“Argentina es el único país que sigue teniendo neuropsiquiátricos” “Argentina es el único país que sigue teniendo neuropsiquiátricos”
Entrevista a Ángel Barraco, Miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental “Argentina es el único país que sigue teniendo neuropsiquiátricos”

Por Mario Hernández

En esta entrevista con Ángel Barraco, Miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental, conversamos sobre la preocupante situación de la venta de psicofármacos y la cantidad de internaciones involuntarias y no controladas y la presión de las corporaciones médicas para no perder sus privilegios.

-En el ámbito de la Salud Mental, hay un alerta acerca de las intenciones del gobierno de Mauricio Macri de modificar la Ley nacional de Salud Mental para trasladar el órgano de revisión de la Ley del Ministerio público de la Defensa al Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación. ¿Cuáles son los motivos que aduce el gobierno nacional para tomar esta decisión que pondría el control en quien debería ser controlado?

A partir de la sanción de la Ley de Salud Mental en el 2010 uno de los grandes aciertos, a mi criterio, fue delinear la creación de un órgano de revisión. Es un organismo independiente que realiza todo un trabajo de seguimiento, relevamiento y fiscalización de lo que es el talón de Aquiles de la Salud mental, que son las internaciones. La Ley persigue un proceso de desmanicomialización en tanto y en cuanto siguen existiendo instituciones, los llamados neuropsiquiátricos donde, aludiendo al Dr. Allen Frances, Argentina es el único país que sigue teniendo este tipo de instituciones.

-Además, un informe sostiene que el 90% de las internaciones son involuntarias. Algo que va en contra de cualquier proceso de desmanicomialización…

Involuntarias y no controladas. Muchas pasan a ser judicializadas con lo que la cuestión se agrava mucho más. Entonces, este órgano de regulación fue creado para que controle tanto en el ámbito público como privado y ahí está la clave.

El órgano de revisión desde su creación hace tres años ha desarrollado una activa tarea e intervino en varios hospitales neuropsiquiátricos, entre ellos el Borda, que generó que el gobierno de la Ciudad fuese a la justicia para tratar de limitar la capacidad de intervención del organismo. También intervino en clínicas privadas, algunas muy renombradas, donde se detectó justamente lo que la Ley apunta que es terminar con las trasgresiones en el término de las internaciones y todo lo que esto genera en detrimento de las personas internadas.

Este órgano está integrado por una Directora que es una ex Jueza de Familia de Mar del Plata, que tiene una sensibilidad poco reconocida en el mundo jurídico, para tratar con temas como éste, la Dra. María Graciela Iglesias. Dejó su ciudad y su puesto como jueza para venir a dirigir este organismo. Venía apoyando de manera muy alabada el mecanismo de control del sistema de internaciones. Al que le molestó desde un principio sobre este órgano de revisión, no fue ni al gobierno macrista ni al anterior, en realidad fue a la corporación médica. Los que están atacando la Ley mediante el intento de modificar la reglamentación, porque como no les da la capacidad política de tumbar la Ley o modificarla, van a lo más directo que es la reglamentación que sí es una actividad propia del Ejecutivo.

La corporación médico psiquiatra presentó hace dos meses ante el Ministro de Salud, un documento de trabajo que apunta a modificar la reglamentación en cuanto a dos cuestiones principales, una es la cuestión de la interdisciplina: lo que le molesta al poder psiquiátrico es haber perdido la hegemonía porque en un equipo interdisciplinario se requieren múltiples saberes. La problemática del padecimiento mental no es solo un problema psiquiátrico y psicológico, sino que está atravesado por todas las cuestiones sociales, culturales y económicas. Desde esta perspectiva, la corporación intenta sacar al órgano de revisión de la Defensoría pública de Nación, que es un mecanismo dentro del ámbito de lo jurídico que le permite tener autonomía ante cualquier presión del poder político y corporativo que está desarrollando el gobierno en el área de Salud y Salud mental.

Este es uno de los ataques, y significaría pegar en la línea de flotación si logran su cometido porque indudablemente lo que pretenden es que no se controle lo que pasa dentro de un manicomio público, como el Borda, el Moyano, el Tobar García.

-En ese sentido, el 22% de las internaciones están relacionadas con menores de edad, ¿qué pasa con ese sector?

Sí. Y es donde hay menos dispositivos. Es una de las grandes falencias el tema de la atención de los chicos y adolescentes. Los que presionaron en realidad, más allá del poder médico que actúa en los hospitales públicos, es el de las clínicas privadas. Por eso la presentación que hicieron al Ministro Lemus fue hecha por la Asociación de Médicos Municipales, acompañados por FEMECA, APSA, la AAP, COMRA, que es la Confederación Médica de la República Argentina; todo el aparato que por supuesto no incluye a todos los médicos ni a todas las psiquiatras.

Esta es una actitud corporativa que defiende intereses que están totalmente asimilados y subordinados a la industria farmacéutica y al negocio de la internación porque se paga mucho. Las clínicas privadas tienen 2, 3, 4 o 5 estrellas de acuerdo a la hotelería, evidentemente implica una inversión no solo para el Estado sino para cualquier familia que necesitara una atención en estas instituciones. Es muy oneroso.

Como se dio este control, se dio de baja en primer lugar la resolución 1484 que establecía los estándares para la habilitación de las instituciones de Salud mental porque ahí se solicitaba que en 160 días las instituciones públicas y privadas debían adecuar sus instalaciones y su funcionamiento en base a lo que establece la Ley. Como vencía el plazo, lograron dar de baja la resolución. Ahora van por el órgano de revisión, como también han desmantelado el Consejo Consultivo Honorario, del que formo parte.

Ayer tuvimos una reunión autoconvocada porque la autoridad no nos convoca. Es un espacio de consulta y discusión de las políticas públicas de Salud mental. O sea que en realidad se está dando todo un ataque a la Ley de Salud Mental, sin tocar la Ley.

-Hay médicos que toman como modelo a Franco Basaglia, el impulsor de la Ley 1180 en Trieste, Italia, según la cual nadie puede ser internado contra su voluntad y con la que los manicomios de ese país fueron condenados a desaparecer. Pero además, se hacía todo un trabajo de reinserción en la vida social, ¿cómo ven esta experiencia?

Es absolutamente cierto. Hace poco viajó un contingente a Canadá. Lo extraordinario es que el centro de Salud mental no tiene una concepción asistencialista. Hace 15 días ATE organizó una jornada para las enfermeras y trajo a tres desde Trieste. Estuvieron unos días y el día final fuimos a La Plata. Lo extraordinario de los centros de Salud Mental es que los dispositivos están a disposición de los ciudadanos, independientemente de la gravedad del padecimiento.

En lo que respecta al trabajo, desarrollaron emprendimientos sociales. Hay una película italiana que se llama “Sí, se puede”, que da a conocer cómo funciona y cómo fueron creados estos emprendimientos sociales donde los pacientes desarrollan trabajo, ganan su dinero y pueden pagar sus viviendas y sus gastos. Lo más interesante es que sale mucho menos dinero del que estamos gastando con los manicomios. Es mucho más humanitario y más económico. Yo siempre dejé de lado la cuestión economicista porque siempre juega en contra, pero acá juega a favor. En la Ciudad de Buenos Aires, para el presupuesto que se acaba de votar para 2017 los 4 hospitales monovalentes se llevan cerca de 2.000 millones de pesos más otros 250 millones para tratar de enmascararlos de polos de neurociencia.

¿Y qué pasa con los psicofármacos? Porque hay 96 millones de dosis vendidas por año en la Argentina…

Son cifras fabulosas y que van en aumento. Lo que pasa es que estamos ante la emergencia del capitalismo en su máxima expresión. Las farmacias ya no son farmacias. Lograron cerrar el círculo. Ellos fabrican los medicamentos, los distribuyen, porque son los dueños de las principales droguerías, que son las que distribuyen a las farmacias, como Farmacity y todas las demás cadenas que han tirado por la borda al farmacéutico del barrio, ése en quién confiábamos. Ese negocio tiende a desaparecer. Y de ahí el control de las recetas, porque hoy sería muy fácil con todo el avance de los programas de computación poder controlar que la receta del anti psicótico o el anti depresivo quede registrada con el nombre del médico, lo que pasa es que lo tienen para poder disponer de esos datos para beneficios propios no para controlar que más del 50% de los psicofármacos se venden sin receta.

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