Carballido Calatayud, la fiscal que violenta a las mujeres

Por Redacción Marcha/ Foto por Nadia Sur

Carolina Carballido Calatayud es fiscal al frente de la Unidad descentralizada especializada en Violencia de Género del departamento judicial de San Isidro y acaba de acusar nuevamente a una joven de “abandono de persona” ante el femicidio vinculado de su bebé a manos de un varón violento en Pilar. Sobre la responsabilidad institucional en el mecanismo de selección y seguimiento de las y los fiscales designados en las Unidades especializadas en la provincia de Buenos Aires y porqué cuando las prácticas machistas las comete una operadora judicial, es violencia institucional.

 

Si éste fuera un relato de ficción, bien podría tratarse de la secuela de la película “La fiscal de género que violentaba a las mujeres”. Pero no. Carolina Carballido Calatayud es la misma que dijo que Yanina González “desoyó su obligación de madre”, tratando de justificar los casi dos años en que la joven pasó privada de su libertad en la Unidad de Los Hornos, señalada judicialmente y criminalizada socialmente producto de su abuso de autoridad, su machismo y privilegio de clase. Es la misma que mantuvo sin acusación a un violento y presunto femicida y que en una audiencia se lamentó porque la prensa no estuviera “regulada”. La misma que vuelve a acusar a una mujer violentada de “abandono de persona” ante el asesinato de su bebé a golpes por su pareja.

El 10 de junio, en Villa Astolfi, un barrio más del conurbano bonaerense, Milagros Benítez de un año y once meses, fue asesinada, presuntamente a patadas, por su padrastro Luis Alonzo luego de haber sido violentada sexualmente. Al llegar a su hogar, Celina notó que su hija se encontraba con los signos vitales débiles y la llevó al Hospital Materno Infantil Comodoro Hugo Meisner, de Derqui. Desde el viernes pasado, se encuentra detenida bajo la figura de “abandono de persona” a pesar de que el hecho delictivo aconteció mientras estaba trabajando. Alonzo, detenido por “homicidio y abuso sexual agravado” se habría suicidado en su celda, por lo que Celina es hoy la única acusada.

Hace tres meses, Yanina González era liberada luego de haber sido acusada también por abandono de persona de su hija Lulú, asesinada en manos de Alejandro Fernández su pareja, quien aún se encuentra en libertad. ¿Coincidencia? No, la operadora judicial que intervino en la causa de Yanina es la misma que tomó el caso de Celina, Carolina Carballido Calatayud, al frente de la Unidad Fiscal Descentralizada Especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de San Isidro. Nuevamente un accionar nefasto que revictimiza y violenta desde las instituciones a una mujer joven, pobre y madre.

Un caso que podría ser tipificado como femicidio vinculado

Los femicidios vinculados son aquellas acciones del femicida o varón violento para consumar su fin, que es matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce y pretende extender su dominación. Se trata de personas con vínculo afectivo con la mujer, a quien considera de su propiedad, y en general son sus hijos o hijas.

A través de un comunicado denominado “¿Abandono de persona o femicidio vinculado? Carolina Carballido Calatayud: figurita repetida contra las mujeres”, la Coordinadora Feminista Antirrepresiva, integrada por activistas y diversas colectivas, expresó que “la beba tenía huellas de abuso sexual, lesiones en sus genitales, un hematoma en el ojo izquierdo, moretones en todo el cuerpo, mordeduras y quemaduras de cigarrillos”. Relató que Alonzo fue detenido por la jefatura departamental de Pilar y tres días después apareció presuntamente ahorcado en su celda en la localidad bonaerense de San Martín. Entretanto, Celina Benítez, su madre de 22 años, “fue trasladada a La Plata”.

En este marco de omisión de figuras e interpretaciones penales que la reciente legislación nacional adoptó en materia de género, diversidad y Derechos Humanos, la figura de “abandono de persona” que recae sobre Celina, quien relató ante los medios haber sido víctima de las violencias de Alonzo, es para la Coordinadora, un “eufemismo” con él que algunas operadoras de justicia “avalan los discursos que naturalizan y esconden el machismo” y “una operación que convierte a víctimas de violencia de género en victimarias por exponer a sus hijos/as al peligro de vivir con el agresor”.

Desde la Coordinadora sostienen que “este no es un caso aislado”, ya que “fiscales, jueces y fuerzas de seguridad siguen negando la violencia estructural de género, de clase y el resultado es la criminalización de las mujeres, por negligencia, por complicidad, por ´malas madres´”. Denuncian además que se encuentran “con muchos casos de femicidios vinculados” y que por tanto, “el Estado incumple su obligación de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres”.

La responsabilidad institucional

En abril pasado, la Comisión por la Libertad de Yanina González junto a organizaciones de la sociedad civil, hicieron llegar a la Procuradora General de la provincia de Buenos Aires, María Carmen Falbo, el pedido de información y respuestas en relación a las Fiscalías Especializadas en Violencia de Género y cómo se implementa la designación de las/os fiscales frente a ellas; ya que fue Falbo quien instruyó a las y los fiscales generales a conformar fiscalías temáticas, unidades o secretarías especializadas en la investigación de este tipo de delitos y/o vulneraciones de derechos.

“No hay ninguna regulación que determine qué personas pueden ocupar esos lugares, que especifique qué capacitación necesitan ni tampoco algún seguimiento a su desempeño”, declaró a Marcha Rosario Castelli, integrante de la Comisión.

La exigencia, que aún no tuvo respuestas de la Procuradora, se elevó pasado un mes del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro que absolvió a Yanina González, joven que estuvo casi dos años presa y que fue acusada por “abandono de persona” luego del femicidio vinculado de su bebé en manos de su ex pareja Alejandro Fernández, y el análisis de la actuación de la operadora judicial que la acusó, paradojalmente al frente de la Unidad Fiscal Descentralizada Especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de San Isidro, Carolina Carballido Calatayud.

“Son modos ´como si´ de la justicia, que terminan siendo peor que si no se hiciera nada, porque las personas que se supone que desde el Estado deben garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, las vuelven a revictimizar, criminalizar y reproducen los estereotipos patriarcales intactos”, determinó Castelli.

El pedido de información pretendió avanzar en, si existen procedimientos y/o mecanismos destinados a garantizar la idoneidad y experiencia en violencia de género quienes se designa como encargadas/os de las Fiscalías especializadas en Violencia de Género en la provincia de Buenos Aires; el conocimiento de cuántas fiscalías especializadas existen en la provincia, en qué departamentos judiciales operan y quiénes son sus fiscales; que se explicite qué presupuesto se designa a estas Fiscalías y qué porcentaje representa para el total de recursos de la Procuración; y que se informe los antecedentes para nombrar a la totalidad de las y los fiscales frente a una Fiscalía Especializada en Género.

 

“La historia de la que son víctimas Celina Benítez y su hija Milagros pone en evidencia que las mujeres no pueden romper por sí solas el círculo de la violencia. Se necesita la asistencia del Estado, las tramas de afecto sostenibles y el activismo político fuerte acompañándolas”, argumenta desde el comunicado, la Coordinadora Feminista Antirrepresiva.

Si bien pareciera que la película nos muestra una secuela, la realidad está dando cuenta de un accionar sistemático y direccionado y de una herramienta personificada de control social puesta en acción para mantener y legitimar una estructura de poderes basada en la asimetría y la desigualdad: la violencia institucional y la criminalización de las mujeres jóvenes y pobres.