Carolina Gaillard: “Somos responsables de las muertes por aborto”

Por Irupé López / Foto por Gala Abramovich

La legisladora por Entre Ríos, por el bloque del Frente para la Victoria (FpV ), en entrevista con Marcha expone las razones por las que considera que el aborto debe ser depenalizado y legalizado. Es categórica: “La mujer que quiere interrumpir su embrarazo lo hará, sea legal o no”. Señala que, en tanto no haya una normativa que regule esta práctica, el Estado y los mismos legisladorxs son responsables de las muertes por abortos clandestinos.

“Somos muy hipócritas si decimos que los abortos no existen o si obligamos a una mujer a seguir con un embarazo que no desea”. La diputada por el FpV Carolina Gaillard es la segunda firmante del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado en el Congreso Nacional el pasado 30 de junio. En entrevista con Marcha, la legisladora se expresó de manera contundente y, por momentos, en tono de denuncia esgrimió las razones por las que considera que la iniciativa debe plasmarse en el espíritu de una ley: se trata de una cuestión tan básica como “garantizar el acceso a la salud” sobre todo a las mujeres pobres, es que “son ellas, las más humildes las que mueren, son penalizadas o detenidas”, apuntó.

Esta fue la sexta vez que se presentó el Proyecto de Ley elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito que cuenta con el aval de más de 350 organizaciones sociales, gremiales y políticas y las firmas de 34 diputadas y diputados pertenecientes a la mayoría de los bloques político parlamentarios como el FpV, la Unión Cívica Radical, Libres del Sur, Partido Socialista, PRO, Unión por una Nueva Alternativa y el Frente de Izquierda de los Trabajadores, entre otros.

En esta letra, se impulsa la despenalización y legalización del aborto en Argentina, en consonancia con el ejercicio del derecho a la salud de las mujeres y en cumplimiento de pactos, convenciones y organizaciones internacionales y regionales de Derechos Humanos. Pero, también, se asienta en datos duros y crudos: son 500 mil las mujeres que abortan por año, 80 mil las que deben ser hospitalizadas por sufrir complicaciones y es la principal causa de muerte de mujeres gestantes en el país, según estimaciones oficiales.

Durante la conversación, Gaillard, asumió que el debate parlamentario será “difícil”. Por eso, insistió en señalar las obligaciones del Estado ante una práctica que existe. En esa línea, hizo especial hincapié en el rol que les compete a las y los legisladores nacionales frente a esta situación. “Somos responsables de las muertes por aborto”, sentencia. La estrategia para que la discusión no se contamine de amarillo papal y de puntos de vista moralistas, entonces, según su postura, debe caminar por esa tangente. También, avisó que en caso de que el llamado al debate se extienda, ella se pondrá al frente a partir de septiembre.

-¿Qué implicancias tendría sobre la vida cotidiana de las mujeres la despenalización y legalización del aborto?

En primer lugar, evitaríamos la clandestinidad a la que hoy son arrojadas miles de mujeres. La penalización genera que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo teman ser detenidas si van a un hospital público, entonces, se recluyen en sus hogares y no reciben los cuidados necesarios, eso trae aparejadas consecuencias para la salud que a veces son de por vida y en muchos otros casos, las mujeres directamente perecen. Esto sucede con las más humildes, las que no tienen recursos, porque quien cuenta con recursos económicos va a una clínica y no tiene ningún problema. La importancia de este proyecto radica en que las mujeres puedan acceder a un centro de salud y que se evite la criminalización.

Desde esa perspectiva, entiendo, va a cambiarle la vida a las mujeres porque de ahora en más tendrán los cuidados correspondientes: es el Estado el que debe brindarle el asesoramiento y la contención necesarias. Y, al contrario de lo que muchos estiman, no va a haber más abortos porque sea legal. Lo que sí va a haber es menos muertes de mujeres, eso es lo importante. En ese sentido, tengo la percepción de que como legisladores y legisladoras estamos siendo responsables por omisión de las muertes por abortos.

-Eso mismo planteó en la presentación de la iniciativa, ¿por qué considera que es así?

Porque estamos omitiendo legislar acerca de un asunto que es un tema concreto, un problema de salud que tienen las mujeres y no estamos legislando para legalizar una situación que ocurre. Las mujeres abortan y por abortar se mueren. Si el Estado estuviera presente y las y los legisladores trabajaran para, por lo menos, quitar la penalización, no estarían yendo a lugares clandestinos. Estarían yendo al hospital público.

Como legisladores, tenemos una responsabilidad. Al no tratar este tema somos responsables por omisión, ya que por esta razón las mujeres terminan quedando expuestas a un sistema de lugares que no tienen las condiciones optimas para realizar este tipo de prácticas y lo cierto es que la mujer que quiere abortar, lo hará, sea o no legal. La diferencia es que no se va a morir.

-En ese sentido, ¿qué consecuencias considera que genera a nivel social el hecho de no contar con un marco regulatorio?

Lo que más me preocupa es que hoy en día el aborto que es legal -en los tres casos establecidos por el Código Penal: por violación, cuando esté en riesgo la vida de la mujer o del feto o cuando se tratare de una mujer idiota o demente- tampoco está siendo aplicado como corresponde, como estableció la Corte Suprema en el fallo FAL, donde se determinó que la Justicia no debe intervenir, sino que directamente deben hacerlo el centro de salud o el hospital público.

Hay mucha resistencia para llevar adelante esta práctica y muchas veces se les da esa información a los medios de comunicación y después se le da intervención a la Justicia, que acaba por dilatar los tiempos. En esos casos se falta a la confidencialidad, tal como sucedió en mi pueblo -y en otras tantas ocasiones- donde una chica de 16 años que quedó embarazada tras una violación quiso acceder a este derecho.

Ahora, todo el mundo sabe y es estigmatizada constantemente. Hay un morbo, hay una cuestión cultural no resuelta. Lo que se logrará legalizando es, también, evitar estas consecuencias desagradables que tienen para la vida de las mujeres ante su círculo cercano y ante el resto de la población.

-Justamente el nuevo proyecto apunta a sortear este obstáculo al proponer que no se de lugar a la objeción de conciencia de los médicos para este tipo de situaciones…

Sí, aquí se aporta una solución para las y los profesionales que temen se les realicen juicios por mala práxis o por incurrir en algún tipo de responsabilidad por realizar esta práctica, ya que ellxs por ahora también son condenados por el Código Penal. Lo que me dicen muchos médicos es que la ley actual no es clara, por lo que no saben bien cómo proceder y alegan no contar con una cobertura a nivel jurídico. Puede ser una excusa o no. Lo que digo es que mientras la legislación no sea clara y no hagamos explícito el aborto, los médicos ejercerán cierta resistencia. Creo que este punto de la ley es clave para que actúen con tranquilidad sabiendo que no corren ningún tipo de peligro.

-¿Y cómo cree que debe darse la discusión para que avance y tenga efectivo tratamiento? Ya se conoce el recorrido parlamentario que hará el proyecto: Legislación General, Legislación Penal, luego, Familia y Acción Social y Pública.

Creo que es un tema delicado, muy sensible para la sociedad. Pero somos muy hipócritas si decimos que los abortos no existen o si obligamos a las mujeres a continuar con un embarazo que no desean, porque las exponemos a una situación que es terrible para ellas. En ese sentido, lo que nos parece es que hay que dar un debate serio, se deben respetar las distintas posiciones. El tema es que aquí se atraviesan cuestiones no políticas sino morales, religiosas o éticas, eso hace que los bloques no tengan una posición unánime al respecto.

Me parece que hay que empezar a tratarlo en comisión, llamar a especialistas, académicos, investigadores y también a las organizaciones, que han sido las que motorizaron el proyecto. Creo que escuchar a todas las voces es la mejor manera, tal como sucedió con el matrimonio igualitario. No podemos dejar de atender esta situación, las mujeres se mueren y todos los días las hay internadas por abortos mal realizados, para evitarlo tenemos que comenzar el debate lo antes posible.

-¿Cuáles serán los pasos en caso de que la comisión del Legislación General no convoque? ¿Y qué evaluación hace sobre las posibilidades que existen dentro del Congreso para que sea aprobado?

Si desde la comisión cabecera, que preside Daniel Lipovetzky, no se convoca me pondré al frente para comenzar el debate en septiembre con reuniones informativas. En tanto, el debate, lo veo difícil. Porque la Iglesia está en contra y es una institución que ejerce mucho peso en nuestra sociedad, en la escuela, en la familia y demás. Además se han montado una serie de prejuicios respecto del tema. El abordaje debe hacerse desde el punto de vista de la salud pública, porque me parece que la situación que atravesamos y enfrentamos las mujeres es grave. Desde ese plano es que me parece que no podemos permitir que las mujeres pobres terminen con sus vidas porque el Estado omite legislar. O que las penalice y las persiga en lugar de recibirlas en un centro de salud y en los hospitales para atenderlas y acompañarlas. Es una situación traumática, compleja, por eso, hay que tomarla con esa seriedad.

-En la marcha por #NiUnaMenos -que fue multitudinaria entre organizaciones y gente suelta-, la Campaña por el Derecho al Aborto tuvo un lugar predominante, de ese modo se denunció que el Estado ejerce violencia por no garantizar este derecho…

Así es. Eso lo dice el protocolo de la Cedaw (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer), que se firmó en 2010. Ahí se establece que en Argentina se ejerce violencia contra la mujer por no estar legalizado el aborto. Claramente, es violencia, es violento hacia la mujer. Y es violencia institucional.

-Esto quiere decir que la Argentina incurre en la violación de normativas a nivel internacional…

Claro, entre ellas, está la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo – El Cairo, de 1994, y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, en ambas se establece el derecho humano a la interrupción del embarazo y determina que los Estados tienen la obligación de brindar las condiciones para que esto se lleve a cabo. A partir de estas conferencias y en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio también se encuentra esta normativa. Por eso, es que hubo tanta resistencia en nuestro país para aprobar el documento de la Cedaw. Ahora, pese a que ya cuenta con jerarquía constitucional, este punto aún no está resuelto.

-Usted se asumió como responsable por las mujeres muertas por abortos clandestinos y dijo que “no hay que ser hipócritas”, porque no hay que ocultar lo que significa la penalización de la interrupción del embarazo en el país, desde lo personal, ¿por qué elige manifestarse públicamente por este derecho?

Porque siento que es una injusticia que el aborto sea ilegal. Siento en mi cuerpo cada vez que conozco de algún caso de una mujer que aborta en un lugar que no tiene las condiciones y luego tiene que ser hospitalizada. Conozco casos de mujeres que han muerto y que han dejado tres o cuatro hjijos sin mamá. Y estoy totalmente convencida de que esto es una causa justa independientemente de si esto da un rédito político o no.

Trato, en general, de llevar adelante lo que mi convicción y mi corazón me indican qué es lo correcto. Me parece que una tiene que tratar de hacer justicia y defender a los que no tienen voz. Acá, creo que las más afectadas son las mujeres más vulnerables, las que no tienen otra alternativa que hacerse un aborto con una aguja de tejer o en condiciones que la desesperación las lleva a lugares que van a terminar con su vida y, ahí, me parece que el Estado tiene que estar.

 

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