Desalojaron una toma en Claypole: la respuesta del gobierno a la crisis habitacional

Por Daniel Sticotti y Camila Parodi

En el día de ayer la Policía Bonaerense desalojó a las más de 70 familias que se encontraban tomando un predio en el Barrio Esther de Claypole. La única respuesta del gobierno y su entramado judicial a la emergencia habitacional sigue siendo de violencia y represión.

Hace ya una semana que familias provenientes del mismo barrio decidieron ocupar un predio que, hasta ese momento se encontraba en situación de abandono. Si bien este accionar fue llevado a cabo para resolver las situaciones particulares de vivienda que cada uno/a atravesaba también da cuenta  de una resolución colectiva ante la crisis habitacional, la especulación inmobiliaria y la falta de acceso a un terreno propio. Desde el primer momento tanto las familias integrantes de distintos movimientos sociales como aquellas independientes se organizaron en asamblea y trazaron los terrenos para dividirlos de forma equitativa dejando lotes para espacios comunitarios. A su vez, a lo largo de las asambleas se designaron las y los distintos referentes.

Sin embargo, desestimando que ese terreno no tenía utilidad y que las y los vecinos del Barrio Esther de Claypole habían logrado recuperarlo y así logar el sueño del terreno propio, en el día de ayer llegó la orden judicial correspondiente al Juzgado de Garantía nro 1 de Tribunales de Lomas de Zamora realizada por un privado para exigir su inmediato desalojo. Durante la mañana de ayer, las familias que se encontraban en el predio amanecieron con la Policía Bonaerense acatando dicha orden de desalojo. Marcha dialogó con César integrante del Frente Popular Darío Santillán, una de las organizaciones que hacia parte de la toma, para ampliar la información.

¿Nos podrías contar en qué situación se encuentran las familias que decidieron realizar la toma en el Barrio Esther?

Lo que sucede en la toma al día de hoy (por ayer jueves) es un proceso de desalojo de alrededor entre 70 y 90 familias, no pudimos realizar un ceso así que no tenemos el número exacto pero pensamos que alrededor de 90 familias son las que estuvieron sosteniendo la toma a lo largo de estos 8 días. La verdad es que se ha organizado bastante bien ante la situación que los vecinos y las vecinas están pasando, en el cual muchas y muchos están desocupados o una sola persona de la familia tiene trabajo, tienen varios hijos.

Y entendemos que suceden dos situaciones que llevan a las familias a realizar la acción directa de la ocupación, por un lado la elevación de los precios de los alquileres que ya en el año 2016 subieron un 10 por ciento, el año pasado un 15 por ciento y este año se estima que va a llegar a un 30 por ciento anual, sumado al precio de las tarifas de los servicios esenciales, más una devaluación de la moneda del peso argentino y una inflación sobre los alimentos que también va en alza. Todo esto hace que el costo de vida en servicios y alquiler se vaya el 70 por ciento del sueldo de las personas, lo cual hace que sea casi imposible pagar mas el alquiler.

Por un lado está esa situación, y por otro lado no poder acceder a la vivienda por el alto costo que tiene comprar un terreno hoy, los terrenos que ocuparon las familias están valuados entre 250.000 y 400.000 pesos, lo cual hace imposible pensar en adquirirlo para cualquier familia tipo. Entonces se vive en un contexto de hacinamiento, en un solo lote viven alrededor de 3 o 4 familias, lo cual implica 20 personas viviendo en un lote de 10x30mts, eso hace que las familias vivan en esa situación tan difícil de precarización de la vida y no puedan acceder a una vivienda digna.

¿Quiénes componen este proceso y cuáles fueron sus argumentos para realizarlo?

La componen familias enteras que viven en estado de hacinamiento o alquilaban, familias también que están dentro de las organizaciones sociales y sobre todo mujeres en situaciones de violencia de género y vulnerabilidad. La compone gente del barrio y sus alrededores, por eso había una empatía muy fuerte de gran parte de los vecinos y las vecinas. Sobre todo porque ahí existía un desarmadero de autos, habían surgido casos de abuso hacia algunas vecinas del barrio y estuvieron asentados bunkers de drogas, que han sido expulsados por los mismos vecinos y vecinas y las organizaciones sociales que habitamos estos territorios, entre ellas el Frente Popular Darío Santillán.

¿En este marco, qué lectura hacen sobre el actual contexto político social?

Creemos que hay una combinación de diferentes factores económicos, desde donde se están transfiriendo recursos de los sectores más empobrecidos a los sectores más ricos de la clase dominante, lo que hace que se vuelva todo más cuesta arriba para la gente. La mirada que tenemos como Frente Popular Darío Santillán en cuanto al acceso de la vivienda es una mirada absolutamente negativa, por lo menos en el conurbano bonaerense vemos que es imposible llegar a poder adquirir un terreno, salvo que tengas un sueldo de $50.000, que lo tiene un porcentaje muy pequeño de la población, dejando al resto condenados a vivir en situaciones de hacinamiento. Con un grado de especulación inmobiliaria grandísimo, por lo menos en la zona nuestra de Alte. Brown, en el cual están emparentados sectores de la clase política con empresarios y además amparados por el poder judicial, que todo el tiempo se expide y termina tomando decisiones políticas y jurídicas a favor de los más ricos, y en desmedro de los que menos tienen.

Lo que vemos es que hay una situación de emergencia habitacional en el conurbano bonaerense, que debería ser declarada para que se destinen recursos desde el estado y atender esta problemática, porque entendemos que esto va ir en escalada y que esta va a ser la primera de unas cuantas ocupaciones que habrá cuando se vuelva insostenible la cosa. También vemos que el estado no garantiza uno de los derechos humanos básicos que es el acceso a la tierra y la vivienda digna, no da ninguna respuesta, no plantea una relocalización de las personas con este problema, miran para un costado y se patean la pelota entre nación, municipio y provincia acerca de quien debería atender esta problemática, que es parte de una cuestión de clase y que se vive en diferentes puntos de la provincia.

¿Cuál es la respuesta de las organizaciones a la emergencia habitacional?

Básicamente es acompañar a los vecinos y las vecinas en todo este tipo de medidas, orientar desde lo legal y lo jurídico, hacer el enroque entre los vecinos y las vecinas y todo lo que tiene que ver con las herramientas legales para acceder a la vivienda digna. Organizar e intentar que todo ese sentimiento individual que existe en la sociedad se pueda colectivizar, se pueda generar un barrio digno, construido con otros valores, donde exista un comedor comunitario, se le de importancia a la niñez, a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, para poder dar una respuesta a toda esa cuestión. La organización en eso acompaña y aporta todo el camino recorrido durante estos 18 años, entendiendo que la familia se está enfrentando a esa situación de especulación inmobiliaria y de avance sobre sus derechos, pero también ante poderes grandísimos como son el estado y los empresarios. Estamos convencidos y convencidas de que estas cosas se ganan luchando, se ganan con organización y colectivizando las luchas. Ponemos el esfuerzo máximo para poder contener a las familias, que no se desmadre la toma, entendiendo las tensiones que hay en los barrios, y conteniendo no en el sentido de que la gente no luche, si no todo lo contrario. Además de todo eso juntar a todos los responsables políticos para poder tener un debate con las familias y poder dar una solución concreta.