Por Lucrecia Fernández, desde Córdoba. El martes pasado se cumplió un año de la desaparición del joven cordobés de 20 años Facundo Rivera Alegre, conocido como “el Rubio del pasaje”. A la fecha la Justicia de Córdoba no ha dado ningún dato, avance o pista sobre la causa.
En la madrugada de ese sábado nefasto para la familia Alegre, el Rubio, como era conocido en su barrio natal de Juniors en Córdoba Capital, salió del local bailable Estadio del Centro, donde organizaba un recital de cuarteto el empresario de la noche Damián Córdoba. Se dirigió a su casa donde su mamá, Viviana Alegre, y la pequeña hija del joven lo esperaban pero jamás llegó.
Al cumplirse un año de aquella noche, sólo el silencio judicial y el del gobierno provincial de José Manuel De La Sota rodean el caso, a pesar de la lucha constante de la madre de Facundo, de su familia y amigos, así como de las organizaciones y personas que acompañan esta causa. Se presentaron pruebas, testimonios y datos del caso pero aun así el fiscal Alejo Moyano y los jueces hicieron caso omiso. Sin mayores pruebas, siguen la línea del “ajuste de cuentas” y sugieren que el joven tenía problemas con narcos. Hasta intentaron instalar la sospecha de que Facundo podría haber abandonado el país por sus propios medios.
Sin embargo, Viviana rechaza estas versiones y culpa a las fuerzas de seguridad provinciales. “Hacemos responsable a la Policía de Córdoba por acción u omisión. Esa noche hubo golpiza policial, eso lo dicen muchos testigos, pero el fiscal no lo tiene en cuenta”, comentó la mujer, ante la consulta de Marcha.
El caso de Facundo es un eco de lo ya sucedido en la provincia de Buenos Aires, con el caso de Luciano Arruga, desaparecido hace cuatro años. Al igual que Arruga, antes de su desapareición el Rubio del pasaje sufrió varias detenciones arbitrarias, amparadas en el Código de Faltas de la provincia de Córdoba que contempla la figura de merodeo y permite la detención de cualquier persona que esté bajo sospecha de “actitud merodeadora”. Son, como comúnmente se las denomina en la jerga callejera, detenciones por “portación de rostro”. En las dos últimas oportunidades registradas, un mes antes de su desaparición, Facundo recibió de parte del personal policial que lo detuvo fuertes golpizas, sin razón alguna.
La cúpula policial y de seguridad de Córdoba marca el oscuro panorama represivo de la provincia en la que ocurrió esta desaparición. Alejandro Paredes, actual ministro de Seguridad de la provincia, después de ser el jefe de la Policía, es un personaje muy cuestionado: el padrino del su primer hijo es Carlos “Tucán” Yanicelli, ex-policía que actuó en el centro clandestino de detención D2 durante la dictadura, fue condenado a cadena perpetua en el caso Menéndez-Videla en diciembre 2010 y es uno de los acusados en la mega-causa La Perla. Por su parte, Ramón Ángel Frías, el actual jefe de la Policía de Córdoba, se negó en 2003 a abrir los archivos de los nombres de la D2 por pedido del ex comisario Julio Giménez para investigar la muerte de su padre. Frías entró a la carrera de policía en época del terrorismo de Estado. Ambos comparten su defensa de una de las leyes más polémicas de la provincia, el Código Contravencional de Faltas. Esta normativa es ampliamente criticada en cuanta movilización en defensa de los derechos humanos se realiza en la provincia. Así se hizo en el festival organizado a un año de la desaparición del joven.
En el marco del festival, llevado a cabo el martes 19 de febrero por la tarde en la plaza Vélez Sarsfield de la capital cordobesa, la madre de Facundo manifestó su dolor ante la ausencia de su hijo y la nula respuesta de las autoridades. “A un año de la desaparición de mi hijo no tenemos nada en concreto sobre adónde se lo llevaron. No se produjo ningún avance por más que el fiscal diga que están trabajando arduamente. A los testigos que vieron la golpiza policial no los tuvo en cuenta. Dijo que nunca los lograron localizar. Sin embargo a un diario cordobés le dijo que sí los habían localizado y habían declarado que era mentira lo que habían dicho. Le pedí cuatro audiencias al gobernador De la Sota y nunca me recibió”, se quejó.
Pero no se desanima: “Seguiremos reclamando justicia, junto con todos. De todas las ideologías políticas les pido que me sigan acompañando, porque esto es un problema universal. Ha desaparecido una persona, no puede haber un desaparecido más. Y menos en democracia. Ya hay muchos desaparecidos en democracia. Le mando un saludo a la familia de Luciano Arruga, yo estoy con ellos y sé que ellos también me están apoyando mucho a mi”. De esta manera, la madre hizo un reclamo urgente que es similar al que hacen los familiares del joven desaparecido hace cuatro años en el destacamento de Lomas del Mirador.