Alberto Castilla: Conozca el primer líder campesino en ser senador en Colombia

Por Vivian Fernandes

Alberto Castilla cumple el segundo mandato sorteando la cooptación y buscando caminos de paz en el país.

El primer líder campesino en llegar al Senado colombiano, Alberto Castilla Salazar tiene postura simple y una gran simpatía. Caminando en los salones del Congreso Nacional o entre los militantes populares, viste las mismas ropas, como el bolso marrón y beige del pueblo indígena Arahuaco. La diferencia es que en el Senado pasa casi indiferente, mientras en los espacios populares es saludado, abrazado y detenido para pequeñas conversaciones.

Nacido en el municipio de Convención, en el departamento del Norte de Santander, en frontera con Venezuela, él fue criado por su madre y sus abuelos. De un pueblo formado principalmente por productores agrícolas y campesinos, el ingreso en el movimiento comunitario a los 14 años, liderando la Junta de Acción Comunal – un comité de autogestión autónoma local reconocido por la ley colombiana.

Una vez acabo el bachillerato comenzó a trabajar como albañil en la construcción civil y después, en la alcaldía del pueblo, donde comienza a estrechar su relación con los campesinos. “Y seguimos construyendo hasta que fui asumiendo la lucha campesina como mi lucha”, cuenta Alberto.

Dentro de su militancia campesina, pasa a integrar el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), que hace parte del Coordinador Nacional Agrario, en el cual llego a los 16 años y fue ocupando diversos puestos hasta ser su dirigente político nacional.

Avanzando algunos años más en la historia, Castilla cuenta que, en 2013, ocurrió un importante Paro Campesino; luego, el paso a ser el representante del CNA en la construcción del Congreso de los Pueblos, organización que articula procesos y movimientos de toda Colombia.

A partir de estos dos espacios, comienza a tomar cuerpo la discusión de una candidatura propia al Senado. “Nosotros veníamos de una distancia, en que no había confianza entre el movimiento social y la representación política. Y, pues, encontraron en mi alguna cualidad, características, que yo podría asumir [ese papel]. Presentamos el nombre y ganamos”, relata, con la simplicidad que lo caracteriza.

Así, en 2014, por primera vez en su historia, el Congreso colombiano tiene campesino como Senador de la República: Alberto Castilla. En su segundo mandato, reelegido en 2018 por el Polo Democrático, el hace parte de los actuales 23 miembros de la Bancada Alternativa para la Paz, de un universo de 108 senadores*.

Aquí entrevista completa:

Alberto, en su primer mandato (2014-2018), ¿Cuáles fueron los principales logros y las dificultades?

Nosotros entendimos que nuestra llegada al Congreso de la República no iba a permitir que nosotros tuviéramos grandes logros legislativos. Pero sí que empezáramos a tener una relación con el movimiento social, no solamente con campesinos, sino también con trabajadores organizados en sindicatos y con otras expresiones del movimiento social.

Y fuimos proponiendo en una relación con el movimiento campesino, fuimos construyendo una reforma constitucional que es la más importante que nosotros hemos enfrentado, que es una reforma que ve el campesinado como sujeto político de derechos.

 

Desde 2014, esa se construyó en un debate local, regional, con universidades, institutos de investigación, todos nos ayudaron y enfrentamos esa reforma. Lógico que la reforma no paso. Pero hoy ¿cuál es la ganancia? La ganancia es que hoy todo el movimiento campesino en Colombia habla de la necesidad de ser campesino. O sea, hace parte de la agenda de lucha del campesinado.

Eso fue en el primer periodo, porque ahorita tenemos el mismo proyecto en discusión.

¿Cómo fue el proceso de aproximar los movimientos populares del legislativo?

Yo creo, te lo digo con mucha humildad, yo creo que el paso mío por el Congreso ha ayudado a resolver un debate en el movimiento campesino y en el movimiento social: el de la representación política. En ese debate servimos de referencia.

La gente creía que elegir un líder al Congreso, se perdían el líder. Lo cooptaba. Yo he demostrado que no se pierde, que mantengo las mismas actitudes, las mismas decisiones. Es lo que yo he querido hacer, o sea un ejercicio parlamentario que le diga al movimiento social y al conjunto de la sociedad que es posible hacer política y no perderse en el camino.

¿Cómo la discusión sobre la conformación de una Asamblea Legislativa Popular desde los movimientos sociales, como la que vimos formarse en octubre, dialoga con esa idea de disputar mandatos legislativos en el Congreso?

El Congreso de los Pueblos cuando nació, como parte de los movimientos, no como esa asamblea, en la cual Congreso de los Pueblos es uno entre otros; pero cuando Congreso de los Pueblos nació, empezó a construir unos mandatos, que equivalen a una legislación, pero popular. El mandato para defender el territorio, mandatos para buscar la participación de la gente en la toma de decisiones. Se decía mandatar para la vida digna. O sea, era una legislación hacia adentro más que todo, como una decisión de nosotros hacer, ordenar el territorio, construir poder popular, hacia nosotros.

Yo creo que cuando se convoca una asamblea legislativa popular se está subiendo por lo menos una retórica distinta, porque se enmarca dentro de lo que existe, una legislación que todo el tiempo se asimila a la institucionalidad gubernamental, del Estado.

Siento que cuando se habla de Asamblea Legislativa Popular realmente hoy se debe estar pensando en cómo esos mandatos que se construyeron se vuelven norma dentro de la institucionalidad del Estado. Y hay que tramitarla. Eso daría para interpretar que hoy sí vemos la necesidad de llegar con nuestras propuestas a la institucionalidad del Estado, porque antes lo que hicimos fue fortalecer nuestra institucionalidad popular. Ahora hay que llegar a la institucional del Estado.

Yo creo que es un salto en la disputa institucional. Desde el movimiento social se está asumiendo el tejer unas relaciones con una representación política, es decir estamos dando un paso hacia la democracia representativa, que tiene una forma distinta de cuando hacemos mandatos para nosotros. Es una democracia directa hablando para una democracia representativa. Creo que sí estamos asumiendo una disputa institucional. Creemos el Estado y sus instituciones que hay que disputarlos para ponerlos al servicio del movimiento social y popular.

Y usted fue reelecto al Senado en las elecciones de 2018. ¿Cuáles las diferencias del escenario político con lo del 2014?

Sí ha cambiado, porque hubo mayor decisión de sectores sociales de aspirar a llegar al Congreso. Y en esa decisión Pues han elegido más, de diferentes partidos, diferentes movimientos políticos. Lograr fortalecerse la presencia en el Senado y en la Cámara de Representantes. Nosotros pasamos a tener hoy 23 senadores de una corriente que puede encontrarse para algunas cosas, no que está unificada en todo, pero que puede encontrarse.

Eso es importante que se haya fortalecido y que se haya configurado no solamente en número mayor de miembros del Senado y de Cámara, sino que entendimos la necesidad de hacer cosas juntos, de actuar juntos.

Es una bancada por la paz que incluye los congresistas del partido FARC, del partido Alianza Verde, del Polo Democrático Alternativo, de la lista de los decentes, que fue una lista que apoyó Colombia Humana – la corriente progresista que impulsó a Petro -, la presencia de los indígenas y mismo Petro. Esa es la configuración de una bancada alternativa, que puede funcionar con 23 para un tema y puede que no sea los 23 para otro tema. Pero por lo menos para tener relaciones con el movimiento social existe una bancada que se está referenciando ya.

Y creo que eso es muy importante porque sigue nutriendo, alimentando la necesidad de que tengamos mayor representación. En la medida que veamos que seguir teniendo lo que hoy tenemos no es suficiente, nos vamos desafiando, poniendo retos mayores, tenemos que ser mayorías en el Congreso. Y lo podemos hacer, y tenemos que buscar hacerlo.

Creo que se está contribuyendo para cambiar la mentalidad que se tenía frente a la representación política.

¿Cuáles son las otras bancadas, las de representación conservadora o de derecha hoy en el Congreso colombiano?

Para la bancada alternativa la disputa mayor es con la ultraderecha presente en el Congreso y que están en el Gobierno, que es el Centro Democrático. Esa es una corriente muy fuerte, pues tiene al presidente de la República. Pero con ellos se han articulado la representación de la Iglesia Cristiana no católica, los evangélicos. Dos corrientes fuertes. Para nosotros la iglesia evangélica es parte del bloque con el que disputamos. Principalmente esos.

Aunque el Centro Democrático quiere ubicarse en el centro de la política, nosotros los siempre ubicamos en la ultraderecha por sus prácticas. Básicamente eso son los sectores más fuertes.

Hay el bloque liberal, donde la confrontación no es mayor. En algunos momentos podemos estar con ellos, pues nuestro enfrentamiento es con la ultraderecha.

¿Cuáles son las principales disputas para ese mandato?

Una es lograr avanzar en la implementación de la paz. Entrando en una discusión sobre qué significa paz, hay una disputa si la paz son derechos, la disputa si la paz es cumplir las insurgencias lo firmado.

Dentro de esa disputa de paz miramos la tenencia de la tierra, el acceso, control de las tierras, el reconocimiento del campesinado, garantías laborales, respeto por los derechos, a la igualdad, a la participación.

¿Y cómo queda el tema de los acuerdos y diálogos de paz?

Así como ellos mismos afirman, las FARC firmaron [el acuerdo] sabiendo que no era lo mejor. Esa es la misma lectura la que tenemos nosotros. Pero lograron acordar una agenda y esa es la agenda que se firmó en un acuerdo. Y lo que está pasando hoy es que el gobierno incumple el acuerdo.

Primero, porqué para el gobierno actual la lectura es que ese acuerdo no lo firmó el Estado, sino el gobierno. Entonces les parece que no compromete a este gobierno, que ellos pueden cambiar, asumir otra negociación, ese es un problema que tiene la implementación. Que no tienen ninguna voluntad de cumplir lo acordado.

Por lo tanto, el incumplimiento cada vez es más alto, porque no hay presupuesto, pero tampoco hay institucionalidad para responder con lo acordado. Y yo creo, haciendo un balance, desde mi lectura, lo concreto que tiene la FARC es la participación en el Congreso y que están tratando de estructurar todo lo demás.

El tema de la reforma rural integral que debería discutirse y que no tiene presupuesto, que no tiene disposición para dotar de tierra el campesinado. La jurisdicción especial de paz, que es como el centro del acuerdo, porque en últimas a un ex guerrillero vos puedes cumplir con un proyecto productivo, que no deben nada para que siga la vida, pero no le puedes mantener la inseguridad de su situación jurídica. Yo creo que hay un problema muy serio que va a poner en riesgo el acuerdo y ese incumplimiento.

Por eso se está dando que algunos miembros de lo que era la guerrilla de las FARC, haciendo una evaluación de ese incumplimiento del gobierno, no crean ahora en el gobierno, y estén tomando decisiones de volver a armarse. Y que vean que su partido no da la fuerza para pelearse lo que acreditaron. Eso, por un lado.

Por el otro, con la mesa de diálogo con el ELN, pues que el gobierno anterior de Santos avanzó. Y este gobierno no reconoce esos avances y empieza como a poner en ceros una agenda que parte por exigir unilateralmente al ELN unas actuaciones, unas condiciones, pues que para el país es un mensaje de retrasar, de demorar muchísimo más. Pero yo creo que para quien está en la mesa buscando una negociación, pues tampoco le da la seguridad de avanzar y le da las dudas sobre lo que se está hablando.

Yo creo que esa es la dificultad de cómo andan los procesos y que el riesgo que tanto la mesa de dialogo con el ELN como el acuerdo con FARC sean un fracaso.

¿Es retroceder con el avance por la paz en Colombia?

Sí, total. Por eso esta bancada tiene que poner como el centro de su acción las necesidades de no volver, sino de construir sobre lo construido, reconocer y ahí echar hacia adelante. Y esa bancada entiende que hay que buscar darle continuidad a la solución política con las insurgencias, pero también buscar condiciones y garantías para el movimiento social. Defender la vida de los líderes y de las lideresas. Ese es el principal camino, desde el movimiento social, buscar la participación.

El hecho que el gobierno tenga hoy la representación de un partido político, de una corriente política en nuestro país, que desconoce todo lo que es la construcción de paz, que va por seguir garantizándole al capital transnacional, le da mejores condiciones, que adecua su actividad, adecúa su institucionalidad para servirle al capital transnacional, que sigue teniendo a los territorios como un lugar para negociar con el capital, desconociendo la existencia de los pueblos.

Esa realidad encuentra hoy una respuesta y es la respuesta de un movimiento social que no ha perdido la capacidad de movilizarse y que entiende hoy la movilización articulada con la representación política que, desde mi punto de vista, le da potencia, le da fuerza. No es un movimiento social luchando solo, sino que ahora también poniendo a su servicio espacios institucionales.

*El senado colombiano hoy está compuesto por 108 parlamentarios. Son elegidos 100 senadores nacionalmente, de los cuales Castilla hace parte, por medio de votaciones nacionales, y no con representación de los estados, como es el caso brasilero. Además de eso, hay dos indígenas electos por la circunscripción espacio donde solo votan indígenas; cinco senadores de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que poseen dos mandatos garantizados como resultado de los Acuerdos de Paz, más Gustavo Petro, que fue candidato presidencial derrotado en la segunda vuelta de la última elección, también una nueva regla en el sistema político del país.