Por Mario Hernández. La protesta de los docentes de la educación pública lleva ya tres semanas. Una historia de maniobras que se repiten, números que no llegan al monto de la inflación y perspectivas encontradas sobre los derechos.
La semana anterior estuvo marcada por las movilizaciones de 50 mil maestros en la ciudad de La Plata y los 4 mil que el viernes lo hicieron a Plaza de Mayo convocados por los gremios opositores a la conducción de Ctera en el Frente Nacional Docente (FND).
El domingo el Bloque Patagónico de Trabajadore de la Educación (ATEN, UNTER, ATECH-regional sur, SUTEF y ADOSAC) publicó una solicitada en Página 12 exigiendo un paro nacional y convocando a la ciudad de Neuquén el próximo 4 de abril al conmemorarse el séptimo aniversario del fusilamiento del maestro Carlos Fuentealba.
Fracasada la conciliación organizada por Carlos Bonicatto, titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, el viernes pasado se presentó un recurso de amparo judicial para que los maestros reiniciaran las clases lo antes posible considerando que “el derecho a la educación de los niños está por encima del derecho de huelga”.
El juez Francisco Terrier hizo lugar al amparo y ordenó el cese inmediato de la huelga. Este juez que se “preocupa” por el derecho de los niños, es el mismo que permitió que a los ocho policías acusados por la desaparición del joven Luciano Arruga, se les levante la sanción y el ministro de seguridad de la provincia los reponga en sus funciones. Cabe aclarar que ninguno de los ocho policías mencionados fue procesado y ni siquiera indagados por la justicia.
Desde la oposición se pronunciaron en igual sentido Sergio Massa y Mauricio Macri y desde el oficialismo a las conocidas declaraciones del vicegobernador Gabriel Mariotto y del líder del Movimiento Evita, “Chino” Navarro, se le sumaron las del diputado Carlos Kunkel quien calificó a la huelga de “injusta y arbitraria”.
En una entrevista con La Capital de Mar del Plata señaló: “Es totalmente injusta y arbitraria porque los que sufren las consecuencias de la huelga no son los que tienen la posibilidad de solucionarla. Los pibes de guardapolvo blanco, los pibes de los trabajadores y los sectores más populares no tienen las herramientas para solucionar el tema”.
Historia que se repite
Para los docentes “los pibes de guardapolvo blanco” son rehenes de las autoridades nacionales y provinciales. La maniobra consistió en querer utilizar la paritaria docente como caso testigo para el resto de los gremios. Por eso entienden que fue convocada a pocos días de comenzar las clases, para poner a los padres contra los maestros si no empezaban y con Cristina marcando la cancha en la inauguración de las sesiones del Congreso el 1° de marzo. Por el momento la maniobra fracasó.
En los dos años anteriores pasó lo mismo y los docentes de las provincias fueron abandonados a su suerte por la conducción nacional de Ctera. En esta oportunidad, el conflicto abarca once provincias (Buenos Aires, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén, Corrientes, Entre Ríos, Chubut y Chaco). Los distritos que tienen clases normalmente son nueve y tampoco la representación gremial de los docentes ha articulado un conflicto a nivel nacional aunque el epicentro se centra en su seccional más importante, la provincia de Buenos Aires, que nuclea a 300.000 docentes a quienes les han ofrecido un 30.9 por ciento de incremento que solo beneficia a dos de cada diez integrantes del plantel, según declaró el titular del Suteba, Roberto Baradel, y lo reconoció la propia ministra de Educación provincial, Nora de Lucía, sólo que llevó la cifra al 30 por ciento.
Una protesta que se radicaliza
Indudablemente al impacto de la devaluación y los índices oficiales de inflación para los dos primeros meses del año del 7.22 por ciento, se ha sumado la presión que meten los Sutebas opositores de las mayoritarias y decisivas seccionales como La Plata, La Matanza, Quilmes, Bahía Blanca, entre otras, que concentran un núcleo numeroso y determinante de afiliados, alineados mayoritariamente en la izquierda en todas sus expresiones y el Frente Nacional Docente, de inserción en gran parte de las otras 10 provincias en conflicto.
Ayer fueron convocados nuevamente los docentes bonaerenses a una reunión que fracasó y el paro continúa a pesar de la resolución judicial.
Hoy continuará la paritaria nacional que intentará llegar a un acuerdo para el sueldo testigo del maestro. Los docentes volvieron a movilizarse ayer en un acto frente al Ministerio de Educación que reunió una multitud de 30 mil manifestantes demostrando que la lucha sigue firme. Entre tanto, fueron respaldados por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que encabeza Pablo Micheli y por Hugo Moyano quien sostuvo que “nadie puede dudar que el problema de los maestros en la provincia de Buenos Aires es responsabilidad del gobierno de la provincia y de la Nación”.
Del paro nacional de la CGT y la CTA para romper el aislamiento ni hablar.
Algunas reflexiones sobre el derecho de huelga en tiempos de crisis económica
El vicegobernador bonaerense propuso legislar que la educación sea considerada un servicio público. Mientras el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, anunció una propuesta similar, ambos sin mayor eco. El juez Terrier ordenó el cese inmediato de la huelga desconociendo la Constitución Nacional y las convenciones internacionales.
Cuando la inflación deviene permanente -y esa parece ser la actual situación en nuestro país-, las políticas gubernamentales de ingresos han demostrado ser simples controladoras salariales, intentando restringir los aumentos salariales y nada más. Léase el fallido intento de la administración kirchnerista de fijar un techo del 25 por ciento a las paritarias.
Frente a la resistencia de los asalariados, en el caso que nos ocupa los maestros, el Estado intenta limitar libertades democráticas básicas como el derecho de huelga.
La condena a los trabajadores petroleros de Las Heras debía actuar como una advertencia, de allí que CFK redoblara la apuesta el pasado 1° de marzo inventando un relato que no se ajusta a los hechos acaecidos en esa localidad de Santa Cruz en 2006 como fue probado por la defensa de los trabajadores en el juicio.
Las libertades sindicales no pueden defenderse sino en forma integral, de conjunto, desmontando los intentos patronales y de las burocracias sindicales de dividir a los trabajadores o acorralarlos en luchas fragmentarias o parciales.
No podemos aceptar las pretensiones patronales de contratos con vigencias cada vez más largos, como pretende el gobierno a 18 meses, ni las llamadas “cláusulas de paz social” con la intención de impedir toda acción reivindicativa.
El derecho de huelga es el único derecho material efectivo que distingue a un obrero de un esclavo. Toda legislación que tienda a reglamentarlo o limitarlo debe ser denunciada como un daño al derecho a parar el trabajo cuando las condiciones nos parezcan inaceptables como en este caso lo es pretender que los maestros brinden educación por un salario prácticamente igualado al mínimo, vital y móvil.