“Cómo es posible que 2 de cada 3 chicos tenga hambre”

Por Anahí Benitez y Leandro Nuñez

Los movimiento sociales y organizaciones populares sostienen en sus discursos y en las calles que la situación económica actual es insostenible. Sube todo menos el empleo y los salarios y así lo manifestaron ayer en masivas movilizaciones.

Numerosas organizaciones y movimientos sociales como el Frente Popular Darío Santillán, la CTEP, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) salieron a las calles a manifestarse como parte de un plan nacional de lucha en repudio a las políticas económicas del gobierno nacional y en reclamo por medidas que atiendan las necesidades que atraviesan hoy los sectores más humildes de la población.

Esta serie de medidas comenzó el pasado jueves con una movilización al ANSES para reclamar una actualización urgente de la Asignación Universal por Hijo, de las jubilaciones y pensiones mínimas y de los programas de empleo. En el día de ayer el plan de lucha tuvo continuidad con la realización de 1000 ollas populares para insistir en la aprobación del proyecto de Emergencia Alimentaria. Para el 19 de septiembre está prevista una movilización al Ministerio de Energía para exigir que las empresas de servicios retrotraigan las tarifas y amplíen la tarifa social. Por último, previo al paro nacional convocado por la CGT, habrá una movilización el 24 de septiembre.

Si el plan es el ajuste el descontento se sentirá con fuerza

Desde los movimientos sociales plantean que la realidad que se vive a diario en los barrios es agobiante. Crece la cantidad de familias que se acercan a los comedores, en su mayoría mujeres con niños y niñas, a las que el sueldo no les alcanza o directamente no tienen un trabajo que les permita garantizar las cuatro comidas diarias. Esto, sumado al incremento de las tarifas de luz y gas – imposibilitando el acceso a estos servicios básicos- y la dificultad de afrontar alquileres crean una situación insostenible. Esto se ve claramente reflejado en el crecimiento de familias en situación de calle, el cual se calcula en un 30 % con respecto al 2017 para las grandes urbes.

En este sentido, las organizaciones manifestaron la falta de respuesta por parte del gobierno, rechazaron el acuerdo con el FMI y un modelo de mayor ajuste y hambre para los sectores más humildes en beneficio de los sectores más concentrados de la economía.

“Queremos que el presidente Mauricio Macri nos explique cómo es posible que en un país que produce 400 toneladas de alimentos 65 de cada 100 niños sufren hambre”, manifestó Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán.

Mientras que el gobierno pareciera haber ganado cierto aire al lograr frenar la corrida inédita del dólar de la última semana de agosto, aún queda por delante la discusión por el presupuesto, la que Cristine Lagarde mira con detenimiento. El presidente lo sabe, se juega allí su posibilidad de mostrarse con capacidad de gestión y negociación.

Lo que se sabe es que efectivamente ese presupuesto que el gobierno nacional pretende aprobar implicará recortes en salud y educación en un contexto en el que las escuelas públicas se caen a pedazos y faltan los medicamentos básicos en hospitales y centros de salud. Esto no pasó desapercibido en la movilización de ayer. “Que no se atrevan los gobernadores a aprobar este presupuesto” dijo Dina Sánchez.

En este escenario, esta cierta calma antes de la tormenta es propia de un futuro incierto y genera discusiones diversas sobre la estabilidad del gobierno nacional. En este sentido, las organizaciones sociales alertaron sobre un escenario de aumento de la conflictividad para los próximos seis meses, que evalúan serán duros en términos económicos si el macrismo decide continuar con el rumbo que señala el FMI. Esto es un modelo económico en el que los que ganan son los bancos y los especuladores financieros a costa de los que se siguen cayendo del mapa.