De genocidas y tarifazos. ¿Cuándo y porqué da ‘marcha atrás’ el gobierno? (II) De genocidas y tarifazos. ¿Cuándo y porqué da ‘marcha atrás’ el gobierno? (II)
¿Qué expresan y porqué tienen lugar esas derrotas parciales del gobierno? De genocidas y tarifazos. ¿Cuándo y porqué da ‘marcha atrás’ el gobierno? (II)

Por Francisco Longa

Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, el gobierno tuvo que retrotraer varias de sus medidas. ¿Qué elemento común hubo en todos esos casos? ¿Qué expresan y porqué tienen lugar esas derrotas parciales del ejecutivo?

Lo que dicta el andar del gobierno (y de la oposición)

Con todo este escenario, algunas preguntas y reflexiones se imponen. En primer lugar es evidente que el gobierno, una vez que da marcha atrás, pretender también capitalizar ese acto político, contraponiendo su actitud a la supuesta tozudez de su predecesora, Cristina Fernández.

No es una novedad que lejos de ‘unir a los argentinos’, Cambiemos ha asumido que su única chance de superar la prueba electoral de este año, es apostar nuevamente a la polarización con el kirchnerismo. Para eso, recrea un imaginario un tanto exagerado acerca de la terquedad que la gestión anterior de gobierno.

Así el reconocer supuestos errores busca ser capitalizado por el gobierno: ante la férrea política populista que negaría todo cuestionamiento, el ‘cambio’ implicaría también aprender de las equivocaciones propias.

No sabemos si en el electorado el impacto negativo por el descontento de las medidas que luego llevan a retracciones, es mayor que el posible sentido positivo que implicaría esta capacidad de ‘reconocer errores’. Probablemente las elecciones darán más material para subsanar este interrogante.

Pero hay otros elementos que sí es posible distinguir ahora mismo. Primero: que en absolutamente todos los casos en los cuales el gobierno dio marcha atrás, se trató de situaciones en las cuales Macri recibió críticas por parte de sus aliados de Cambiemos.

Debe notarse que todas las medidas que luego obligaron al presidente a dar marcha, habían sido cuestionadas por sectores de la UCR y/o de la Coalición Cívica, y principalmente por una figura insoslayable en la construcción de la hegemonía que representa Cambiemos: Elisa Carrió. El único caso que desmiente este argumento es el de la ley del 2×1, sobre la cual Carrió no se expresó explícitamente, pero sí la criticaron otros actores que son parte de Cambiemos.

Por otra parte, y como contrapartida que refuerza el argumento, se encuentra el caso de Milagro Salas: no hubo actores de Cambiemos, ni aliados, que hayan alzado su voz contra esta arbitraria detención. Es probable entonces que merecer el repudio de los organismos de derechos humanos más prestigiosos del mundo, no sea para Macri tan grave como recibir voces contrarias dentro de su propio espacio. Esto no es bueno ni malo en sí mismo, pero dennota una forma de construir hegemonía política.

Pero si se constata este escenario, entonces es necesario matizar el supuesto carácter conciliador y componedor que implicarían estas ‘marcha atrás’ del gobierno.

Lo que se observa en realidad, es que el gobierno no da marcha atrás cuando la oposición obstaculiza o critica una medida suya: lo hace cuando sus aliados se separan de su dirección política. Esto, en rigor, plantea un elemental dilema en la construcción de las alianzas.

Por otra parte, varios medios confirman que el gobierno nacional en cada uno de estos casos encargó encuestas de opinión para medir la repercusión de cada medida. Esos medios periodísticos confirman también que, respecto del fallo del 2×1, la proporción entre personas que repudiaban el fallo y quienes lo avalaban, era de 80 a 20 por ciento respectivamente.

No sabemos si Cambiemos cuenta con una encuesta de opinión que mida la simpatía respecto del encarcelamiento ilegítimo de Milagro Salas, pero cuesta creer que –con la enorme campaña de demonización mediática que recibió esta dirigente-, los guarismo sean en este caso tan favorables a cumplir con los reclamos de los sectores de derechos humanos.

Otro elemento que aparece en el análisis es el nivel o no de atomización en los reclamos. Tomando el ejemplo de los tarifazos, allí no hubo ninguna movilización masiva ni unificada para repudiarlos. Solamente ocurrieron protestas diseminadas territorialmente, y sin organizaciones que pudieran dirigirlas políticamente, ni unificar el reclamo.

Respecto del caso del 2×1, el ejemplo es diametralmente opuesto: los organismos históricos de derechos humanos se convirtieron rápidamente en el vector único e incuestionable para canalizar el descontento. Tanto así, que la enorme movilización del 10 de mayo contra el 2×1 reunió a sectores peronistas, kirchneristas, de izquierda trotskista e independiente, además de a referentes del Frente Renovador y la UCR.

Así, el sentido del reclamo expresó una legitimidad incuestionable, que desbordó de carácter partidario al reclamo. En este caso, fue la oposición la que, en los términos de Antonio Gramsci, logró una hegemonía transitoria en el reclamo: es decir, logró contener y volver legítima su política, inclusive para los grupos adversarios.

Por último, algo de todo esto también se explica en función de los acumulados sociales y políticos históricos que representa una sociedad. Es evidente que hoy el reclamo contra la impunidad a los genocidas de la última dictadura es un piso consolidado en la consciencia colectiva de nuestra sociedad.

Esto responde a varios motivos, que sería largo enumerar en este artículo. Pero la legitimidad histórica de los organismos de derechos humanos, las luchas incansables y sostenidas de cientos de organizaciones, movimientos y partidos por memoria verdad y justicia, sumadas indudablemente a una política de Estado tomada durante los últimos años que fortaleció el horizonte de justicia respecto de los delito de lesa humanidad, son algunos de los factores que permiten explicar este acumulado social.

Por ello, más allá de los designios de cada gobernante o de cada alianza en el poder, es evidente que será difícil retrotraerse de ciertos pisos de acuerdos democráticos que felizmente se han alcanzado.

No obstante, esta realidad muestra una contracara. La posibilidad de que el gobierno haya avanzado con los tarifazos siderales, también entonces podría alumbrar un déficit en cuanto a los niveles de acuerdos y de consciencias colectivas. La ilegítima prisión actual de Milagro Salas también alumbra un déficit al respecto.

Por otra parte, también este derrotero de medidas muestra que la apelación a la ‘independencia de la justicia’, es en el caso del gobierno apenas una excusa para explicar sus decisiones políticas. Si así fuera, ¿cómo se explicaría que el gobierno haya actuado de manera tan opuesta, tomando el fallo del 2×1 y el que condena a Milagro Salas, si en ambos casos se trató de decisiones de un poder independiente?

Lo que queda en claro es que el gobierno avanza decididamente sobre su programa político, económico y judicial. También es claro que necesita mantener su alianza con la UCR, con la CC y sobre todo con Elisa Carrió, en pos de llegar a las elecciones con chances de ganar. También es cierto que este gobierno es lo suficientemente flexible con su ideología, como para revertir parcialmente medidas tomadas, en caso que considere que eso le granjea simpatía social.

De parte de la oposición, el análisis muestra que la posibilidad de hacer retroceder al gobierno aumenta si el reclamo trasciende las fronteras de los grupos opositores, logrando permear a los aliados del gobierno. Por otra parte, y más allá de lograr dicha adhesión, también la oposición tiene mejores perspectivas para lograr sus demandas, cuando los reclamos son canalizados de manera unificada, con una dirección política clara y contundente. Lo acontecido con el repudio al fallo del 2×1 lo demuestra, al tiempo que recuerda la enorme vigencia de ciertas fronteras democráticas de nuestra sociedad.

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