Ajuste a Fondo

Por Mario Hernandez Foto: Diario Crónica

In Memoriam de María Zelaya

El lunes 4 al mediodía, organizaciones sociales se movilizaron solicitando subsidios provinciales de $ 700 (U$S 30) y alimentos para algunos cientos de personas que allí se encontraban. Ricardo Escobar, taxista de 62 años, llegó a la esquina de la movilización y paró a algunos metros del cordón de seguridad. Se acercaron dos manifestantes para explicarle que por ahí no podría pasar, porque había familias movilizadas y niños jugando en el perímetro organizado. El taxista les dijo que eran unos “negros de mierda”, “vayan a trabajar” y algunas groserías más. Un compañero y María Zelaya le explicaron que estaban movilizados como cuando los taxistas se agrupan por sus reclamos. El taxista pisó el acelerador y atropelló a María Zelaya y dos compañeros más. La arrastró 4 metros. Frenó. Ella cayó del capot, perpendicular al auto, quedando tendida en el piso. El taxista aceleró pasándole a lo largo con las ruedas por el cuerpo y la cabeza, hasta desaparecer de la vista de los manifestantes. Dos compañeros lo corrieron en moto y lo detuvieron en un semáforo, hasta entregarlo a la policía que se encontraba en la esquina.

El gobierno de Mauricio Macri y el FMI acordaron un préstamo “Stand-By” de 50.000 millones de dólares, con una duración de tres años, en un claro espaldarazo del organismo a la política macrista y una señal a los mercados. A cambio del préstamo el FMI exigirá el cumplimiento de duras metas fiscales y de inflación: quita de subsidios, recorte de gastos en obras públicas y en salarios estatales (congelamiento de sueldos), achique en las transferencias a las provincias y que se avance con un ajuste en el sistema de la seguridad social.

Esto en un marco de fuerte caída del valor del peso, dólar e inflación en aumento, bajos salarios, recesión, y despidos masivos en el Estado y empresas privadas.

En cuanto a las metas inflacionarias, se acordó: una suba del 17% para 2019, 13% para 2020, y 9% para 2021. Los antecedentes indican que estas metas son de difícil cumplimiento, en una Argentina donde la meta inflacionaria anual para 2018, que el gobierno estimaba era del 15%, estaría cercana al 28 o 30%, de acuerdo a diferentes consultoras privadas.

También se van a tomar medidas tendientes a “fortalecer la autonomía del Banco Central” para lo cual “se enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA”.

En cuanto a la reducción del gasto público: disminución de las metas del déficit fiscal primario (sin tomar en cuenta los pagos de deuda), un 2,7 % del PBI en 2018 (contra 3,2 % de las metas previas); 1,3 % en 2019 (antes era 2,2 %); 0 % en 2020 (contra 1,2 % previo) y superávit de 0,5 % en 2021 (contra 0 de antes). Lo que se omite en estas proyecciones es el aumento del déficit financiero (incluye intereses de la deuda) que varió del 3,9 % en 2015 al 5,5 % del PIB en 2017.

Los recortes al gasto no comenzaron con el anuncio del jueves. En medio de la disparada del dólar Dujovne y Caputo comunicaron la reducción de la meta del déficit fiscal para este año desde 3,2 a 2,7 % del PBI. Esto implicó una disminución de $ 30.000 millones en obra pública.

El afán del Gobierno por reducir el gasto se concentró en recortar los subsidios (tarifazos de los servicios públicos), despidos y salarios a la baja de las y los trabajadores estatales, mientras tuvo una merma en la recaudación por la reforma tributaria pro patronal, y la reducción de las retenciones a las exportaciones que favoreció al agro y a las mineras.

Un informe de Cifra advirtió que entre 2015 y 2017 “el ahorro de U$S 8.000 millones por la quita de subsidios fue compensado con U$S 9.200 millones que, o bien, se pagan a los acreedores, o bien, constituyen una transferencia de ingresos a los exportadores”.

El 1º de junio hubo un nuevo recorte del gasto. Así, el ministro de Hacienda junto a su par de Modernización, Andrés Ibarra, informaron de un “ahorro” de $ 20.000 millones en el Estado. Los funcionarios anunciaron que no habrá ingresos de personal en la Administración Pública durante 24 meses bajo cualquier tipo de modalidad y dejarán sin efecto los convenios por asistencia técnica con universidades nacionales a partir del 31 de diciembre. Bajo esta modalidad se estima que hay 7.000 personas contratadas y que serían desvinculadas a fin de año. También informaron que reducirán en un 30 % las horas extra, comidas y viáticos, un golpe al salario ya que muchos trabajadores estatales por las bajas remuneraciones trabajan más horas.

El veto presidencial al proyecto que limitaba los aumentos de las tarifas demostró que Cambiemos para cumplir las metas del FMI seguirá con la reducción de subsidios y los tarifazos.

El acuerdo incluye una “salvaguarda para ampliación del gasto social equivalente a 0,2 % del PBI”. Esta cláusula implica que pueden ampliar programas sociales. Migajas que acordaron el Fondo y el Gobierno ante la profundización del ajuste.

Para Néstor Pitrola del FIT-PO: “los U$S 55.600 millones de nuevo endeudamiento pactados con el FMI y los otros organismos multilaterales vienen a sostener un endeudamiento todavía mayor, puesto que el Tesoro recomprará las Lebacs en el mismo plazo de la deuda con esos organismos, emitiendo bonos del Estado por otros U$S 44.000 millones que constituyen el stock de Lebacs del Banco Central. Se trata de una escalada de deuda que coloca a la Argentina, si computamos las deudas provinciales, en un rango cercano al 100% de su PBI, en el próximo período.”

“La contrapartida de este colosal plan de endeudamiento y ajuste, es una nueva política devaluatoria hasta que el dólar encuentre su precio, puesto que fue condición del Fondo retirar de la pizarras la oferta de U$S 5.000 millones para dejar flotar el tipo de cambio.”

Por otro lado, continuó Pitrola, “se confirma el ajuste del gasto en $ 200.000 millones en el Presupuesto 2019, pero antes de eso, ya mismo, se libera el 2018 de toda meta inflacionaria lo que constituye una política consciente y deliberada de confiscación salarial vía inflación: pruebas al canto, el Presidente firmó un decreto que fija un techo de dos cuotas del 2,5%, esta vez por escrito, como adicional salarial. Objetivamente, es el fin de paritarias, puesto que se trata de un incremento por decreto, cuyo objetivo es la pérdida de por lo menos diez puntos salariales, respecto de una inflación que estará en el orden del 30%”.

Pitrola concluyó: “El ajustazo se completa con el corte de la obra pública de financiamiento estatal, el congelamiento de los salarios públicos, excluidos del 5% adicional, la reducción de transferencias a las provincias, los nuevos tarifazos de octubre que reflejarán la actual y futuras devaluaciones, la convalidación del robo de la movilidad declarada inconstitucional recientemente y el congelamiento de los planes sociales”.

Pusieron la fecha

Los directivos de la CGT pusieron la fecha al paro general para el próximo 25 de junio.  La conducción cegetista participó de una reunión en Casa Rosada con Nicolás Dujovne y Mario Quintana. En la misma, entregaron un petitorio en el que exigieron una ley que congele los despidos por 6 meses en los sectores público y privado, la reapertura de paritarias “sin ningún tipo de limitación”, que se exima del pago del impuesto a las ganancias el aguinaldo de julio para la cuarta categoría, la devolución “total y urgente” de los fondos correspondientes a las obras sociales sindicales y el “compromiso para que no exista modificación alguna sobre la actual Ley de Contrato de Trabajo”. Sin definiciones, quedaron en volver a verse las caras el martes cuando finalice el “cuarto intermedio”.

Mientras la cúpula de la CGT con mucha resistencia le puso fecha al paro nacional, Hugo Moyano paralizó las rutas ayer, con un paro total de camioneros. En medio del corte de la Autopista Buenos Aires-Cañuelas anunció: “El martes tenemos la audiencia con Fadeaac. Si no tenemos una respuesta que sea favorable al poder adquisitivo del salario de los trabajadores el jueves hacemos un paro nacional. Que nadie diga que no hemos avisado”.

La CTA Autónoma conducida por Pablo Micheli y la CTA de los Trabajadores, de Hugo Yasky, se sumaron al paro y movilización del  14 de junio, convocado por el gremio de Camioneros, con la participación también del gremio docente CTERA, que había convocado a una medida de fuerza con movilización. También estuvieron presentes los movimientos sociales, apoyando activamente la medida con ollas populares y movilización.

En tanto, el sector de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) que responde a Ricardo Peidro y al estatal Hugo Godoy también convocó este jueves a un paro nacional para el 19 de este mes, que incluirá movilizaciones, en rechazo de las políticas económicas oficiales y los topes salariales paritarios.

La Asociación Trabajadores del Estado rechazó la propuesta realizada por el Ministerio de Trabajo de la Nación para la paritaria 2018, que representa un aumento del 3% en julio, un 6% en agosto, y otro 6% en septiembre, más un bono no remunerativo de $ 2.000 a cobrar por única vez en junio, para los empleados públicos que cobren hasta $ 40.000.

“El salario promedio de un trabajador del Estado nacional es de $ 18.000 en mano, cuando una canasta básica mínima esta en el orden de los $ 28.000, por lo cual el aumento del 15% es claramente insuficiente y sigue llevando a la mayoría de los trabajadores del Estado a una situación de pobreza”, advirtió Pablo Spataro, integrante del Consejo Directivo Nacional del sindicato y del equipo paritario.

La cláusula de revisión se fijó para marzo de 2019. Según un comunicado emitido por la UPCN de Andrés Rodríguez, justificó esa cifra a cambio de frenar los despidos por 60 días y el bono extraordinario de $ 2.000 en junio.

Por su parte, los convocantes del Plenario Nacional de Trabajadores, que impulsa el sindicalismo combativo para el próximo 23 en el Microestadio de Lanús, realizaron el viernes al mediodía una conferencia de prensa con fuertes críticas al acuerdo del gobierno con el FMI y también a la CGT, por suspender el anuncio de una medida de fuerza.

Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA anunció la participación con una columna independiente en la convocatoria de la CTA del 14. Marcharon con las banderas del paro activo nacional, por un plan de lucha y contra el plan de guerra de Macri, los gobernadores y el FMI contra la clase obrera.

Finalmente la cúpula de la CGT le puso fecha al paro nacional, con mucha resistencia mientras los demás sectores agremiados se suman con sus propias columnas a las medidas de fuerza y movilización en unidad.