Deshojando la margarita del paro general

Por Mario Hernandez

Luego de la reunión entre el gobierno nacional y la cupula de la CGT y ante la falta de respuesta ante los reclamos de las y los trabajadores, el paro general se hace indispensable.

“La semana pasada tuvimos una buena reunión con la CGT. Nos hicieron una cantidad de planteos y lo único que les dijimos fue que nos comprometíamos a dar una respuesta en diez días. Se generó una expectativa exagerada pero no corre por nuestra cuenta”, afirmó Mario Quintana, Vicejefe de Gabinete.

También Prat Gay sostuvo que “no se acordó absolutamente nada” en la reunión que el Gobierno mantuvo la semana pasada con la cúpula de la CGT, sino que “se tomó nota de los reclamos” y se abrió un período de 10 días para evaluar una propuesta y “ponerla a consideración de los empresarios”.

“Lo de Prat-Gay fue una provocación, esto se tiene que terminar”, retrucó Pablo Moyano. “El bono de 500 o 600 pesos es una vergüenza, no podemos seguir cruzados de brazos. Si no dan respuesta, tenemos que hacer una movilización o un paro general. Siguen dilatando la cosa para no darnos una respuesta definitiva”, dijo.

Sin embargo, el Consejo Directivo de la CGT no avanzó con la pretensión de los sectores más confrontativos de la entidad de ponerle ya fecha al paro general contra la administración macrista. La decisión fue la de respetar el plazo de diez días acordado con un grupo de ministros, que se cumplirá el miércoles, y agotar todas las instancias de negociación posible. Incluso Pablo Moyano se allanó a este criterio. Si finalmente el planteo no prospera, entonces definiría la fecha de la medida de fuerza.

Pese a la apuesta en defensa de preservar el camino del diálogo y la negociación, puertas adentro de la central sindical es cada vez mayor el núcleo de dirigentes que observa con pesimismo el resultado de las gestiones ante el Gobierno. Dentro de esos grupos sospechan que el Ejecutivo solo avanzará con alguna medida para atender la situación de los jubilados que cobran el haber mínimo y los beneficiarios de planes sociales (se menciona un plus de fin de año de entre $ 500 y $ 700) y con la excepción del medio aguinaldo del cálculo de Ganancias, con un tope que se ubicaría entre los salarios brutos de $ 40.000 y $ 45.000.

Ese esquema, sin embargo, no atendería el principal pedido de la central: el pago de una compensación salarial universal con un piso de $ 2.000 para las y los trabajadores estatales y del sector privado. El monto es el ofrecido al gremio de Comercio como reconocimiento de fin de año. La referencia, que admitieron funcionarios y sindicalistas, surge de la propuesta de un sector mercantil al gremio de Comercio de aumentar por el segundo semestre de la paritaria un 15% más un bono de 2.000 pesos. Para ser el faro del debate ese sindicato cumple dos requisitos: es el de más afiliados en la actividad privada (cerca de un millón) y sus sueldos son en general bajos en comparación con otros rubros.

Sin embargo, en declaraciones radiales el mismo Pablo Moyano días después levantó la apuesta: “La CGT no tuvo huevos para pararle al gobierno. Si no hay una definición concreta, no tendría sentido seguir en la CGT” y continuó: “El descontento es muy grande, hay gremios que están pidiendo la reapertura de las paritarias. El Gobierno ha sido muy vivo y enfocó el reclamo en un bono y tapó todos los reclamos que se vienen realizando como si la CGT quisiera hacer un paro por un bonito”.

Las provincias y municipios del Conurbano bonaerense buscaron enfriar el tema y advirtieron sobre la falta de fondos. A modo de ejemplo la provincia de Santa Cruz que gobierna Alicia Kirchner advirtió que cualquier acuerdo que se pueda concretar respecto a un bono, pondría nuevamente en crisis la frágil paz social que vive la provincia.
Del lado empresario, el dirigente de la UIA y de la industria alimenticia, Daniel Funes de Rioja, alertó en declaraciones radiales: “No vemos posible un escenario de un bono generalizado”.

En este sentido, el titular de la Copal especificó que la entidad tiene catorce convenios vigentes y, de ellos, “el más vinculado a la alimentación propiamente dicha, cerró un acuerdo paritario del 36 % desde mayo”, con lo cual una eventual “reapertura del convenio, cuando se está cobrando una de las etapas de ese incremento, no lo veo factible”.

Varios gremios reclaman la reapertura de paritarias

Udocba resolvió otra medida de fuerza docente para el 17 de octubre. El gremio le reclama a María Eugenia Vidal la reapertura urgente de paritarias, blanqueo salarial y saneamiento del IOMA.

Paralelamente, la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) realizó una presentación para que se reabran las comisiones paritarias y le advierten a Vidal que el cierre de esa posibilidad sólo los conduce al conflicto.

Mientras tanto, Vidal nombró a un ex gerente de Techint durante la dictadura a controlar el “presentismo” docente.
Se llama Ernesto Rona, es contador y trabajó para el grupo de Paolo Rocca entre 1978 y mayo de este año. Trabaja desde hace algunos meses en el Ministerio de Coordinación y Gestión Pública de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Roberto Gigante. El ex CEO trabajó durante la dictadura como “auditor operativo” y “Jefe de sistemas” en la planta siderúrgica Siderca, ubicada en la localidad bonaerense de Campana, en la misma época y en el mismo lugar en el que desaparecían unos 70 trabajadores. Y un dato habla por sí solo de la complicidad entre Techint y los genocidas: los terrenos de Siderca fueron cedidos por Paolo Rocca al Ejército y pasaron a ser “jurisdicción” de esa fuerza armada.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) rechazó la tercera propuesta paritaria “del segundo semestre” del gobierno de María Eugenia Vidal realizada el pasado viernes 30 de septiembre y votó un nuevo paro de 48 horas en los 80 hospitales bonaerenses, más hospitales municipales y centros de salud, para el miércoles 5 y jueves 6 de octubre “porque no fue una propuesta integral, solo abordó lo salarial”, según expresó el presidente del gremio, Fernando Corsiglia.

El gremio de bancarios retomó miércoles y jueves las asambleas de protesta que afectaron las últimas tres horas de atención al público, como ya pasó la semana anterior. Reclaman la reapertura de paritarias y la eliminación del Impuesto a las Ganancias.

El miércoles 5 una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras del Estado realizaron una concentración en la capital de Santa Fe. Amsafe, Siprus y la Seccional Rosario de ATE se manifestaron frente a la Casa de Gobierno. El reclamo central fue la inmediata reapertura de la paritaria salarial.

También las y los trabajadores estatales de Córdoba, realizaron una jornada de protesta, con abandono de tareas y movilización, en el marco de la lucha por la reapertura de las negociaciones salariales y el cese de los despidos.
Asimismo, José Pihen, titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) ratificó el “paro total de actividades” para el 20 de octubre, y anticipó la “profundización progresiva” de las medidas de fuerza.

El gobernador Juan Schiaretti manifestó en varias oportunidades que no está prevista la reapertura de paritarias, al sostener que el aumento salarial acordado a principios de año con los estatales, incluidos los docentes, fue superior a la inflación del primer trimestre.

El 4 de octubre confluyeron los docentes universitarios nucleados en la CONADU Histórica y la CONADU en un paro de 24 horas. El 13 y 14 volverá a hacerlo la CONADU-H en reclamo de un inmediato incremento salarial.
Representantes de la empresa Aerolíneas Argentinas y los principales referentes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), liderados por el titular del gremio, Pablo Biró, se reunieron la semana pasada en procura de una salida al conflicto salarial que, a mediados de septiembre último, paralizó los vuelos durante 16 horas.

Fuentes gremiales manifestaron que “si bien no se han registrado avances durante los cuatro encuentros celebrados en las dos últimas semanas, después del paro de 16 horas, hay una mesa de negociaciones que está trabajando”.

El martes pasado trabajadores del Grupo Clarín, Interpack (Grupo Zupán), Morvillo & Quad Graphics, Amcor Tobacco, IPESA , Aluex, New Press y otros numerosos talleres y cooperativas gráficas realizaron una concentración en Avenida Rivadavia y Donato Álvarez desde donde se movilizaron a la Cámara empresaria del sector, la FAIGA (Federación Argentina de la Industria Grafica y Afines), en Ramón Falcón 1657, para reclamar por la reapertura de las paritarias.

Los gráficos reclaman  un 25% de aumento para la paritaria del segundo semestre, que venció en el mes de septiembre y fue del mismo porcentaje, de modo de obtener un aumento del 50% anual, ante una inflación que tomando los números oficiales  del primer semestre se proyecta del 47% anual.

Ofensiva sobre los representantes sindicales

La ex gobernadora Fabiana Ríos y la actual Roxana Bertone pretenden exonerar (despedir como docente) a la dirigente del Sindicato Docente de Tierra del Fuego Verónica Alfonso y 16 trabajadores y trabajadoras más por participar de un reclamo salarial.

“Esto nunca ocurrió en los 33 años de democracia. En el caso de Verónica, entendemos que es víctima de la violencia institucional más cruenta, atentando su condición de trabajadora, su condición de clase y por supuesto por su condición de mujer”, afirmó en Rosario durante el Encuentro Nacional de Mujeres la Secretaria de Prensa del SUTEF, Florencia Villarreal.

Junto con el apoyo de varios miembros de distintos sindicatos, las y los trabajadores del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) realizó el martes una protesta en la puerta de Canal 26 debido al despido de Alejandro Posadas.

Posadas es un activo militante del sindicato, e iba a formar parte de una comisión gremial, por lo que desde SATSAID califican al hecho enmarcado dentro de persecución sindical.

También la multinacional automotriz General Motors lanzó una nueva ofensiva contra Germán Tonero, delgado sindical de oposición en el SMATA, intentando su desafuero gremial.

Este ataque es parte de la persecución que viene dando un salto contra las y los trabajadores desde la asunción del gobierno de Macri, con el cual los empresarios parecen sentirse envalentonadas para avanzar en complicidad con la Justicia y ante el silencio y pasividad de las conducciones sindicales.