Por Limando Rejas, desde el Complejo Penitenciario IV de Ezeiza. Las declaraciones del Secretario de Seguridad Sergio Berni en torno al “problema de las y los extranjeros delincuentes” cobraron rápida repercusión en medios hegemónicos y sectores que levantan las banderas de la mano dura.
Los discursos que circularon, y que reclamaban leyes que permitieran expulsar más expeditivamente del país a las y los extranjeros que cometieran delitos, estuvieron plagados de referencias explícitas o implícitas sobre la “peligrosidad” y la “amenaza” que representarían las personas inmigrantes para la sociedad argentina, aterradoramente parecidos a los que justificaron la promulgación de la Ley de Residencia (N°4144 de 1902) que permitía al Poder Ejecutivo directamente impedir la entrada o expulsar del territorio nacional a aquellos extranjeroscuya conducta comprometiera la “seguridad nacional” o perturbara el “orden público” sin juicio previo, y a las teorías de la defensa social, que justifican el castigo de personas sólo basándose en un “estado peligroso”, con el fin de “prevenir” el ataque a la sociedad que eventualmente llevarían a cabo.
Nos parece interesante, sin embargo, desde esta columna, preguntarnos por aquello que no se dice acerca de quiénes son objetivadas/os como delincuentes, en particular en este caso, de aquellas personas inmigrantes en situaciones diversas de regularidad de su residencia en la Argentina, que son captadas por el dispositivo penal- penitenciario, criminalizándolas.
A los dichos del mencionado secretario sobre que “vienen exclusivamente para delinquir”, que “los delincuentes de hechos delictivos menores entran por una puerta y salen por la otra” y de que esto se debería a “la laxitud del sistema judicial y del sistema penitenciario”, es oportuno contraponerle algunos datos: la población extranjera presa en Argentina representa el 6% del total de detenidos del país -una cifra bastante significativa si se considera que a la fecha del último censo nacional (2010) los extranjeros formaban el 5% de la población de la Argentina-. El 59% de las casi 3.500 personas presas extranjeras totales, están alojadas en cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Federal, en las cuales constituyen el 21%. A su vez, alrededor del 49% de estas personas de nacionalidad extranjera se encuentran imputadas por infracciones menores a la Ley 23.737 de estupefacientes.
Altas penas para delitos menores
Lejos de tratarse de grandes empresarios del negocio del narcotráfico, la mayoría de las personas no nacionales presas por delitos vinculados con la ley de estupefacientes –y sobre todo las mujeres- se encuentran privadas de la libertad por “mulas”, es decir, por formar parte de los eslabones más débiles de la cadena de producción, contrabando y comercialización de estupefacientes. Más lejos aún de verse beneficiadas por la “puerta giratoria” de la justicia penal, las personas señaladas como sospechosas de haber cometido delitos de este tipo se ven perjudicadas por la presunción legal que prevé que, aun cuando no se hubiera consumado el delito –por ejemplo, si la persona fue detenida antes de traspasar la frontera- la pena a imponer será la misma que si efectivamente hubiera logrado hacerlo. Esta pena en expectativa obstruye las posibilidades de obtener excarcelaciones, lo que sumado a la falta de residencia previa en algunos casos, conduce a que la persona deba pasar una temporada de al menos dos años y tres meses presa.
Este tipo de iniciativas de reforma legislativa tienen por detrás la necesidad de constituir un “enemigo”, un “otro” al cual atribuirle todos los problemas que aquejan a la sociedad, como el de la inseguridad. El extranjero, el judío, el anarquista, han sido chivos expiatorios en distintos momentos de la historia mundial y también de la nuestra propia. Se sustentan sobre estereotipos, construyen imágenes que producen efectos sobre las agencias que se encargan de llevar adelante la política criminal, que les asignan características a ciertos grupos que los estigmatizan y habilitan una mayor selectividad en la criminalización. Se liga una determinada nacionalidad con un tipo de delito, operando una relación automática entre extranjero y delincuente, como ocurre con la pertenencia a las grandes redes del comercio de estupefacientes. Las falsas campañas de “lucha contra el narcotráfico” ocultan que, en realidad, la mayoría de las personas atrapadas y condenadas son meras “mulas” y que existen redes de connivencia policial y política que permiten operar a esas organizaciones.
La vulnerabilidad de la que no se habla
Lo que se esconde es la enorme vulnerabilidad de las personas no nacionales que residen en la Argentina, ya sea que hayan o no podido regularizar su situación migratoria, en tanto que solo se mira la cara de la moneda que las asocia con la delincuencia. Al discutir este tema con las mujeres que asisten al taller que desde Limando Rejas llevamos a cabo en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, surgieron relatos y testimonios en primera persona de las injusticias y los abusos de poder de las que fueron víctimas. Las mujeres que componen el grupo provienen en su mayoría de otros países, por lo que la cuestión les tocaba realmente en carne propia.
Aquellas mujeres que habían sido detenidas en sus casas, contaban que la policía les robaba desde ropa de los niños hasta mercadería que tenían en la heladera; las que fueron aprehendidas en zonas de frontera o aeropuertos, contaban que las pertenencias que traían con ellas en las valijas y que habían sido supuestamente secuestradas en el marco de la causa nunca les eran devueltas:
“Cuando hacen allanamientos te ponen en la causa solo los que le conviene, te sacan plata y te ponen solo 2.000 pesos. Uno lee y dice ¿y mi plata, y mi cámara?”;
“Hay compañeras que dicen que los policías te roban hasta las cosas, los muebles, celulares todo. A mí se me querían llevar la camperita de mi hijito de 5 años ‘mira esto para mi hijo, esto para mi mujer’ decía el policía.
“A mí me llevaron hasta las cortinas”;
“A una niña de 12 años le metieron la mano en el pechito para sacarle el celular”;
“La primer causa yo estaba con captura, se llevaron a mi hijo, a mi marido y a mi nuera, en el transcurso de los meses se quedan en custodia para ver si yo volvía. Y yo lo vi con mis ojos a los policías con una camioneta llevándose televisión, freezer, heladera de mi casa. Después entraban y se llevaban mercadería del negocio que tengo.”
“A mis compañeros de causa les llevaron zapatillas de marca, relojes, campera, todo. Estando detenidos mandaron a pedir las cosas y la dueña del hotel le dijo que no había nada”;
“Por ley si vienen a buscar droga se tienen que llevar droga, no otra cosa, pero te llevan la heladera, el microondas, los autos, las motos, DVD, zapatillas, ropa, hasta el perfume… Ellos juraron por la bandera proteger a las personas”.
Otras de las chicas fueron acusadas de formar parte de una organización narcotraficante, y se encuentran presas “sólo por una escucha telefónica” o directamente por causas armadas por la policía en supuestos operativos llevados a cabo en las villas y asentamientos precarios en donde residen estas mujeres, mientras que los que estaban identificados como sus referentes atraviesan el proceso penal en libertad.
“Estamos presas, nos dieron 4 años por abreviado, a los otros les dieron arresto domiciliario… El abogado me dijo que firme, que sino en el juicio me iban a dar más pena, yo no quería firmar porque no tenía nada que ver con eso, a mí me entraron a mi casa por otra cosa. Yo no quería aceptar porque me pusieron balanza, nos pusieron como que lo hacíamos los dos y yo al chico no lo conocía, aceptamos una cosa que no es porque no sabíamos.”
La sucesión de relatos de episodios como estos era sorprendente, al igual que lo era el hecho de que ninguna de las detenidas hubiera denunciado estas prácticas abusivas por parte de las agencias de seguridad.
De los relatos que escuchamos emerge fuertemente que, pese a los derechos que constitucional y legalmente se les reconoce a las personas que migran a nuestro país, la protección debida por el Estado a quienes habitan el territorio y pagan impuestos como los nacionales, se revierte en criminalización y discriminación. No debemos descuidar los riesgos que aparejan discursos como los que aquí mencionamos, que se traducen en prácticas tanto sociales como de las agencias estatales, que aumentan la vulnerabilidad de aquellos que ya se encuentran en desigualdad de condiciones. Una de las chicas reside hace varios años en la Argentina, pero teme ser expulsada a partir de estas ideas:
“Ahora dicen que quieren que nos expulsen a todos y no nos dejen estar más porque hay muchos extranjeros. Quieren agarrarte y en el momento echarte. Yo quiero preguntar si yo me voy expulsada (es de Bolivia) pero mis hijos han nacido acá, tengo tres nenes nacidos acá. Además yo estoy radicada acá.”
Tomamos como conclusión algunas de las reflexiones finales de las mujeres presas, que nos parecen muy relevantes:
“De la delincuencia que hay hoy en día quieren echarle la culpa a alguien”;
“Estaría bueno que las y los extranjeros que puedan salir en la televisión contando esto, para que vean que lo que sale en la televisión de nosotros no es así, ellos son los que nos hacen daño a nosotros.”
“Las y los extranjeros aquí en Argentina estamos siendo perseguidos mediáticamente. Sale en los medios porque es un delito cometido por un extranjero, ¿pero cuántos criminales argentinos hay y eso no aparece? A nosotras nos capturaron, y en el momento que nos iban a llevar no había cámaras ni policía, y al otro día que nos llevaron a Drogas Peligrosas y nos volvieron a sacar ya había cámaras, y nos sacaron como los ‘supernarcotraficantes’. Nosotras nos enteramos de qué nos acusaban cuando entramos acá.”
“Nos ponen a las y los extranjeros como peligrosos, y hay otros delitos más violentos que se cometen acá. Y nadie se pregunta a quién vienen a traerle la droga, a los argentinos empresarios, a los que tienen plata, está metida la Aduana, todo.”
Notas relacionadas:
Presentación de la columna: “El amplificador”
El derecho a decir no a las requisas vejatorias