Por Francisco Longa. Los cacerolazos de las clases altas porteñas fueron minoritarios e incluyeron graves ataques a trabajadores de la TV Pública. Sin embargo, la idea de “protesta violenta” suele asociarse a las luchas populares que son judicializadas, aunque sea difícil encontrar antecedentes de hechos tan graves en piquetes o movilizaciones.
Hacia el año 2000, en pleno gobierno de la Alianza y en medio de un clima de marcada confrontación social y política, al auge del movimiento piquetero lo acompañó una estrategia de fragmentación y demonización orquestada desde el poder: la supuesta división entre piqueteros “blandos” y piqueteros “duros”.
Esta visión fue fomentada desde el gobierno y reproducida en forma funcional por los medios masivos de comunicación. A fuerza de insistencia, lograron instalar en el público en general que los piqueteros duros representaban una amenaza constante para la paz social y la seguridad física de los ciudadanos comunes. Los palos, los rostros cubiertos y las gomas incendiadas no harían más que corroborar los altos grados de violencia que estos grupos promovían.
El miércoles 23 de mayo, cerca de 300 personas se juntaron frente a los tribunales de la capital porteña para reclamar por una “justicia independiente” del poder político, en una protesta promovida por el partido opositor PRO. Allí, fueron agredidos dos periodistas de la TV Pública, trabajadores del programa 678, reconocidamente kirchnerista. Una semana más tarde, el pasado viernes, durante un cacerolazo convocado por sectores acomodados en repudio a “la corrupción del gobierno” y a las recientes medidas cambiarias respecto al dólar, que tuvo repercusión especialmente en barrios de clase alta como Recoleta y Belgrano, también fueron agredidos los trabajadores de la TV pública.
Los hechos muestran que en una semana, en dos protestas de “derecha”, que el mismo diario Clarín asume fueron “protagonizadas por sectores de clases medias y altas”, los manifestantes, en general concebidos desde los medios hegemónicos como los “ciudadanos”, “pacíficos”, y, en suma, la “gente bien”, fueron los principales promotores de acciones colectivas violentas e intolerantes.
La violencia con la que atacaron a los periodistas fue inmediata y desmesurada; quienes presenciaron los hechos coinciden en destacar que apenas aparecieron los periodistas, sin que lleguen a comenzar con su trabajo, fueron agredidos violentamente. Tan así fue que incluso desde sectores del PRO hasta periodistas de medios hegemónicos como Jorge Lanata, se solidarizaron con los trabajadores de la TV Pública y condenaron el hecho.
Ahora bien, hagamos este ejercicio. Intentemos rastrear dentro de la memoria colectiva en cuál de los últimos piquetes protagonizados por los grandes sectores de desocupados, en cuál de las infinidades de marchas de cooperativistas de organizaciones sociales, es decir del movimiento piquetero en general (tanto “duros” como “blandos”, si se quiere), se tiene recuerdo de una agresión, sin mediar palabras, con puños y patadas a alguno de los periodistas que allí se encontraban.
No podemos decir que los medios de comunicación hegemónicos que cotidianamente cubren los piquetes de las clases populares, lo hagan desde un punto de vista comprensivo o benevolente con las demandas populares. Si los sectores de la derecha identifican en el periodismo de 678 a un enemigo, ¿qué les queda a las organizaciones sociales respecto de TN, del Grupo Clarín, de C5N, e incluso de la TV Pública, que cubren los piquetes populares en forma despectiva y demonizante?
Al parecer, los sectores de la derecha pueden echar mano al método de la agresión física sin correr grandes costos políticos ni mediáticos. No es difícil imaginar la cobertura mediática y la repercusión en el imaginario social de la clase media que podría acontecer si en dos piquetes populares consecutivos, militantes de las organizaciones sociales golpearan brutalmente a periodistas de los medios hegemónicos.
La distancia infinita entre Recoleta y una autopista
En los últimos meses se conocieron causas penales a referentes de organizaciones sociales que el 29 de marzo pasado cortaron la autopista 25 de mayo, quienes reclamaban al gobierno nacional ayuda a los emprendimientos cooperativos que el Ministerio de Trabajo dio de baja a fines del año pasado.
Esta actitud que judicializa la protesta, sumada al escándalo que suscitó el Proyecto X, donde el gobierno reconoció el espionaje contra luchadores sindicales y desocupados, presenta un panorama más complejo aún. El gobierno y la sociedad siguen persiguiendo, demonizando y desprestigiando las luchas populares, mientras reproducen un imaginario pacífico que supuestamente acompaña a los reclamos “ciudadanos”.
Todos podemos filosofar acerca de lo que implican diferentes niveles de violencia. Ahora bien, ante los datos de la realidad, el margen de interpretaciones se reduce. La próxima vez que desde los medios en general, o en cualquier charla de café en particular, se presente la duda acerca del carácter violento o pacífico de los reclamos de la derecha “ciudadana”, y más aún, cuando se lo haga en contraposición a la supuesta “violencia” de los movimientos populares, podremos echar mano a la noble savia de los hechos: la derecha no tiene escrúpulos en mostrar su agresividad de clase al más mínimo desacomodo de sus intereses e imaginarios.
Debemos seguir aportando a desnaturalizar los imaginarios sociales que atraviesan nuestra sociedad, acerca de quienes son “duros” y quienes “blandos”. Al mismo tiempo, las señoras de la Recoleta pueden seguir blandiendo cacerolas importadas, mientras sus maridos e hijos golpean a periodistas, sin preocuparse por el proyecto X, ni por las causas judiciales.