Una joven de 17 años tuvo que recibir un tratamiento de hierro ya que estaba en riesgo de muerte porque su madre -y ella misma- se negaban a una transfusión de sangre por motivos religiosos. El año pasado hubo tres casos similares, con distintas resoluciones.
Hace una semana Eugenia Suárez entró al Hospital de Clínicas con un avanzado cuadro de anemia y hemorragias uterinas. Según Fabiana, una tía de la chica, las mismas son crónicas y nunca fueron tratadas.
Eugenia es la mayor de tres hermanos y vive con sus padres en Quilmes. Su padre es obrero y su mamá empleada doméstica. Tanto Eugenia, como su mamá, Roxana, y sus hermanos son Testigos de Jehová, no así su padre, Ramiro.
La chica, de 17 años, mide 1.65 mts y pesa apenas 45 kilos. Pese a esto y al peligro de muerte, la madre de la chica firmo un documento que impide la realización de transfusiones de sangre, por sus convicciones religiosas.
Los Testigos de Jehová entienden que en la Biblia (Génesis 9:3,4: “Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis”; Hechos 15:28,29: “Abstenéos de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación”) se prohíbe expresamente cualquier asimilación de sangre ajena.
A ese respecto la tía señaló que intentaron infructuosamente convencer a la madre: “Nosotros nos ofrecimos para ser donantes, le explicamos que es sólo una vez, que la sangre que recibiría es de su propia familia”.
“Ellos dicen que se hacen cargo de la muerte de mi sobrina. ¿Quiénes son para eso? No somos el primer caso. ¿Qué, van a venir al velorio? ¿Eso quieren hacer?”, se quejó otra de las tías, apuntando a la congregación religiosa.
Ante esta situación, el martes a última hora, los médicos a cargo del caso decidieron iniciar un tratamiento con hierro que detenga el deterioro de la salud de la joven y ahuyente el peligro de muerte.
Al mismo tiempo, tanto las tías como la abuela de la chica y Ramiro, el papá, hicieron una denuncia penal para forzar la transfusión. Aunque el tiempo les juega en contra: mañana jueves, Eugenia, que comparte la visión religiosa de su madre, cumple 18 años y podrá decir por sí misma.
No es el primer caso. En junio del año pasado Pablo Alarracín, de 38 años, falleció en el Hospital Bazterrica de la Ciudad de Buenos Aires, después de ser baleado en un robo y negarse a ser transfundido. En ese momento el padre de Albarracín interpuso un recurso de amparo pero la Corte Suprema aceptó la decisión del paciente señalando: “La Corte otorgará prioridad al principio de reserva de la Constitución Nacional por el cual la Justicia no tiene jurisdicción sobre los actos privados de las personas”.
Un mes antes, en Entre Ríos, Iris Fracalossi, de 35 años, falleció producto de una neumonía, por las mismas razones.
Por el contrario, también en junio del año pasado, en Neuquén, un hombre de 19 años que había sufrido un grave accidente de tránsito aceptó ser transfundido, pese a la oposición de su madre, Testigo de Jehová. En ese caso el joven señaló que su prioridad era su vida.
Mientras el caso de Eugenia -donde su convicción personal afectará a su propia vida- espera una resolución y en los medios vuelve el debate sobre la injerencia de la vida religiosa en los temas de salud privada, alrededor de 500 mujeres, mayormente de las capas más pobres de la población, mueren cada año en Argentina por abortos clandestinos.