponencial del sector privado de la enseñanza superior. Existen hoy 2.141 instituciones privados, frente a 257 públicas (federales, estaduales y municipales). El escenario de parcos financiamientos públicos y el aumento de la demanda de escolarización alimenta las tendencias actuales, ampliamente diseminadas, orientadas a fortalecer los mecanismos de la educación superior como mercancía. Como consecuencia de las políticas sectoriales adoptadas por los gobiernos desde los setenta, pero especialmente por las impulsadas después de 1995, Brasil presenta actualmente un sistema de educación superior de los más mercantilizados del mundo: un 73% en matrículas estudiantiles y un 90% en instituciones.
El resultado se puede observar en la intensificación de la funcionalidad económica y utilitarista de la educación superior. Un fenómeno en franco desarrollo en toda América Latina sostiene un proceso que mezcla las categorías público y privado, donde se ha perdido mucho del significado de la educación como bien común y necesariamente de calidad y de valor social.
La estratificación no logra superarse, ya que una cuarta parte de los jóvenes entre 18 y 24 años son tan pobres que no podrían mantenerse en una institución de educación superior, a pesar de ser gratuita. Las carencias económicas son también una de las causas del índice elevado de abandono, cercano al 40%.
Ante el ahogo económico, las instituciones fueron forzadas y estimuladas en una combinación compleja donde prima la lógica costo-beneficio, a buscar recursos alternativos de distintas fuentes y en razón de las leyes del mercado se someten a la racionalidad gerencial. Como señala el Profesor de la Universidad de Sorocaba, Jose Dias Sobrinho: “se pasa de la educación como bien público al capitalismo académico, de la formación humana e integral, a la capacitación técnica y profesional. La competitividad y las nuevas demandas de la industria y del mundo del trabajo impulsan la segmentación del sistema: las diversificaciones y diferenciaciones institucionales posibilitan un abanico más amplio de ofertas ajustadas a las necesidades inmediatas de la economía”.
Ante la crisis internacional, los profesores deben considerarse privilegiados, según palabras del ministro de educación, Aloizio Mercadante. El argumento choca con el reciente anuncio de la presidenta Dilma Roussef, de la construcción de un tren bala que unirá Rio con San Pablo con un costo estimado en 18.000 millones de dólares, el equivalente al total presupuesto anual destinado a la educación superior.