Criminalización: cada día una mujer es denunciada por aborto en México

Por Laura Salomé Canteros / Foto: Claroscuro

Se presentó el informe “Maternidad o castigo” realizado por el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE). En diez años fueron 228 las mujeres sentenciadas por aborto en ese país.

Según el informe hay en ese país 136 personas condenadas a prisión por haber abortado. El informe “Maternidad o castigo” fue presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en la Universidad Nacional Autónoma de México y registró que en los últimos diez años hubo 4.246 denuncias por aborto, lo que indica que, en promedio, una mujer es denunciada cada día.

El mayor número de denuncias se registró en Ciudad de México, con 894, seguido de Baja California, con 466, Veracruz, con 416, y Nuevo León, con 339. En total, durante la década pasada, 228 personas fueron sentenciadas, 83 en prisión preventiva y 53 en prisión definitiva.

Es que el acceso igualitario al derecho a la salud no está garantizado para todas las personas en el país del norte. Excepto en su capital -el Distrito Federal- donde se encuentra despenalizado, en México el acceso de las mujeres, bisexuales, lesbianas y varones trans al aborto seguro es restrictivo y se regula a niveles locales considerándolo un delito como regla general pero con excluyentes de responsabilidad penal o causales de no punibilidad.

Por ejemplo en los estados de Colima, Baja California Sur, Tlaxcala, Yucatán y Michoacán se contemplan al menos seis causales de aborto no penalizadas: por violación, peligro para la vida de la mujer, que el embarazo implique daños a la salud o alteraciones genéticas, que el aborto sea imprudencial, por inseminación no consentida o que se practique por razones económicas (en el último de los territorios mencionados).

De esta forma, una mujer cuyo embarazo pone en riesgo su salud y que vive en un lugar del país en donde no está prevista tal causal, en el mejor de los casos, se verá obligada a trasladarse -siempre que cuente con los recursos económicos para ello- donde se contemple o bien a la Ciudad de México. De lo contrario, deberá llevar el embarazo forzado a término o recurrirá a un aborto fuera de la ley, arriesgándose a ser víctima de la violencia que un proceso penal significa, además de poner en riesgo su salud y su vida.

Cuando el aborto es considerado un delito y no un servicio de salud

Según el informe, la criminalización por aborto en México -y en toda la región- presenta patrones comunes: niñas y mujeres llegan a un servicio de salud con un aborto incompleto o en desarrollo y son cuestionadas y denunciadas por el mismo personal de salud o incluso por sus familiares. “El ministerio público responde de inmediato acudiendo a interrogar a las mujeres en las mismas camillas de hospital”, afirman, “en muchas ocasiones los casos se basan exclusivamente en confesiones autoincriminatorias realizadas bajo presión y en contextos de emergencias médicas”. En ese país, algunos de los procesos penales culminan en sentencias condenatorias, ya sea de privación de la libertad, multa, trabajo comunitario o lo que llaman “tratamiento médico integral”, una forma de sanción que, a pesar de no representar una pena de prisión, perpetúa la idea de que quienes abortan necesitan ser “curadas”.

“El solo hecho de ser denunciadas y enfrentar un proceso penal por aborto, sin importar el sentido de la sentencia, puede tener consecuencias permanentes en sus vida, las de su familia y la relación con su comunidad”, agregan. Además hay historias en que las mujeres son acusadas de delitos con penas severas, como infanticidio u homicidio agravado ante abortos espontáneos o partos fortuitos.

Como conclusión de su trabajo, GIRE ha determinado que el acceso al aborto en México es “precario o nulo”, considerando entre las causas que “existe un gran desconocimiento por parte de las autoridades y, en particular, del personal de salud acerca de sus obligaciones”; que “se imponen requisitos no solicitados por la legislación que obstaculizan y en ocasiones hacen imposible el acceso a servicios legales de aborto”; que “se permite la desinformación por parte de grupos antiderechos mediante la promoción de legislaciones que buscan restringir los derechos humanos”; y que “se viola el secreto profesional y se criminaliza a mujeres con emergencias obstétricas”.

Esto tiene un efecto disciplinador: “la criminalización del aborto impacta no solo a quienes son procesadas penalmente por este delito, sino también a quienes cursan embarazos no deseados y deben elegir entre poner en riesgo su salud y su libertad mediante abortos fuera de la ley”. Esto pasa “cuando el aborto es considerado un delito y no un servicio de salud” y concluyen que se debe avanzar en “garantizar que las mujeres puedan decidir libremente ejercer o no la maternidad. Esta garantía es una parte de la deuda histórica que el Estado tiene con ellas”.

 

 

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