“Debemos seguir haciendo del movimiento feminista nuestro campo de batalla”

Por Florencia Alcaraz, Yamila Picasso y Laura Salomé Canteros / Foto: Clacso

Luz Patricia Mejía es Secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará y ex Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Llegó a la Argentina para el debate rumbo a la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.  

Aún cuando Luz Patricia Mejía era Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, Comisionada y Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se definía como una “mujer machista en deconstrucción”. “Crecí en una familia machista, me he educado en una universidad machista y vivo en un mundo machista. Estuve marcada por todo un patriarcado que lo chupé desde la infancia y lo tengo en el código ADN”, decía en ese entonces. Una de las deconstrucciones más fuertes de ese proceso fue la crianza de su hija Amanda que ahora tiene 13 años. Hoy se define como feminista convencida y convincente. Y militante por una justicia feminista. “Ha sido un tránsito duro y largo. Descubrir el amor feminista, descubrir que las desigualdades que antes parecían naturales no lo son, es un proceso complejo. Ser feminista es maravilloso pero complejo”, cuenta sobre su propia historia.

Hoy es Secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es abogada, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Llegó a la Argentina para exponer en el Congreso de la Nación en el marco de las audiencias informativas sobre interrupción voluntaria del embarazo. Antes de intervenir en el plenario de comisiones habló con Marcha sobre despenalización y legalización del aborto, pero también sobre el avance de los feminismos en la región y la reacción de las iglesias evangélicas y los fundamentalistas religiosos, entre otros temas.

No es la primera vez que venís a la Argentina, ¿cómo será esta vez tu participación en el Congreso?

Quiero reconocer el gran debate que se está dando en Argentina y que, creo, es un debate que va a abrir las puertas para otros Estados. Sobre todo en las condiciones en las que Argentina está dando este debate. Por eso para nosotras era muy importante estar acá. En segundo lugar quiero reconocer la apertura que hay. Estuve hace algunos años-en 2011-en el marco de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados y nos encontramos con unas reacciones muy virulentas. Es muy importante estar aquí para tender puentes hacia otros Estados que requieren tener este debate. Hay un movimiento masivo que es de muchas mujeres pidiendo en la calle reivindicaciones que históricamente han sido de la agenda de género pero que hoy en Argentina están planteadas en toda la primera plana de las grandes discusiones. Empezamos por la despenalización del aborto, pero también tuvimos una agenda sobre paridad, sobre la recolección de datos e indicadores, exclusión e igualdad. Hay una agenda de género que está masificada y eso hace que los temas de la agenda de género estén también en la agenda política. Eso para nosotras es muy relevante.

El 13 de junio se debate en el recinto y estamos ante la posibilidad de tener media sanción. ¿Cuál es la importancia de este salto legislativo para la región?

Con respecto a la despenalización que se está tratando en Argentina y que ya se aprobó en Uruguay nos permite mostrar elementos a la región, una región marcada por el sistema de causales fundamentalmente y que aún guarda la prohibición de aborto. Recientemente Chile salió de ese lugar e incorporó un sistema de causales. Es un llamamiento a ese ejercicio progresivo de los derechos de las mujeres, a cambiar los sistemas que hoy tienen un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres.

Estamos hablando del sistema penal que es controlado históricamente por hombres decidiendo sobre la vida y los cuerpos de las mujeres. Un sistema construido sobre profundos cimientos de estereotipos de género donde las mujeres tenían un rol reproductor y sobre la lógica de ese rol aparece el cuestionamiento a que las mujeres tomen una decisión distinta a la que el mandato estaba establecido. Y entonces aquí de fondo: estamos planteando una discusión sobre igualdad. Lo que queremos dejar en claro que es un debate sobre igualdad, sobre acceso, sobre ejercicio de derechos. Y todos estos derechos están establecidos en los instrumentos internacionales y de manera muy concreta en la Convención de Belém do Pará, que es la convención para erradicar todas formas de violencia contra la mujer. Esta Convención trae al mundo internacional obligaciones a los Estados para garantizar estos derechos está trayendo el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva, el derecho a la no-discriminación. Pasando por estos derechos tenemos que caminar como región hacia un proceso de despenalización del aborto que es el debate que ahora se está dando.

Entonces, para que quede claro porque muchas veces este es un argumento de los grupos anti-derechos, ¿en el derecho internacional y los tratados internacionales hay algún obstáculo para la legalización del aborto en Argentina?

Las Convenciones garantizan el derecho de las mujeres: Belém Do Pará, la CEDAW y los órganos intérpretes de estas Convenciones han venido desarrollando una doctrina clara de igualdad sustantiva de los derechos de las mujeres y con respecto al derecho a la vida no deja ninguna duda: frente a cualquier duda con respecto a la vida, lo que se debe privilegiar es la vida de la mujer. El debate con el nasciturus es un debate que tiene que ver con un proceso de gradualidad y no admite comparación alguna frente a un derecho absoluto. Está el derecho de la mujer a la vida y el del fruto de un embarazo que podría desarrollarse y convertirse en persona. El caso Artavia Murillo es muy claro en desarrollar esta doctrina. El debate, además de ser respecto al derecho a la vida de las mujeres, es un debate respecto a la libertad de las mujeres, respecto a la autonomía, a que tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestras vidas que puede impactar en nuestros proyectos a futuro. Este es el corazón de los tratados internacionales de los que Argentina es parte.

Hablo muy concretamente, de la Convención CEDAW, de Belém Do Pará y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde el caso Baby Boy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que estableció es que el término se establecía porque el derecho a la vida no se estaba planteando en términos absolutos. Para esa época existía la pena de muerte y también existía el aborto en los países que formaban parte de la Organización de Estados Americanos. Bajo ningún concepto puede ser interpretado como una limitación al aborto que en ese momento era legal en distintos Estados parte.

Para cualquiera que haya estudiado el derecho internacional los tratados internacionales lo que protegen es la vida de las mujeres y de las niñas.

¿Cómo se relacionan la falta de una ley de aborto legal, seguro y gratuito y la violencia institucional?

Nosotras dijimos y el Comité en el informe que hizo recientemente sobre embarazo infantil y violencia sexual que los mecanismos que establecen abortos, no son otra cosa que mecanismos de violencia institucional contra las mujeres. Cuando hablamos de violencia obstétrica no solo estamos hablando de una violencia que tiene que ver con el proceso del parto: las mujeres tienen derecho a un aborto y tienen derecho a recibir información sobre las opciones que tienen frente a un embarazo no deseado y esa información no es dada. Porque la prohibición del aborto o las causales, que no terminan de ser implementada,s es generada por un conjunto de valores que no han sido cuestionadas y no han sido eliminados. El Estado también tiene que ser responsable. Una vez que garantiza el derecho a la vida de las mujeres, tiene que garantizar la eliminación de los abortos inseguros y tiene que garantizar la eliminación de todos los obstáculos para que una mujer no tenga que pasar por un aborto inseguro. En ese sentido, la violencia institucional es el mecanismo que utiliza el Estado o sus agentes como mecanismo para evitar que las mujeres puedan tener acceso a un aborto seguro.

¿Es lo mismo un aborto seguro que un aborto legal?

Hay que distinguir entre aborto seguro y legal. El aborto seguro es que las mujeres puedan tener acceso a medicina, funcionarios o médicos y médicas especializadas y acceso a la tecnología. Los Estados tienen la obligación de que las mujeres vivan libres de violencia y que crezcan libres de estereotipos de género. La prohibición del aborto no es otra cosa que la reproducción de los estereotipos de género a través de la norma penal. Eso hay que decirlo claramente. Contra eso se ha desarrollado un sistema de protección de los derechos de las mujeres.

¿Cómo ves los feminismos en Latinoamérica y el Caribe en el marco de una región donde el conservadurismo avanza en los gobiernos y los Estados se patriarcalizan?

Cualquier persona que, como yo, trabaje en Derechos Humanos, no puede estar sino felices ante un movimiento de mujeres que está despertando masivamente a lo largo de la región. Por eso hay tanta reacción y tanto patriarcado queriendo retomar los mecanismos de poder y control sobre los cuerpos y las vidas de mujeres. A mayor participación política de las mujeres, mayor es la violencia porque hay una reacción, nadie cede privilegios sin tensión. El acceso a derechos, la reivindicación y la lucha supone una tensión entre quienes se sienten amenazados por quienes no estamos disfrutando de los mismos derechos. El valor reproductivo no tiene costo o el costo solo está sobre los hombros de las mujeres. Es evidente que frente a eso hay una reacción que está cuestionando la igualdad. Esta es una región donde el movimiento feminista ha sido la vanguardia en exigir la igualdad sustantiva de las mujeres. Ha discutido el androcentrismo de la ley y del Derecho. Y planteando una justicia reivindicativa desde los derechos de las mujeres. Eso es indetenible. No hay nada que nos pare.

¿Cómo evalúas el rol de las iglesias -sobre todo evangélicas- en los partidos políticos y los parlamentos en América Latina y el Caribe?

Venimos de una experiencia muy concreta, en Costa Rica las ministras se planteaban la irrupción de la religión, de las religiones, masivas como la evangélica y también movimientos católicos extremos. Estos movimientos anti- laicidad del Estado están, de nuevo, queriendo tomar espacios de poder político, y eso está articulado con el avance de los derechos de las mujeres. Porque no es extraño que luego de un período de muchas mujeres con altos cargos de poder, con visibilidad pública, con agenda de género, con discursos progresistas en muchos espacios, haya habido una ola de reacción al movimiento social frente al capitalismo despiadado que afecta la vida de todos y de todas.

La presencia pública de las mujeres genera una reacción y esa reacción creemos que se está evidenciando en estos modelos de participación política evangélica que tienen fuertes manifestaciones cuestionando el derecho a la igualdad. Son movimientos que llaman a que las mujeres vuelvan a sus casas, a que no cuestionen la maternidad, a que volvamos al silencio del orden de lo privado. Lo que rompimos hace años en las calles de la región. Porque no tenemos una presidenta, pero tenemos la participación activa y protagónica, y eso genera reacciones, resistencia a la pérdida de privilegios, a la pérdida de tener a alguien en casa cuidando mientras yo, hombre, estoy afuera decidiendo como el páter familia. Por eso, las ministras de la región decidieron hacer unos lineamientos muy concretos a esos señalamientos de post verdad. Cómo afectan las creencias respecto de esa igualdad sustantiva que hemos alcanzado pero que en algunos casos seguimos trabajando porque todavía nos cuesta la plenitud de la igualdad.

¿Te parece que hay una estrategia global que se despliega para incidir en las legislaciones?

Tienen un patrón común: la organización, con muchísimos recursos, fondos que se están moviendo a nivel internacional dramáticamente. Sus temas son los mismos de la agenda de género: negar la participación política de la mujer, cuestionar la cuota, negar la paridad, impedir la legalización del aborto e irrumpir en el principio de estado laico. Tener participación activa en las agendas legislativas de los países y en los debates públicos. Hay un movimiento organizado, no es casualidad que aquí, en Brasil o en Colombia se hable de la “ideología de género”. Son un movimiento amplio, articulado y con acceso a los medios que les están dando un espacio muy grande.

El movimiento de Derechos Humanos, por la democracia, por el progreso de los pueblos, pasa por pensar a esta organización, que no es solo el movimiento feminista de un lado; es por el desarrollo, por la democracia, por el fortalecimiento de los pueblos. Porque hay cosas que estos grupos organizados, profundamente ideologizados, quieren volver a poner en la agenda pública y es una agenda que va desde el norte al sur de esta región.

¿Qué opinión te merece que estemos a las puertas de conquistar un derecho fundamental para las mujeres en una etapa de avance de las derechas en toda la región? ¿A qué se debe?  

Bueno, el movimiento feminista y de mujeres ha sido fundamental para releer el derecho y la justicia, y eso ha pasado en toda la región. Las mujeres hemos sido fundamentales para plantearnos el derecho a ser humanas, a disfrutar lo mismo en igualdad de condiciones. Ya tenemos muchos movimientos sociales donde se cruzan las desigualdades, las exclusiones sociales históricas. Por eso pienso, que como nunca antes, ha habido un proceso de politización en la región que nos ubica también ideológicamente. Y ahí no marcaría si hay un feminismo de izquierda o hay un feminismo liberal, pero sí que como movimiento, el feminismo se congrega alrededor de una agenda que es común para todas. Y eso pasa en todos los países, porque tiene que ver con la autonomía.

La discusión del tema del aborto es de hace 50 años y estamos todavía en ella porque vinieron muchos gobiernos que sacaron el tema de la agenda y no volvimos a estar allí.

Es una discusión que va relacionada con el tema de paridad y no podemos desvincularla. Las mujeres deben estar representadas. ¿Cuáles mujeres? Las de izquierda, de derecha, las católicas, las evangélicas, las que vivimos en nuestros cuerpos las limitaciones del Estado de derecho, del Estado de justicia. Porque vivimos en sociedades donde la mitad del mundo, los hombres, han decidido sobre nosotras, y por eso, la paridad va articulada con todo esto. ¿Cómo se posicionan los gobiernos? Bueno, debemos seguir haciendo del movimiento feminista nuestro campo de batalla como parte del movimiento social y tantos otros: ecologista, en contra de las grandes empresas, contra el arrase de la tierra, del territorio y de los cuerpos de mujeres como mecanismos de colonización.

¿Qué noticias llegan del movimiento de mujeres y feminista de Argentina?

¡Llegan noticias maravillosas! Lo que ha pasado con “Ni una menos” es que ya no es un movimiento argentino, es un movimiento de masas a nivel mundial. Es un movimiento que está presente en la reacción de grupos evangélicos y católicos, también en Europa, donde las feministas se están movilizando porque la violencia contra las mujeres no es una violencia que ocurre solo en el silencio de nuestras casas, ocurre en todos los espacios.

De los últimos diez años es el movimiento que ha irrumpido con mayor fuerza y poder en términos de visibilización. Si la Convención de Belém do Pará puso en evidencia que las violencias no son privadas, este movimiento ha puesto en visibilidad que las violencias se dan en todos los espacios donde participamos. El movimiento ha precisado qué es lo que ocurre, quiénes somos, dónde estamos. Y estamos en todos lados. “Ni una menos” ha recorrido la región, pero es el discurso el gran cambio. Porque salió del movimiento feminista para ser un discurso público.