#ChauTriaca: Ministro de desempleo #ChauTriaca: Ministro de desempleo
Sandra, estaba en negro y no cobrará indemnización, al estilo de la contrarreforma laboral que quiere implementar el macrismo. #ChauTriaca: Ministro de desempleo

Por Mario Hernandez

“Sandra, no vengas eh. No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!”, recibió como mensaje Sandra Heredia, ex trabajadora de la vivienda del Ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Sandra, estaba en negro y no cobrará indemnización, al estilo de la contrarreforma laboral que quiere implementar el macrismo. Heredia es la empleada que desde el 2012 asiste al Ministro de Trabajo en una quinta situada en Boulogne, en Panamericana, la cual es propiedad de Triaca junto con sus hermanos.

Heredia dijo que: “Todo empezó un sábado cuando no llegué a tiempo para abrirle la puerta y Triaca se enojó. Quiero aclarar que no es que no fui, solo me retrasé diez o quince minutos porque al salir justo con el tiempo, se me atrasó el colectivo y no llegué algunos minutos antes que él llegara, como hacía siempre”.

Y finalizó: “A mí me echaron como un perro. Porque el sábado (6/1) estaba en mi casa en la quinta, donde me encontraba pintando, y se acercó el cuñado de Jorge, Sergio Borsalino, y me pidió que me fuera porque ya no trabajaba más”.

Además de los insultos, otro agravante es la relación laboral precarizada que el Ministro de Trabajo mantenía con su ex empleada. Heredia denunció haber trabajado en “negro” varios años y, según relata, cuando solicitó un aumento de salario, Triaca medió para que sea designada en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Ante esta acusación, el titular de la cartera laboral reconoció que Heredia fue nombrada delegada interventora (sic) en la filial San Fernando del sindicato. De este modo, la empleada siguió cobrando parte de su sueldo en mano, mientras que el resto le llegaba a través del SOMU.

Cabe señalar que este sindicato fue intervenido en el 2016. Hoy los abogados del ex titular del gremio, Omar Suárez, presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal y solicitaron que el juez Rodolfo Canicoba Corral tome declaración indagatoria a Heredia, ya que además de su caso particular sostuvo: “Yo calculo que esta intervención en el SOMU hizo entrar a unas 250 personas, de hecho al hijo del jardinero de la quinta de Triaca que es contador, lo hizo ingresar en el gremio”.

Según Argibay Molina, los hechos “ponen en duda por lo menos la actuación del Ministerio de Trabajo en relación a la intervención del gremio”, lo que “amerita con urgencia que se la cite a la denunciante, se la escuche en todos sus términos frente a todas las partes y luego se proceda con urgencia a la averiguación de la verdad”. Y agregó que “hay mucho para investigar no solo en el gremio”, sino también en la Obra social y en “la participación del Ministerio en la conducción provisoria del mismo”.

Carlos Broitman, también abogado de Suárez, aseguró que “hay otros funcionarios que utilizaron” al SOMU “para pagar sueldos”. “Van a salir a la luz varios casos más, no solamente el de esta empleada de Triaca”, vaticinó.

A partir del suceso, quedó en evidencia no sólo que la mujer había sido designada de manera poco clara en la intervención del gremio sino, sobre todo, que Sergio Borsalino, el cuñado del funcionario que luego la echó, es el hombre a cargo de la gestión de Cambiemos en esa entidad.

Borsalino pasó así a integrar un extenso listado de parientes directos o políticos de Triaca con cargos en el Estado. Semanas atrás se conoció la designación de Mariana Triaca, una de sus hermanas, como directora del Banco Nación, mientras que su pareja, Ernesto Reta, integra el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior; otra de sus hermanas, Lorena, se desempeña como directora en la Agencia de Inversiones; en tanto que la esposa del ministro, María Cecilia Loccisano, es subsecretaria de Coordinación en el Ministerio de Salud.
La tarea de Borsalino como hombre fuerte de la intervención del SOMU fue detallada por dirigentes y ex sindicalistas. No es, además, el único cuñado que figura entre los directivos; el Juez federal a cargo de la causa contra el ex líder del gremio Omar “Caballo” Suárez puso al frente de la Obra social a Ramiro Tejada, hermano de su esposa.

Desde febrero de 2016, cuando Canicoba Corral ordenó la intervención del SOMU se convirtió en una suerte de emblema de transparencia de la gestión de Cambiemos. Al punto que una de las funcionarias encargadas de ponerla en práctica, Gladys González, fue protagonista de la última campaña electoral como segunda candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, banca que obtuvo detrás de Esteban Bullrich.
Sin embargo, el resonante despido de Heredia exhibió otra faceta del manejo de Cambiemos del sindicato que nuclea a los trabajadores embarcados y que cuenta con unos 80.000 afiliados en todo el país.

Su titular, Omar Suárez fue detenido en 2016, acusado de extorsión a empresas navieras y malversación de fondos, y se dispuso la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. El sindicato quedó intervenido desde entonces hasta fines de 2017. Tras la actual senadora Gladys González, el interventor fue Silvio Torres, quien normalizó el SOMU con la elección del moyanista Raúl Durdos, que asumirá a comienzos de febrero. Desde el entorno de la senadora aseguran que Heredia fue contratada en abril del año pasado, luego de que ella dejara el sindicato.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño exigió la renuncia del funcionario: “Tener trabajadores sin registrar siendo él quien en los papeles debería combatirlo es motivo suficiente para que deje el cargo. Además del agravante del maltrato. Por otro lado, lo del SOMU es un escándalo mayúsculo. Mientras despiden trabajadores estatales masivamente diciendo que son ñoquis los funcionarios de este Gobierno nombran familiares y gente de su entorno en áreas de su influencia”, remarcó.

El hashtag #ChauTriaca fue tendencia nacional en Twitter. En consecuencia al Ministro no le quedó más opción que pedir “disculpas” por el “exabrupto” y se quejó de que el hecho fue “utilizado para sacar rédito de él”.

Paritarias

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó el martes pasado que el Gobierno pretende que las paritarias cierren en torno al 15 %. El funcionario brindó una conferencia en la Casa Rosada tras la primera reunión de gabinete del año, luego del regreso de Mauricio Macri de sus tres semanas de vacaciones en Villa La Angostura.

El gobierno pretende que las paritarias se ajusten al modelo de los empleados municipales de Neuquén: un aumento del 16% en tres cuotas y sin cláusula gatillo por mayor inflación.

Al respecto, el integrante del triunvirato que conduce la CGT, Juan Carlos Schmid, afirmó que la meta inflacionaria del 15 % para este año “es una fantasía” y que “nadie” entre los gremios va a aceptar aumentos de sueldos de ese nivel.

El lunes 8 la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) se encargó de confirmar que los mercantiles habían disparado la cláusula gatillo, firmada en las paritarias 2017, y que desde enero y hasta a marzo (inclusive) los trabajadores cobrarían un 6 % adicional.
Sin embargo, horas más tarde, la CAME, una de las dos entidades más importantes que nuclea a los empleadores de la actividad, salió a desmentirlo. Aunque hubo un preacuerdo del 6 % queda a consideración de los órganos directivos de ambas Cámaras empresarias (CAME y CAC), pero la intención de los empresarios es reclamarle al gremio, como condición para estampar la firma, un compromiso respecto de la paritaria 2018 de negociar en línea con los valores que busca el Gobierno Nacional: 15 %.
Por su parte, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) y la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) acordaron en paritarias un aumento del 19 % en dos tramos para 2018, que se incorporará a los salarios básicos convencionales del personal de la actividad.

El acuerdo regirá desde el 1° de enero y contempló un incremento del 10 % sobre los básicos convencionales a partir de los haberes de este año y, desde el 1° de julio, se aplicará otro 9 % respecto de los ingresos de diciembre de 2017.

Cinco gremios aeronáuticos decidieron tomar medidas de fuerza en el Grupo Latam Argentina a partir de la hora cero del viernes.

“Los trabajadores de tierra, los tripulantes de cabina, los pilotos, técnicos y el personal superior no garantizarán los servicios”, luego de vencidos “los plazos de la conciliación obligatoria y las instancias del diálogo paritario”, avisaron.

La paritaria en el Grupo Latam expiró el 31 de diciembre último y los plazos conciliatorios están caídos, y en ese sentido se instó a la empresa a solucionar el conflicto salarial a partir de “las consecuencias que tendrá en el servicio por la intransigencia patronal, que no realizó ninguna propuesta superadora del 17 % original de recomposición”.

La Bancaria rechazó nuevamente la oferta de recomposición salarial anual de 9% para 2018, a la que calificó como “obscena”, y advirtió que de acuerdo con la legislación vigente, y en tanto no se suscriba una nueva modificación del Convenio colectivo de trabajo en materia salarial debe cumplirse el actual, que determina “la aplicación de la denominada cláusula gatillo de manera mensual y hasta tanto no se firme un nuevo acuerdo”.

La Bancaria adelantó que adoptará inmediatas medidas de acción directa cuando “se incurra en el incumplimiento de esa cláusula de actualización salarial”.

Por lo mismo y, a fin de aplicar esas protestas y dado por cumplido “todo plazo prudencial”, el gremio convocó al plenario de secretarios generales para el 1° de febrero.

El acuerdo salarial anual bancario expiró el 31 de diciembre último, por lo que el sindicato exigió la aplicación de la actualización mensual hasta tanto se firme un nuevo convenio.

El gobierno bonaerense promulgó la Ley que modifica el régimen previsional vigente para los empleados del Banco Provincia. La ley 15.008, sancionada en diciembre y publicada el jueves en el Boletín Oficial bonaerense, establece que “tendrá derecho a la jubilación ordinaria el afiliado que compute treinta y cinco (35) años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido sesenta y cinco (65) años de edad”.

Además, modifica la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje del sueldo activo que percibe un jubilado al bajarlo del 82 al 70 %, que lo iguala con el resto de los empleados bancarios. Establece también que para el haber inicial se tomará el promedio de los últimos diez años de sueldo y que la movilidad jubilatoria no será por variación salarial sino por el índice votado en diciembre por el Congreso de la Nación para el resto de los jubilados. Esta norma había suscitado un duro conflicto con los empleados del Bapro que en este momento se encuentra latente por el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo.

Sin comentarios

Sé la primera o el primero en dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *