Colombia: la contradicción de negociar en medio de las balas

Colombia: la contradicción de negociar en medio de las balas

Por Jesús Reyes. El episodio del general retenido por las FARC, que provocó una pausa en los Diálogos de Paz, desnudó la tozuda postura del gobierno colombiano de negociar la paz sin aceptar un cese al fuego bilateral. Las suspicacias sobre el hecho y el doble discurso de Santos.

La retención política del general Rubén Alzate Mora produjo un impasse en el proceso de paz en Colombia. Mucho se ha especulado sobre los propósitos que llevaron al general a internarse en lo profundo de un área de operaciones militares vestido de civil, solo junto a una abogada y un suboficial. Algunos atribuyen motivos netamente altruistas como ayuda a la población, otros apuntan a la desmovilización de un frente guerrillero. Pero ¿por qué Alzate viajó a este teatro de operaciones sin protección militar, violentando todos los códigos de seguridad, siendo un militar de altísimo rango entrenado en las mejores escuelas contraguerrilleras y con 31 años de servicio en el Ejército?

Tres problemas se han desprendido sorpresivamente de esta situación. El primero es el de la continuidad de los Diálogos de Paz sin un cese al fuego bilateral. El segundo, hace referencia a la agenda política que el gobierno de Juan Manuel Santos está manejando, en la medida que se está dedicando más a administrar que a gobernar, además de contradecir en la práctica todo lo que ha venido acordando en La Habana, donde se desarrolla la mesa con las FARC. El tercer problema es la premisa general que rige la negociación en cuanto a que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Negociar bajo la guerra

El ministro de la guerra se levanta del pulpito a decir con el uribismo que las FARC-EP no demuestran su voluntad de paz. Mientras el gobierno expresa y hace discursos sobre la paz, habla ante el mundo como si la paz ya estuviera firmada y envía mensajes contradictorios. A su vez, los medios de comunicación presentan las muertes de guerrilleros como “terroristas dados de baja en combate”, mientras a los soldados los muestra como “héroes vilmente asesinados”. Como diría Karl von Clausewitz: “Al hablar de destrucción de fuerzas enemigas hemos de observar que nada nos obliga a limitar este concepto simplemente a las fuerzas físicas, sino que por el contrario, deben comprenderse en ellas, necesariamente, las morales”. Y en medio de un proceso de paz, la violencia simbólica perenne aún se ejecuta.

El no reconocimiento del adversario como un adversario político ha legitimado no sólo el asesinato de guerrilleros sino su desaparición, como sucedió recientemente con uno de los negociadores del proceso que el gobierno pretende iniciar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Como siempre ha sucedido en Colombia (1), quienes quedan en medio de las balas discursivas y las disposiciones guerreristas son las organizaciones no armadas que igualmente buscan una trasformación estructural. Después de un cese al fuego, quienes lideraban aquellos movimientos guerrilleros son asesinados, desaparecidos, torturados. En la imposibilidad de hacer política por medios legales renacen nuevos movimientos armados o se fortalecen los existentes.

El gobierno pretendió continuar las operaciones militares contra las FARC-EP pero espera que la insurgencia no continúe con las operaciones, sabiendo que están negociando en medio del conflicto armado. El gobierno continuó dando de baja a mandos medios de las estructuras y diferentes grupos de las FARC, mientras la guerrilla muchas veces hizo ceses al fuego unilaterales sin obtener respuestas del Ejecutivo.

Ahora, cuando las FARC despliegan sus operaciones militares y retienen a un general, el gobierno, el uribismo, los legisladores y el ministro de guerra imponen un discurso argumentando que las FARC no tienen voluntad de paz. ¿Será que no tienen voluntad de paz? ¿O acaso son las consecuencias de condiciones como negociar la paz bajo el acoso de las balas?

Administrar más que gobernar

Pese a que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, el gobierno va a contravía de todo lo que hasta el momento se ha venido acordando en La Habana. El Congreso se dedica más a administrar los recursos que a legislar y el Poder Judicial se dedica a abrirle el paso a los criminales, mientras el Ejecutivo sigue esas directivas criminales y gerencia la administración de los recursos minero-energéticos, naturales y agropecuarios en beneficio del capital extranjero.

La suspensión temporal de los Diálogos de Paz es la punta del iceberg de la agenda política del gobierno colombiano. Por el momento, lo único que se intenta hablar es de la poca voluntad política de las FARC y mostrar el “secuestro” como un flagelo. Sin embargo, los flagelos reales que dieron origen al conflicto armado, es decir, al conflicto social y político, no se está teniendo en cuenta: la ley Urrutia–lizarralde, la cual legaliza baldíos sosteniendo que la economía campesina es improductiva y permitirá el paso de esas tierras a manos de grandes empresas trasnacionales o la corporativización de la tierra, lo que va en contravía de los presupuestos del primer punto de la agenda de La Habana.

Un segundo punto a tener en cuenta tiene que ver con la reforma tributaria que se cursa en el Congreso, la reforma educativa que los estudiantes han rechazado y la reforma militar, con la cual los uniformados obtendrían impunidad por los delitos cometidos como los denominados “falsos positivos”. Si esto se aprueba, la verdad, la justicia y la reparación serán una falacia.

A esto se le suma la transnacionalización del subsuelo, el saqueo de la minería y los hidrocarburos, así como el monocultivo de palma. En tanto, la brecha social continúa su expansión y la aplicación de la política macroeconómica neoliberal no se altera. Todo esto sin contar con el precario sistema de salud a manos de entidades privadas prestadoras de servicios, la concentración de la riqueza, la ausencia de infraestructura para creación de un mercado interno y las permanentes amenazas contra la vida de defensores y defensoras de derechos humanos, de líderes y lideresas políticas, lo cual indica la exclusión política de los marcos legales. De esta forma, en Colombia no está garantizado el ejercicio de un derecho siquiera “natural” como lo es el derecho a la vida.

Si en el país no está garantizado el derecho a la vida, ¿cómo garantizarán el derecho a la participación política? Recordando el genocidio contra la Unión Patriótica, aquí se encuentra el segundo accionar en contravía del gobierno colombiano, relacionado al segundo punto acordado en La Habana (el de la participación política).

Así las cosas, el punto central de las conversaciones de paz puede girar de forma trascendente: el gobierno maneja un doble discurso de que la paz se está logrando, pero bajo qué condiciones. La paz aún no está firmada y no es tan sólo una firma. La paz no es sólo el silencio de los fusiles, pero bajo el impacto de las balas tampoco se puede seguir negociando. Es necesario un cese al fuego bilateral si no queremos que retenciones políticas como las del general Alzate sigan ocurriendo, si no queremos que más campesinos e indígenas sigan cayendo por las balas, si no queremos más persecución política, si no queremos que más guerrilleros ni militares mueran por una guerra que sólo ha traído consigo beneficios y réditos a la élite política.

Nota:

(1) Ver asesinato de Jorge Eliecer Gaitán (1948) y de Guadalupe Salcedo Unda (1954); los movimientos guerrilleros del Llano y Sumapaz, ver la historia de Jacobo Prias Alape, los bombardeos de Marquetalia, El Pato, Guayabero, El Davis y la muerte de Oscar William Calvo.