Andate Macri

Por Mario Hernandez

La multitudinaria movilización que tuvo lugar el miércoles pasado en la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires, terminó convertida en un revés político para el Gobierno.

Las miradas superficiales ubican los motivos del enfrentamiento en una pelea personal entre Hugo Moyano y Mauricio Macri que fueron aliados tácitos y tácticos hasta ayer nomás.

Sin embargo, el creciente deterioro de las condiciones de vida de las amplias mayorías fue uno de los motivos de fondo que habilitó el éxito de la movilización, pese a los límites impuestos por los convocantes. Otro, residió en las multitudinarias movilizaciones contra la reforma previsional a fines de diciembre pasado.

El palco montado sobre la 9 de Julio estuvo casi por completo raleado de integrantes del Consejo Directivo de la central sindical y, en cambio, plagado de dirigentes sociales, de las dos CTA y de gremios al margen de la conducción de la CGT como los de la Corriente Federal que orienta el bancario Sergio Palazzo. Aunque la masividad desprestigió a los burócratas aliados del Gobierno.

La política del histórico referente que representa a la tendencia más “vandorista” de la burocracia sindical fue golpear para negociar. Por eso evitó hablar de un paro.

Aislado por la CGT, Hugo Moyano recuperó el miércoles el cetro de sindicalista más influyente del país y se puso al frente de una nueva apuesta, orientada a encolumnar a todo el gremialismo disidente y también, con vistas a 2019, al peronismo opositor al Gobierno nacional, apuntando a recrear al Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) de mediados de los ‘90, cuando se constituyó en eje del gremialismo que rivalizó con Carlos Menem.

No obstante, aquella experiencia tuvo mayor volumen sindical ya que acompañaban a Moyano los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor, entre otras organizaciones de peso, pero la actual presenta la presencia de movimientos sociales como la CTEP.

Otra novedad, que no estaba presente en la experiencia noventista de Moyano, es la aparición de expresiones políticas como La Cámpora y de parte del peronismo bonaerense.

Así planteado el gremialismo se encamina a dividirse en dos expresiones: de un lado, los “gordos” de los grandes sindicatos de servicios y los “independientes” de buen diálogo con el Ejecutivo, que buscarán recuperar para sí la CGT y la habitualidad de la negociación con Macri en tópicos tradicionales como los fondos de las obras sociales. En ese grupo abrevarán necesariamente las oficialistas 62 Organizaciones y el Movimiento de Acción Sindical. Del otro quedarán Moyano, las dos CTA (con aspiraciones de mínima de unificarse, y de máxima de fusionarse con el camionero y sus aliados) y los grupos sociales mayoritarios.

En ese contexto, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, llamó a construir una nueva central sindical que unifique a los movimientos gremiales y sociales “en una sola estructura orgánica” que confronte con las políticas del gobierno.

Por el contrario, para Néstor Pitrola del Partido Obrero: “El discurso del veterano jefe camionero fue defensivo y vacío. Ausente de toda perspectiva de futuro para el conjunto del movimiento obrero, no fijó continuidad alguna, no estableció un programa para enfrentar el ajuste, para defender las luchas contra los despidos o por las paritarias y estuvo muy lejos de denunciar la reforma laboral como el eje ordenador de la ofensiva de Macri, los gobernadores y las patronales”.

De forma independiente de las cúpulas burocráticas de los sindicatos participó una numerosa columna de trabajadores en lucha, la izquierda y el sindicalismo combativo, que había sido votada el pasado sábado 17 en el Encuentro Nacional de Trabajadores en Lucha convocado por la asamblea del Hospital Posadas.

Reclaman los movimientos sociales

Entre las discusiones paritarias que calientan el comienzo del año, tienen su propio capítulo las cooperativas que trabajan para la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba en el marco del convenio de Servidores Urbanos. Los trabajadores exigen un aumento del monto de 5.000 pesos, que perciben mensualmente por sus servicios, y que no se modifica desde hace un año y medio.

Son más de 500 cooperativistas -la mayoría nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)- que trabajan realizando tareas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos, plazas y escuelas, desmalezamiento, transporte de residuos, control y ordenamiento de basurales, entre otras.

Trabajadores cooperativistas que prestan servicio a la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron el lunes hasta las puertas del Ministerio de Espacios Públicos porteño para solicitar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta abrir la discusión paritaria para el sector y la creación de más puestos de trabajo. “La canasta básica familiar en Capital Federal ya superó los $17.000. Los que trabajamos en las cooperativas del Gobierno de la Ciudad cobramos salarios por debajo de la línea de indigencia, y venimos exigiendo una urgente recomposición salarial”, reclamaron en un comunicado. Tras la reunión, se abrió una mesa de trabajo y el Ministerio se comprometió a recibirlos nuevamente en una semana para seguir discutiendo.

Los alrededor de 400.000 beneficiarios de los programas “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen” serán sometidos a una auditoría para evaluar su nivel educativo con el propósito de transformar esos programas en nuevos proyectos de capacitación. Los mismos pasarían a denominarse “Hacemos Futuro” y buscarán cubrir la educación formal obligatoria y la “formación integral”, presumiblemente asociada a capacitaciones en oficios y técnicas.

En los hechos esa transformación implicaría la disolución de las unidades ejecutoras vinculadas a los programas vigentes que están bajo el control de las organizaciones sociales. Las mismas cumplen el papel de administrar las cooperativas de trabajo que integran los beneficiarios de los planes y que realizan diferentes tareas, muchas de ellas a través de cuadrillas que reemplazan al personal municipal bajo convenio. Las unidades ejecutoras administran presupuestos para comprar insumos y herramientas de trabajo y destinan parte de esos fondos para su propio funcionamiento.

Si bien la Ministra Stanley lo desmintió, para las organizaciones se trata de “una respuesta por la participación masiva en la movilización del 21 de febrero” tal como lo señaló Daniel Menéndez, Coordinador Nacional de Barrios de Pie.