Despidos en el INCAA: Claves para entender el conflicto Despidos en el INCAA: Claves para entender el conflicto
¿Qué intereses se esconden detrás de este entramado político-mediático? Despidos en el INCAA: Claves para entender el conflicto

Por Ignacio Marchini / Fotos: Gustavo Pantano

A raíz de un informe presentado por Eduardo Feinmann el martes 12 de abril en el programa Animales Sueltos, el Ministerio de Cultura de la Nación informó -a través de un comunicado oficial- que se disponía el “alejamiento de Alejandro Cacetta de la Presidencia del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA)”. Ese mismo día el director del Instituto presentaba su renuncia. Qué intereses se esconden detrás de este entramado político-mediático.

Con la excusa de buscar una mayor transparencia y ante “la necesidad de acelerar y profundizar todos los procesos de mejora administrativa”, el Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, le pidió la renuncia el miércoles 13 de abril a Alejandro Cacetta, actual ex-presidente del INCAA. Ese mismo día denunció al funcionario saliente ante la Oficina Anticorrupción (OA) y pidió que se abra un expediente de investigación por presuntas “inconsistencias en los gastos que no tendrían justificación”. Paradójicamente, el mismo comunicado oficial aseguraba que reconocía “el compromiso de Alejandro Cacetta a lo largo de su gestión al frente del Instituto”.

El lunes 17 de abril, mientras Ralph Haiek (vicepresidente hasta ese momento del INCAA) asumía la dirección de la institución, a las puertas del organismo una importante movilización convocada por amplios sectores de la comunidad artística se expresaba en contra de la destitución de Cacetta y denunciaba que detrás de la operación mediática se ocultan oscuros intereses que buscan desfinanciar el cine, teatro y música de producción nacional. En una conferencia de prensa organizada por la Asamblea Abierta de la Comunidad Audiovisual, que contó con la presencia de varias personalidades de la cultura como Darío Grandinetti y Cristina Banegas entre otros, tomaron la palabra el actual senador y documentalista Fernando “Pino” Solanas y Luis Puenzo, director de la multipremiada película La Historia Oficial. Este último afirmó que “las respuestas que han dado (el jefe de Gabinete, Marcos) Peña y Avelluto diciendo que no hay conspiración contra el cine son para la gilada”.

A unas pocas cuadras, Pablo Luis Rovito renunciaba a la rectoría de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), que depende directamente y es financiada por el INCAA. El cargo lo ocupaba desde agosto de 2011 y accedió a él a través de un Concurso Público Nacional. En una carta en la que agradeció todas las muestras de apoyo y cariño se desligó de las acusaciones de malversación de fondos de la escuela, enumero los logros de su gestión y aprovechó para poner en duda la idoneidad de Haiek al preguntarse “¿Cómo podría continuar trabajando en la escuela durante su Presidencia, cuando la lógica que el Ministerio esgrime para separar del cargo al Sr. Alejandro Cacetta es incomprensible, en tanto lo deja a usted a cargo, siendo que debería alcanzar el mismo criterio por haber compartido la gestión?”.

A las renuncias forzadas de Cacetta y Rovito se sumaron los despidos de Rómulo Pullol, Gerente de Relaciones Institucionales del INCAA y de Rolando Oreiro y Raúl Seguí, titular de la Unidad de Auditoría Interna y Gerente de Administración, respectivamente. Para reemplazar a este último se designó a Nicolás Yocca, hecho que generó especial controversia debido a su pasado como Gerente de Finanzas de Artear (1990-1994) y Gerente General de Radio Mitre (2000-2008), ambas empresas pertenecientes al grupo Clarín. El control de esta área otorga un alto poder de influencia en el manejo de los fondos.

¿Qué intereses se esconden detrás de la supuesta “lucha contra la corrupción?

Si bien varios funcionarios del actual Gobierno negaron que se vaya detrás de la caja del cine nacional, el repudio generalizado de las mencionadas remociones por casi la totalidad de la industria cinematográfica (incluyendo técnicos, productores, directores, actores, actrices y la mayoría de la comunidad educativa, además de personalidades como Adrián Suar y Juan José Campanella, afines al macrismo) permite sospechar que sus intenciones no son claras. El INCAA es un ente autárquico, lo que significa que es una institución independiente del Estado que se autogobierna y que no se financia en base a los impuestos de los contribuyentes, ya que no recibe una partida del Presupuesto Nacional.

El mayor temor de la comunidad artística responde a la posible intervención del organismo y al vaciamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico (estimado en más de 800 millones de pesos anuales), con el que se financia buena parte de la producción cinematográfica nacional. Este se compone de impuestos especificados en la Ley de Cine 17.741, como el 10% de cada entrada de cine vendida y el 25% de la recaudación del ENACOM (ex AFSCA), la cual se consigue por impuestos que se cobran a empresas privadas de radiodifusión en el país por publicidad tradicional y no tradicional (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522). Esas empresas incluyen los canales de televisión abierta y los proveedores de televisión por cable y satelital.

En diálogo con Marcha Francisco Márquez, docente de la ENERC y director de cine, declaró que “en este momento está en tratativas la Ley de Convergencia de Medios que viene a reemplazar la vetada Ley de Medios, en la que se establece el canon que pagan las televisoras por cable. Se está poniendo en cuestión que empiecen a operar como empresas de telecomunicación, por lo que dejarían de pagarlo. Esa ley se está discutiendo a puertas cerradas. Si es verdad que no se va a tocar el Fondo de Fomento, que nos muestren la ley. Exigimos que se abra a toda la comunidad audiovisual”. El INCAA perdería el 60% de su financiamiento y también quedarían sin fondos el Instituto Nacional de la Música y el Instituto Nacional del Teatro.

En la misma línea, Alejandra Darín, Presidenta de la Asociación Argentina de Actores, opinó que “Si juntas un par de datos como puede ser la quita de retenciones al campo y la minería, ¿por qué no vas a sospechar que le pueden quitar los impuestos a las cableoperadoras?”. Y agregó: “Un tiempo atrás, nos llegó a todos que una consultora llamada FIEL, entre todos los datos que daba, sugería la quita del 10% a las entradas de cine y el impuesto a las cableoperadoras. Nuestra obligación es hacer una lectura previa antes de que esto suceda, lo cual implicaría la muerte de nuestro cine. Y le guste a quien le guste, nuestro cine es una de las puertas más importantes que tenemos para darnos a conocer en el mundo. No podemos tomarlo con liviandad. Esta problemática afecta a los trabajadores de la industria, a los docentes, a los estudiantes, al público y al que no va al cine, a la sociedad argentina. Además es una gran fuente de trabajo, de la que dependen muchas familias: de los técnicos, los actores, los directores, inclusive los empleados de los cines. Hay que tratar de entender que es un problema de toda la sociedad, no sólo de los trabajadores de la industria”.

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