Día Mundial del Hábitat y una deuda que aún no se salda Día Mundial del Hábitat y una deuda que aún no se salda
Otra año sin derechos garantizados Día Mundial del Hábitat y una deuda que aún no se salda

Por Vivian Palmbaum / @vivi_pal

Según establece Naciones Unidas, todos los años se celebra el primer lunes de octubre el Día Mundial del Hábitat. Tal como ellos expresan, una fecha destinada a reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todos y todas a una vivienda adecuada.

En nuestra región el derecho al hábitat está muy lejos de concretarse a pesar de ser un derecho básico para la vida de las personas. Tan solo la semana pasada nuestros pueblos originarios encontraron un poco de respiro con la prórroga de la Ley 26.160 que suspende la posibilidad de desalojo de las tierras que habitan ancestralmente y que se hallan en disputa por la extracción de los valiosos recursos que en ellas subyacen. Sin embargo, al mismo tiempo que la ley protege a los pueblos para no ser desalojados, las condiciones de vida y habitabilidad quedan excluidas del amparo del Estado, con escaso o nulo acceso a servicios esenciales como el agua potable, desagües, transporte, salud y educación, entre tantos factores que permiten un hábitat sustentable.

Hábitat proviene del latín habĭtat, que es la tercera persona de singular del presente indicativo del verbo habitāre, que significa ‘vivir’, ‘morar’. El hábitat es mucho más que la vivienda y comprende el entorno en el cual se incluyen las condiciones de vida. Las legislaciones actuales comprenden al hábitat como un conjunto de factores que componen la posibilidad de vivir con dignidad.

ONU, leyes y políticas públicas

La ONU nos advierte que el día internacional se celebra para “Ssensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes”. Además nos indican que “Cada año el Día Mundial del Hábitat adopta un nuevo tema, que este año hace eje en la necesidad que todo el mundo pueda tener acceso a una casa, para promover políticas de desarrollo sostenible que garanticen una vivienda adecuada para todos”. Hasta aquí un enunciado de un reconocido organismo internacional, que está conectado a las posibilidades de financiamiento desde los organismos multilaterales de crédito, dirigido a aquellos proyectos que se encuadren en estos lineamientos. Unos buenos deseos que se vinculan a la posibilidad de gestionar políticas públicas, vía créditos internacionales, que luego resuelven los estados de manera directa o a través de empresas que se ocupan de la ejecución de las mismas. Una paradoja bastante sensible en estos tiempos: establecer como necesidad el acceso a una vivienda, que se ata a la posibilidad de financiamiento internacional, vía organismos como el Banco Mundial, para que luego sea ejecutado por empresas privadas que promueven los propios gobiernos. Una fórmula bastante sensible que la experiencia parece mostrar asociada a nichos profundos de corrupción que no escapan a los distintos signos políticos que ejercen el rol del Estado.

Así lo muestran algunos ejemplos. El portal del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación refleja esta iniciativa al elaborar un Plan Nacional de Hábitat donde expresa sus buenas intenciones pero cuya ejecución de obra está en manos privadas. Un rápido pantallazo por las licitaciones de obra pública, que promueve esa dependencia, nos muestra que en el mes de septiembre, que acaba de finalizar, las obras licitadas corresponden a calles, plazas, escuelas y universidades, con apenas 18 licitaciones para todo un país, donde no se halla proyectada ninguna obra relacionada con la vivienda.

Ya sabemos que, tal como se viene promocionando, se han ampliado los créditos y el gobierno empuja como políticas públicas de vivienda favorecer créditos que gestiona la banca privada. Algo que está muy lejos de tener en cuenta la protección de derechos de los sectores más vulnerables y con menores posibilidades de acceso a un hábitat justo. Las periferias urbanas son la radiografía de ese entramado de pobrerío que ahora sí ha sido relevado, lo que facilita que los pobladores accedan a los servicios públicos básicos, mientras se le garantiza a las empresas de servicios tener a quien facturarle. Un relevamiento que con el financiamiento del Estado fue realizado por TECHO junto a organizaciones sociales, arrojó que 1 de cada 10 personas vive en asentamientos informales en nuestro país. Un triste récord que con las actuales políticas parece estar destinado a incrementarse.

Producción Social del Habitat Popular versus extractivismo

En la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000 se promulgó la Ley 341, una legislación pionera en nuestro país, que en su primer artículo define que las políticas públicas de acceso a la vivienda podrán ser gestionadas por organizaciones sociales como cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro. Lo que implica el derecho de acceder a recursos públicos para la gestión social del hábitat. Una ley que se impulsa para su nacionalización porque facilitaría que los sectores más vulnerables puedan organizarse para concretar el acceso a un hábitat digno.

A pesar de un clima político adverso, el impulso de nacionalizar la Ley 341 comenzó a tomar cuerpo en el Congreso Nacional. El pasado 12 de septiembre se aprobó el dictamen de la Ley Nacional de Producción Social Autogestionaria de Hábitat Popular (PSAHP) en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Con el incansable esfuerzo y trabajo mancomunado de organizaciones territoriales, cooperativas de vivienda y otras agrupaciones se consiguió este primer paso que refleja las necesidades de los sectores populares en materia de acceso al hábitat como un derecho humano. Luego la ley deberá seguir con su paso por otras comisiones para que pueda ser promulgada.

Justamente en estos días se está poniendo en debate la Nueva Agenda Urbana promulgada en octubre de 2016 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat III). Con actividades que promueven los debates multisectoriales y ponen en tensión una agenda que se establece como una máxima para el desarrollo y que a la vez cuestionan el modelo de gestión neoliberal que encubre las políticas de extractivismo urbano. El modelo neoliberal que busca obtener la mayor rentabilidad y que también se aplica al territorio de las ciudades, que promueven la expulsión de las poblaciones de los centros urbanos para promover el negocio de las corporaciones inmobiliarias.

Recordamos que el extractivismo es el término con el que se denomina a una forma de organizar la economía de un país, basado en una alta dependencia de la extracción intensiva de recursos naturales con muy bajo procesamiento (valor agregado) y destinado para su venta en el exterior. El modelo aplicado a la minería y el monocultivo sojero, entre los más conocidos.

El derecho al hábitat hoy aparece atravesado por un entramado de intereses con disputas sobre las tierras urbanas y rurales que están lejos de considerar a las personas que las habitan. La mercantilización que se opone a la vida misma.

En el marco de las Naciones Unidas, se conmemora el Día del Hábitat, que parece un recordatorio de que las mayorías en el mundo viven en condiciones de extrema precariedad, con poco o escaso acceso a los servicios. Quizás un recordatorio anual para que gobernantes y poderes del estado, que más allá de unas efemérides, destinen políticas y recursos para las y los más vulnerables que no pueden esperar. Hoy la organización de las comunidades nos muestra que parece ser la vía regia para impulsar la conquista de derechos que son básicos para la vida humana, que les son negados y que aparecen cada vez más alejados de las políticas de gobierno.

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