Militares en Tucumán: culpables con demasiados derechos

Militares en Tucumán: culpables con demasiados derechos

Por Mario Hernández. En diálogo con Stella Maris “Pila” Garbarino, del Colegio de Psicólogos de Tucumán, analizamos la resolución que tomó la justicia federal para 34 policías y ex militares condenados por la causa Jefatura II – Arsenal II.

El pasado miércoles 10 de diciembre, se realizó una marcha contra delitos de lesa humanidad en Tucumán en repudio al fallo de la Cámara III de Casación Penal de la Nación, que dejó sin efecto la prisión en cárcel común para 34 de los 37 policías y ex militares condenados en la causa Jefatura II – Arsenal II.

El proceso judicial que implicó la responsabilidad de 41 personas, de las cuales cuatro fueron absueltas o con penas menores, resultaron acusadas de múltiples homicidios tales como la privación ilegítima de la libertad, torturas y abusos sexuales cometidos en dos centros clandestinos de detención (CCD), Jefatura II y Arsenal II, ubicados en la provincia. En el segundo, se encontraron las fosas donde fueron inhumados los restos de desaparecidos, luego de ser torturados y ejecutados. 37 condenados recibieron recientemente el beneficio de la prisión domiciliaria por estos delitos.

Marcha dialogó con Stella Maris “Pila” Garbarino, miembro de la Comisión de DDHH del Colegio de Psicólogos de Tucumán sobre la decisión de la justicia tucumana de concederle prisión domiciliaria a los condenados por delitos de lesa humanidad, beneficio que no se otorga incluso, en casos de delitos comunes.

Me impactó y dolió mucho la noticia que se conoció acerca de la decisión que tomó la Cámara III de Casación que dejó sin efecto la prisión en cárcel común para los 34 de los 37 policías y ex militares condenados en la Megacausa Jefatura II – Arsenal II.

Recuerdo cuando estuve en la ciudad de Tucumán, tuve la posibilidad de presenciar una audiencia del juicio y escuchar las declaraciones de los testigos, ver a los genocidas inmutables, que fue su actitud durante todo el juicio, a pesar que hubo testimonios desgarradores. Recuerdo haber comentado la situación de una señora de setenta y pico de años analfabeta, que ya era bastante mayor cuando fue secuestrada a los 47, el juez le ofreció desalojar la sala para que pudiera contar cómo fue abusada sexualmente y la mujer se negó, porque quería que la gente la escuche. Finalmente le preguntaron si reconocía en la sala a algunos de sus violadores, los tipos estaban ahí como si nada.

– Exactamente, además han sido 212 víctimas, 400 testigos orales, 400 testigos incorporados por lectura y 150 legajos de CONADEP. Digo los números porque tal vez golpean más, diez mil fojas con 37 condenas. De alguna manera la impunidad comenzó ya cuando hacia el final de la primera fase del juicio, las penas fueron muy suaves. Hubo un juez que dictaminó en disidencia, pero ahora el Tribunal de Casación los manda a la casa y no hay ni policía ni gendarmería que los custodie. Ya tenemos denuncias de que estos señores, si es que se les puede llamar así, andan por el barrio y salen a hacer compras como si nada.

– ¿Con qué argumento tomaron esta resolución?

– Creo que hay una creciente impunidad y la presencia de una justicia que se puede decir que es oscurantista, pero lo importante de esto, es que el miércoles pasado hubo una marcha muy masiva en contra. El comunicado que se leyó al final, estuvo firmado por muchísimas asociaciones, inclusive, estaban las dos CTA unidas en una sola columna. Eso nos estaba pasando en relación a esto que es tan injusto y que de alguna forma, nos preguntamos: ¿Quiénes serán los responsables de asegurar que los genocidas cumplan la prisión domiciliaria? ¿La policía de Tucumán? ¿Se garantizará la seguridad de cientos de testigos y familiares que han intervenido?

– Claro, 400 testigos orales y 400 incorporados por lectura, estamos hablando de 800 testigos.

-¿Quién va a protegerlos?

– Teniendo como antecedente la desaparición de Julio López.

– Y el caso de Silvia Suppo en Santa Fé, cuyo testimonio fue clave para condenar por delitos de lesa humanidad al ex juez Brusa y que fuera asesinada en su comercio en marzo del 2010 y recién ahora se iniciará el juicio para esclarecer ese hecho. Que también hay que decirlo porque a veces tenemos una memoria selectiva.

– ¿Está previsto algún otro tipo de reclamo más allá de la movilización a la que hiciste referencia?

– Antes de la movilización se presentaron miles de hábeas corpus, no solamente de los testigos sino también de sectores de la población. Se hizo una campaña con HIJOS y la Fundación ANDHES que es una asociación de abogados por los derechos humanos, en el centro de la ciudad.

Como dice el comunicado, “después de esperar tantos años de la falta de presencia de la justicia, ahora parece que tenemos que seguir luchando para que sigan presos”.