Darío y Maxi: destellos de una jornada para despertar a la Justicia

Por Juan Quiroz

Ayer, cientos de personas cortaron el Puente Pueyrredón para reclamar la reactivación de la causa por responsabilidades políticas en los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Impresiones, destellos, y la voz de Alberto Santillán.

La mañana de ayer ostentaba un sol intenso en un cielo despejado. Sin duda un marco plácido, sin el calor agobiante que estaba condicionando las jornadas previas, para una instancia de lucha multitudinaria a nivel nacional, con miles de personas movilizadas en el marco de la convocatoria realizada por la Comisión Independiente de Justicia por Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Allí, familiares, compañeras y compañeros, y organizaciones sociales y de Derechos Humanos exigieron al Juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal Nº 4 de los Tribunales de Comodoro Py, que lleve adelante los pasos necesarios para que avance la investigación sobre las responsabilidades intelectuales y políticas de la Masacre de Avellaneda.

Más de 14 años pasaron desde aquel otro corte del Puente Pueyrredón, un mediodía pero del 26 de junio de 2002. Sin embargo, los motivos aún permanecen vigentes: son reivindicaciones como el respeto a las empresas recuperadas bajo gestiones obreras (por ejemplo, la cerámica Zanon), el incremento del presupuesto destinado a educación y salud, la creación de puestos de trabajo y la lucha contra la impunidad que giraba en torno al asesinato de Javier Barrionuevo, en febrero de ese año.

No están solos

Desde el comienzo de la jornada, Alberto y Leonardo Santillán (padre y hermano de Darío) se encontraban conmovidos por el masivo acompañamiento al pedido de juicio y castigo para los autores intelectuales de uno de los hechos más significativos en términos políticos por estas latitudes, cuando recién nacía el milenio. Es que la denominada “Masacre de Avellaneda” contó con varios elementos: el hecho de que se haya cometido en el marco de una jornada de lucha que tenía como focos los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presencia de diversos medios de comunicación, el clima de movilización constante y el descontento con la lógicas expulsivas imperantes en los gobiernos de turno desde hacía varias décadas.

Mientras se desandaba el camino recorrido aquel 26 de junio, charlamos con Alberto sobre el accionar judicial, nos comentó que se presentaron ocho testigos, por lo que esperan una resolución favorable. Entre los testimonios más destacados se encuentra el de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, quien manifestó que se había comunicado con el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, para cuestionar la sanguinaria represión, y este le había manifestado que se trataba de “una guerra entre pobres”.

La lista es extensa: además de Solá son señalados funcionarios y ex funcionarios como el ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde; el ex Ministro de Justicia, Jorge Vanossi; el ex Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Álvarez; el ex jefe de gabinete de la Nación, Alfredo Atanasof; el ex Secretario de Seguridad bonaerense, José Genoud; el ex Ministro del Interior, Jorge Matzkin; el ex vicejefe de la SIDE, Oscar Rodríguez y el ex senador, Aníbal Fernández.

Una disputa necesaria y permanente

Respecto de la presencia de madres de víctimas de gatillo fácil y familiares, amigas y vecinos de víctimas de causas armadas, Alberto resaltó la importancia del acompañamiento de las organizaciones sociales y habló de “de dar una lucha en conjunto con todas las personas que entienden que el sistema y sus superestructuras son hostiles para quienes luchamos y vivimos en los márgenes de la sociedad”. Y en esta construcción conjunta que propone, nos presenta a una vecina de Diego Chávez, acusado de haber asesinado a un policía en la localidad de Paso del Rey, cuando ni siquiera estaba en el lugar; y señala que se trata de una práctica sistemática en la localidad de Moreno. También se acerca a charlar con Emilia, madre de Pablo Alcorta,  ejecutado a los 17 años en 2013 por el policía Diego Tolaba. La causa que se tramita en el juzgado de Morón, a cargo de la UFI 6, tiene como carátula “asesinato en ocasión de robo”. Ellas, madres organizadas, son quienes impulsaron la marcha nacional contra el gatillo fácil que se lleva a cabo los 27 de agosto. Finalmente, pudimos escuchar a Inés, la mamá de Marcos Acuña de Quilmes. Marcos fue asesinado el 28 de agosto de 2015 por la espalda por el prefecto Juan José Silva. Sobre esta causa tiene competencia el Tribunal N3, que elevó a juicio el caso para que se investigue.

Cuando se escuchan las historias parecidas, las injusticias que padecen unas y otros se va despejando por qué la necesidad de marcar un precedente en la purga de las responsabilidades políticas de los magnicidios y los amedrentamientos políticos como la Masacre de Avellaneda, como así también en el juicio y castigo a los responsables de las políticas de disciplinamiento (como el gatillo fácil o las causas armadas) son urgentes frente al escenario de ajuste y represión.