Carta abierta a las y los legisladores: por favor, sin agrotóxicos y por la vida Carta abierta a las y los legisladores: por favor, sin agrotóxicos y por la vida
La motoriza el colectivo Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto Carta abierta a las y los legisladores: por favor, sin agrotóxicos y por la vida

Por Vivian Palmbaum @vivi_pal

Ante las leyes en nuestro país que avalan el uso de agrotóxicos y la ausencia de debate en el senado, el colectivo Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, junto a numerosas organizaciones elevaron una Carta abierta a las y los legisladores para que no legislen “a conveniencia de los negocios de las corporaciones de la agroindustria”.

Este martes debía tratarse en el Senado Nacional, en reunión plenaria de distintas comisiones, la “Ley Basterra”, que regula la elaboración, registro, comercialización y control de productos (mal llamados) fitosanitarios y lo pone en manos del SENASA. Además, se hubiera tratado el proyecto del senador Solanas sobre el control de la aplicación de agroquímicos. Pocas horas antes de concretarse, se suspendió el debate, que prometía ser intenso. Extraoficialmente circuló que el pedido fue formulado por el senador Alfredo De Angelli, que hace pocos días abogó a favor del trabajo infantil. Hoy el mundo de las corporaciones ligadas al agronegocio celebra la designación al frente del Ministerio de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, al presidente de la Sociedad Rural Argentina, en un país que parece cada vez más atendido por sus propios dueños. Las iniciativas colectivas aparecen hoy como la más férrea y efectiva oposición.

En general, poco nos enteramos de lo que ocurre en el Congreso Nacional. Sin embargo, las organizaciones o colectivos le dan estado público al tratamiento de proyectos que vulneran derechos que afectan a la vida. Tal es el caso de la “Carta Abierta a Diputados/as y Senadores/as de la Nación” que impulsó el colectivo Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, y que contó con la inmediata firma de una enorme cantidad de organizaciones y numerosas adhesiones que apelan a las y los legisladores que “han sido elegidos/as para velar por el bienestar y resguardo de la población y no para legislar a conveniencia de los negocios de las corporaciones de la agroindustria”.

La letra de la Carta abierta

En la misiva dirigida a las y los legisladores nacionales se explicitan las intenciones y la necesidad de protección que tiene la vida misma, frente al masivo envenenamiento que viene sufriendo la población del país, que encabeza el ranking mundial en la utilización de agrotóxicos. Esta ley es parte de un paquete de leyes que intenta regular el mercado del veneno para beneficio de las corporaciones que las comercializan y de los grandes productores (dentro de los cuales se encontraría el flamante Ministro de Agricultura) y que atentan contra la supervivencia.

“Es para nosotros y nosotras indispensable que quienes se sentarán a debatir estos proyectos sepan que ya no estamos hablando de respetar el principio precautorio, sino de la necesidad de remediar el daño ambiental y sanitario en el territorio nacional, probado de manera irrefutable por la avasallante evidencia científica, tanto mundial como nacional, por parte de organismos de estado, universidades nacionales y equipos independientes. Ésta evidencia nos muestra que no existe una manera responsable de liberar venenos en el medio ambiente puesto que se detectan cantidades alarmantes de éstos hasta miles de kilómetros de la fuente de emisión. Este proyecto de ley intenta arraigar un sistema agrícola que ya demostró ser obsoleto tecnológicamente, poco eficiente y sumamente contaminante”.

En la Carta Abierta además se expresa que “entre los sectores consultados no se encuentran los habitantes afectados por la agricultura industrial, que depende del uso de estos agrotóxicos, y alertan sobre las consecuencias del modelo tóxico industrial: desempleo, mala alimentación, deterioro de las economías regionales, concentra las tierras y recursos, reprimariza de la economía, genera perdida de la biodiversidad, destruye el ambiente en general y los ecosistemas, acarrea perdida de fertilidad de los suelos y es causa principal de las inundaciones que van en aumento año a año desde la ampliación del modelo agroindustrial. No podemos dejar de mencionar el cambio detectado en morbilidad y mortalidad relevados en las poblaciones afectadas directamente por las pulverizaciones, hasta cuatro veces mayor incidencia en diferentes trastornos y enfermedades a la media nacional”.

Al mismo tiempo que el Parlamento Europeo acaba de apoyar, en los últimos días de octubre de 2017, la prohibición total de los herbicidas a base de glifosato a partir de diciembre de 2022 y rechazó la propuesta de la Comisión Europea de renovar la licencia de uso del controvertido herbicida 10 años más, en Argentina se impulsa una legislación contraria. Al parecer, la vida merece otras consideraciones en otras regiones.

Lo colectivo es necesario

La carta fue compartida por un amplio espectro de organizaciones de distinto tipo y localización. Los testimonios y trabajos que se vienen llevando adelante en los pueblos, a través de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (una de las organizaciones firmantes) lo demostró, al igual que el trabajo pionero del Dr. Andrés Carrasco, que se llevó su vida en medio del esfuerzo denodado para luchar en soledad como un Quijote, contra gobiernos y corporaciones.

Son numerosos los estudios que lo prueban. La publicación científica del Estudio de Salud Ambiental de Monte Maíz demostró evidencias de asociación entre el cáncer y la exposición ambiental al glifosato. Esta información científica sobre los daños a la salud del actual modelo de agricultura tóxica mereció que sus autores fueran perseguidos por las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, vinculadas al agronegocio. La Red de Comunidades y Municipios que fomentan la Agroecología, Renama, es otra de las tantas iniciativas colectivas que demuestra que la agroecología es sustentable y produce excelentes rendimientos. Esto también demuestra que el paradigma que se busca imponer solo favorece a los negocios de las corporaciones.

Las organizaciones firmantes además manifiestan que “este proyecto de ley busca barrer con las medidas de resguardo que supieron conquistar en distintas provincias y localidades, respecto de las prohibiciones de diferentes principios activos. Este proyecto se basa en datos sesgados, presentados por las mismas cámaras empresariales que sólo buscan aumentar sus ganancias y continuar externalizando costos”.

SENASA y los fitosanitarios

Otro eslabón de esta cadena de complicidades parece recaer en la Secretaría Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. El SENASA aparece como el organismo encargado de ejercer el contralor, evaluación y registro del uso de los productos mal llamados fitosanitarios.

Por eso en la Carta Abierta, se afirma: “En lo que respecta a los procedimientos de evaluación y registro, denunciamos la actuación indolente del SENASA en lo que respecta a los criterios de observación, la dosis letal 50% (DL50), y datos sobre intoxicaciones agudas a muy corto plazo (3 meses), es un mero artilugio retorico. Ante ello exigimos que las evaluaciones sobre riesgo y peligro sean realizadas sobre los principios activos, los diferentes formulados y las potenciales sinergias, tomando en cuenta los efectos agudos y crónicos, evaluando efectos subletales a mediano, largo y muy largo plazo (estudios multigeneracionales)”.

Además se suma otra situación sobre el SENASA como ejecutor de políticas públicas que ordena el Poder Ejecutivo Nacional. El pasado mes de junio el presidente, Mauricio Macri, fue denunciado penalmente por reducir hasta casi eliminar los controles del SENASA a las exportaciones por el legislador Carlos Del Frade, quien expresaba que se está “desprotegiendo la salud y la integridad” y “se está corriendo al Estado del control de todas las exportaciones que hagamos de productos y subproductos vinculados con harinas, aceites y todo lo que tiene que ver con oleaginosas, esto significa que las empresas se van a controlar a sí mismas”. Es decir, pone en manos de las exportadoras el autocontrol. Cabría entonces preguntarse si el SENASA se encargaría de ejercer los controles necesarios para preservar la vida por sobre el interés de las corporaciones.

Mientras el senador ruralista del PRO, Alfredo De Angellis, exponente de la clase política que nos gobierna, es capaz de proponer, sin ruborizarse, que se legisle a favor del trabajo infantil, las corporaciones y los grandes grupos económicos parecen estar conduciendo el país para su beneficio. Tan solo hace pocos días se llevaba a tratamiento legislativo la Ley Monsanto http://www.marcha.org.ar/contra-la-ley-de-semillas-para-que-la-siembra-siga-siendo-vida/ que pone en evidencia que el agronegocio de la mano de las corporaciones avanza para hacer negocios con nuestros recursos, a cualquier costo.

Las iniciativas colectivas por los derechos más elementales parecen constituirse en el módo más efectivo de resistencia y lucha por la vida, contra este modelo de negocios que conduce las políticas públicas de nuestro país. Así nos lo demuestran cotidianamente las y los miles que se movilizan en defensa de los derechos más elementales que pretenden ser vulnerados.

Sin comentarios

Sé la primera o el primero en dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *