Francisco J Cantamutto. Un informe oficial recientemente difundido ratifica que el caso Ayotzinapa es sólo la punta del iceberg: en los últimos ocho años desaparecieron en México más de 23 mil personas. Las cifras detalladas de un panorama desolador.
A poco de cumplirse cinco meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Iguala, estado de Guerrero, se conocieron datos oficiales que confirman el mapa de extrema violencia que vive el país.
Desde que el gobierno de Felipe Calderón (PAN) declarara la “Guerra al narco” al asumir su mandato en 2006, la violencia se ha incrementado en una espiral que no muestra señales de detenerse. El actual presidente, Enrique Peña Nieto (PRI), dio continuidad a esta política, manteniendo las fuerzas armadas desplegadas en el territorio mexicano.
Ambos gobiernos realizaron una estimación oficial de personas desaparecidas, a través del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que recuperan datos desde enero de 2007 a octubre de 2014. La base de datos es importante porque refiere a los datos que el Estado reconoce como verdaderos, al margen de otras estimaciones que indican otras cifras. Fue elaborada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con lo cual, sus guarismos forman la parte de la visión oficial de la realidad. La base no distingue razones imputadas de la desaparición ni otros detalles relevantes.
A partir de esos datos, depurados por un investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la revista Proceso hizo público un informe sobre la situación (1) que revela que la cifra total de personas desaparecidas en casi ocho años asciende a 23.272. O lo que es igual, unos escalofriantes 2.909 habitantes desaparecidos por año. En los seis años de gobierno de Calderón, desaparecieron 13.888 personas, mientras que las restantes 9.384 corresponden a los casi dos años consignados en el gobierno de Peña Nieto. O sea, cuatro de cada 10 desapariciones registradas desde 2007 ocurrieron en los últimos dos años. Si durante el gobierno del PAN desaparecía una persona cada 4 horas y 5 minutos, durante el gobierno del PRI desparece una cada hora y 52 minutos.
Según los perfiles de la base de datos, la mayor parte de los desaparecidos son hombres. Y además son jóvenes: cerca de un tercio de los desaparecidos tenían entre 15 y 29 años. En un país desolado por el empleo precario, ser joven se paga con la vida. Incluso la cruenta realidad no termina allí: en los últimos dos años, uno de cada diez desaparecidos es un niño de 0 a 4 años.
En términos regionales, el Distrito Federal mostraba los peores índices durante el gobierno de Calderón, mientras que en el de Peña Nieto, Tamaulipas tomó la delantera. Tomado en términos del tamaño de la población, Matamoros y Nuevo Laredo persisten en ambos períodos como dos de las ciudades con peores índices. Llamativamente, Guerrero es una de las entidades federativas con menos casos. Incluso la localidad de Iguala, donde ocurrió el lamentable hecho de los normalistas, tiene escasos registros en la base de datos. Es decir, no se trataba de una zona particularmente violenta, al menos, en el sentido aquí referido.
Justicia por Ayotzinapa
Entre el 26 y 27 de septiembre del año pasado, se dejó de conocer el paradero de 43 estudiantes que iban a reclamar al gobierno municipal de Iguala. Múltiples hipótesis se han tejido alrededor de esta desaparición masiva, que involucran al narcotráfico y la connivencia estatal a diferentes niveles. Recientemente, la Procuraduría General de intentó dar por cerrada la investigación, al contar con la declaración de un sicario, que explicó su crimen y cómo habría hecho desaparecer hasta los huesos de las víctimas. De esta forma, el Estado busca poner fin al reclamo de los familiares, que continúan su lucha al grito de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Desaparecidos los cuerpos, se busca que desaparezcan del lenguaje público.
Sin embargo, sólo se han reconocido hasta el momento los restos de uno de los estudiantes en cuestión. El Equipo Argentino de Antropología Forense, de reconocida trayectoria internacional, trabaja desde hace meses acompañando el caso, identificando cuerpos y restos en una indecente cantidad de fosas, pero no ha dado con los normalistas. El Equipo publicó un informe detallando las irregularidades de la investigación, lo que ocasionó un fuerte choque con la palabra oficial, irritada por esta desautorización.
El caso sigue abierto, destapando corrupción y violencia. En la última semana, la activista Norma Angélica Bruno Román, integrante de la Comisión Ciudadana para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, fue asesinada a balazos, mostrando que la situación sigue siendo delicada.
El contexto nacional mexicano muestra a las claras un estado de situación social y política crítica. El gobierno de Peña Nieto tiene aún por delante casi cuatro años de mandato. Los familiares de Ayotzinapa no han cejado en sus reclamos y, a casi cinco meses de la desaparición colectiva, siguen reclamando por una investigación a fondo. Algunas organizaciones han levantado la demanda de una constituyente social que ponga sobre la mesa los verdaderos problemas del pueblo mexicano, recuperando la reciente experiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionó en el país. Está por verse hasta dónde lleva el gobierno su divorcio de la realidad que sus propias cifras describen.