Camino al segundo paro migrante

Por Cesar Saravia @Cesar-1908 

Este martes 4 de septiembre Día del Inmigrante en la Argentina, distintas organizaciones, de migrantes y sociales,  aglutinadas en la campaña Migrar No Es Delito convocan al 2º Paro Migrante en la Argentina. El pasado viernes se realizó una Audiencia Pública en el Congreso Nacional donde  expusieron académicos, trabajadoras y trabajadores y referentes de organizaciones sociales frente a las políticas xenófobas impulsadas por el gobierno nacional.

Esta vez, al reclamo que desde hace más de un año se viene realizando contra la derogación definitiva del DNU 70/2017, que modificaba la Ley de Migraciones, en el que ya hubo un antecedente de inconstitucionalidad, se unen los reclamos contra las iniciativas de Ley que buscan generar políticas discriminatorias para migrantes como arancelamiento de salud y educación, el aumento de tarifas a los trámites, las trabas administrativas, además de la persecución policial que sufre principalmente la comunidad senegalesa, la precarización laboral como parte del ajuste y la recientemente  creación de una aplicación de celular para tener un registro de migrantes en situación administrativa irregular.

La movilización, que se espera cuente con una gran convocatoria, partirá desde Tribunales hasta el Congreso Nacional. La campaña impulsa la necesidad de que el Poder Judicial ratifique la inconstitucionalidad del Decreto (DNU 70/2017). Como parte de esta lucha, la distintas colectividades han venido realizando una serie de acciones informativas en los consulados y embajadas, e invitando a la Audiencia Pública que se realizó el pasado viernes 24 de agosto en el Congreso de la Nación.

Durante la Audiencia Pública, dirigida por la diputada Romina del Pla, tomaron la palabra distintas personalidades, diputados y diputadas, estudiantes, especialistas, migrantes, organizaciones de derechos humanos, quienes intervinieron alrededor de cuatro ejes: salud, educación, trabajo/sindical y DNU. Durante las intervenciones se hizo hincapié en la denuncia contra la política xenófoba y de persecución que realiza el gobierno nacional y que se refleja de forma explícita en las declaraciones de sus funcionarios.

Entre las ponentes estuvo Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), una de las organizaciones que presentó el amparo contra el DNU por su carácter inconstitucional. En su intervención, Lucía explicó la situación actual del Decreto,  luego de que el gobierno presentara un recurso extraordinario federal, con lo que la sentencia de la Cámara queda anulada hasta que la Corte no resuelva sobre esta situación. Es decir, en términos prácticos, el Decreto sigue vigente. Más allá de la situación legal. Además, destacó el carácter disciplinador del DNU y las distintas medidas administrativas que empujan a los y las migrantes a una situación irregular.

Por su parte, Pablo Ceriani, director de la especialización Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, quien hizo especial énfasis en la lógica de control social que  encierran acciones como la aplicación de teléfono que busca informar a funcionarios de gobierno sobre la situación migratoria, y la equiparó con el espíritu de la Ley 22.439, que operó durante la última dictadura cívico militar, conocida como la Ley Videla, y cuyo objetivo era la expulsión de inmigrantes.

Otra de las intervenciones fue la de Zulema Montero, abogada de la asociación Yanapakuna, quien fue parte del movimiento de Migrantes Organizadxs que impulsó la Ley 25.871,  que es la que fue modificada con el DNU. Montero contó una serie de casos como cobros indebidos, familias que se están disgregando a partir de las expulsiones, restricciones en materia de salud y educación, e hizo un llamado a la unidad de las organizaciones migrantes para frenar este retroceso en materia de derechos.

En el eje de educación, Natalia Gavazzo, antropóloga e investigadora del CONICET, cuestionó, mediante datos recopilados a través de investigaciones, el argumento que se repite sobre el abuso de los y las migrantes de los servicios de salud y educación. La investigadora explicó que el problema no es el porcentaje de migrantes, que a principios del siglo XX era del 30% y que ahora apenas supera el 4% de la población, sino que lo que más molesta a una élite arraigada,  a una ideología eurocéntrica,  es que “el 70% sea de origen latinoamericano”. Finalmente, alertó sobre la falta de herramientas con las que cuentan las y los docentes para tratar temáticas de interculturalidad en las aulas del sistema educativo y recordó que la presencia de estudiantes extranjeros le da prestigio internacional a las universidades argentinas, contrariamente a los discursos que promueven desde los medios hegemónicos en relación a que estos estudiantes serían únicamente un costo.

Delia Colque, trabajadora textil, integrante de la cooperativa Juana Vilca y del Bloque de Trabajadorxs Migrantes, contó las problemáticas que enfrentan las mujeres migrantes que se dedican al rubro textil y las dificultades para avanzar en propuestas cooperativas. Entre estas problemáticas se encuentran los despidos y las dinámicas de abusos y sobreexplotación en las fábricas, las amenazas de cierre en la cooperativa,  si   contratan personas sin documento y la negación de los aportes de las y los migrantes a la economía. La trabajadora cerró su intervención haciendo un llamado a acompañar el Paro Migrante este 4 de septiembre.

La sesión continuó con otras intervenciones como la de Sandra Carreño, del FPDS Ezeiza, quien hizo un llamado a reconocer el aporte de los y las migrantes y retomó la propuesta, planteada el año pasado por Evo Morales, en favor de avanzar hacia la conquista de una ciudadanía universal.

El último segmento de la Audiencia estuvo destinado a contar casos emblemáticos de violencia contra migrantes. Entre estos casos, se encuentra el de Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), quien acusó al gobierno de una ola de ataques xenófobos, machistas y racistas que sufrió en redes sociales luego de participar en la Marcha Federal por Pan y Trabajo. Frente a los ataques, Dina se encargó de dejar claro que “las mujeres pobres y migrantes no nos callamos más”.  En la audiencia también se hizo presente Patricia Ramos, del FOB, traductora de Reina Maraz, mujer quechua parlante que estuvo detenida acusada injustamente de haber asesinado a su esposo. El caso de Reina Maraz fue un caso simbólico en la lucha del movimiento feminista contra la justicia patriarcal y colonial, y que tuvo como desenlace su liberación en 2016.

Durante la jornada, más de 20 personas expresaron su opinión en relación a la política xenófoba del gobierno, desde distintas perspectivas y experiencias. El punto en común fue claro, la necesidad de avanzar en unidad y dar la mayor fuerza posible al segundo Paro Migrante en Argentina. Finalizada la Audiencia, las organizaciones (más de 40) que integran la Campaña Migrar No Es Delito hicieron un llamado a movilizar el 4 de septiembre, en un acontecimiento que promete ser un hito en la resistencia migrante en Argentina, y por qué no decirlo, en el mundo.