Por Camila Amatriain. El gobierno nacional aumentó el despliegue de gendarmes en la provincia de Buenos Aires. Los pactos y cómo la “inseguridad” mide el termómetro político del kirchnerismo. Golpe de efecto: profundización de la militarización.
Mientras la provincia de Buenos Aires sigue siendo el territorio de mayor confrontación política y de connivencia de las fuerzas de seguridad con el delito, de casos de abuso de la Bonaerense, de gatillo fácil y tortura a los pibes de las barriadas, se produce hipócritamente la denominada política de seguridad para frenar la inseguridad –una línea que viene desarrollando el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni desde hace un tiempo largo, profundizado el control sobre la población- con mayor presencia de personal de Gendarmería como signo de la profundización de la militarización en el territorio.
Militarización en marcha
En este marco, y tras el reclamo de los intendentes municipales kirchneristas ante la gran derrota de las PASO, el gobierno nacional ha dispuesto un aumento de oficiales de Gendarmería en el conurbano, también destinado al llamado Operativo Centinela (creado en 2010 para saturar con grupos de gendarmes las zonas con presencia de delito) a fin de recuperar para octubre los votos perdidos en las Primarias. Cerca de 6 mil efectivos de Gendarmería aportados por destacamentos móviles se trasladarán a la provincia, que en lo concreto significa un aumento de alrededor 2.500 oficiales –semanas antes de los comicios se encontraban cerca de 3.500 hombres asignados al conurbano-.
Primer análisis. El efecto que el gobierno nacional busca imprimir en la provincia, donde las aspiraciones electorales del Frente para la Victoria, específicamente en los municipios de la Primera y Tercera sección electoral, en el Sur y Oeste de Gran Buenos Aires, es remontar la situación de cara a las elecciones de octubre a través de la estrategia política de combatir a la inseguridad con mayor presencia de Gendarmería en los municipios.
Segundo análisis. Con una mayor profundidad en la lectura, la política dura e intervencionista que viene llevando adelante Berni en el conurbano con una clara estrategia de militarización del territorio. En este sentido, la intervención de la Gendarmería en la conflictividad social no es nueva: desde sus comienzos tuvo como mérito, un gran despliegue con capacidad de intervenir rápidamente en cualquier conflicto, sobre todo cuando éste amenazara la “gobernabilidad”. La prevención del delito de esta fuerza de seguridad de carácter nacional, fue introducida por la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré. Ahora, personal con adiestramiento especial de seguridad y antitumultos operará en el conurbano con tareas específicas y asentados en determinados barrios, o sea: vigilar la pobreza y controlar a los jóvenes de los barrios marginales.
En el medio, qué sucede con la actuación de la Bonaerense, las confrontaciones que ha tenido Scioli con el gobierno nacional y el pacto con el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Ricardo Casal y cómo se configuran los negocios de las mafias político policiales actuales, de cara al 2015.
Hombres en armas. Pactos de sangre.
La policía bonaerense es amo y señor en el territorio bonaerense. Un proceso que se inició antes pero se profundizó en los ’90, convirtió a la provincia en una fuente de ingresos proveniente de negocios clandestinos de todo tipo: armas, prostitución, trata, narcotráfico y así podría continuar la lista. ¿De qué se trata y con qué nivel de profundidad una fuerza como la Gendarmería promete “seguridad” en territorio de la bonaerense? Desde el Ministerio se habla de una necesidad de romper con la cadena de transmisión entre los niveles de inseguridad y la Policía Bonaerense. Lo que puede agregarse, es que desde hace unos meses y tras el tormentoso romance entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli y la presidenta Cristina Kirchner, hay un reacomodamiento político de la Bonaerense, producto de algunos ruidos –un rumor que huele más a operaciones que a una modificación en lo real- en el pacto histórico que mantiene Scioli y Casal (el primero no se mete en los negocios de la fuerza, y el segundo, juega y cuida al sector político más allegado al gobernador)
Este pacto sólo tambaleó en 2011, cuando el intento de una intervención directa de la Casa Rosada sobre el área de seguridad de la provincia, resultó en la última jugada del gobernador para conservar el poder sobre la política de seguridad: mantuvo a Casal, cambió la cúpula de la bonaerense, y designó a Hugo Matzkin como nuevo jefe de Policía. Scioli es Casal y Casal es Scioli. Ser previsor como señala el mismo gobernador, tiene que ver con una alianza estratégica en el conurbano. Con Casal, ningún sumario avanzó antes que la causa judicial. Dado que la justicia bonaerense rara vez investiga denuncias por apremios o torturas, tampoco hay sumarios internos a sus autores. En esto, consta su base de confianza.
El conurbano, ficha fija de apuesta para octubre.
El ministro de Seguridad, Arturo Puricelli afirmó que este gobierno aumentó en la última década, más precisamente desde el 2003, un “1.906 por ciento del presupuesto en Seguridad”. Para ello el gobierno ha tomado la decisión de hacer ingresar gran cantidad de efectivos a las fuerzas de seguridad en los últimos años. En 2001, la Gendarmería Nacional tenía 18 mil gendarmes. Hoy, tiene más de 34 mil, lo que significa un 88 por ciento de aumento. Lo mismo ocurrió con la Policía Federal, que de 31 mil oficiales en el 2001 pasó a 44 mil en el 2013, lo que significó un aumento del 40 por ciento.
La Bonaerense puede ser un mono con navaja en tiempos electorales, el clima político kirchnerista no está para bollos y el plan de Berni es profundizar una definición que se tomó en 2010: la intensificación de operativos de control poblacional en territorios como villas, asentamientos, y complejos habitacionales o monoblocks. La militarización tiene como contrapartida la naturalización de la violencia estatal. Octubre se acerca verde al Conurbano y la criminzalización de la pobreza se disfraza de seguridad pública.