¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado?
El desencuentro del macrismo con la fuerte cultura de defensa Derechos Humanos no es novedad. ¿Dónde está Santiago Maldonado?

Por Federico Orchani@fedeorchani

Desde el momento de la desaparición, se montó un fuerte dispositivo comunicacional para desconocer, negar e impedir que conozcamos la verdad sobre la desaparición de Santiago Maldonado.

Santiago Maldonado fue visto con vida por última vez el 1° de agosto durante el desalojo de la ruta nacional 40 que derivó en la represión a la comunidad mapuche Lof en Resistencia de Cushamen. Así lo declararon miembros de la comunidad mapuche y compañeros de Santiago frente al juez Guido Otranto de la provincia de Chubut responsable de ordenar el desalojo de la ruta 40 con actuación de Gendarmería nacional y que hoy también investiga la desaparición forzada de Maldonado.

El presidente Mauricio Macri debió esperar el diagnóstico de una medición de focus group –sí, encuestas– para reconocer la gravedad del asunto que aflige a un segmento importante de la población. Macri no recibió en ningún momento a la familia de Maldonado y luego de pasado el mes de su desaparición envió a la Patagonia al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj cuando fueron descartadas hipótesis de lo más insólitas y el círculo empieza a cerrarse sobre Gendarmería y luego de un mes de defensa cerrada de la ministra Patricia Bullrich. El gobierno nacional con declaraciones de Macri, también del jefe de gabinete Marcos Peña se mostró “preocupado y ocupado” por el caso recién luego de la masiva movilización a Plaza de Mayo convocada por familiares y organismos de derechos humanos. Esto sumado a las implicancias de una crisis política abierta en el contexto de las elecciones generales próximas de octubre.

El desencuentro del macrismo con la fuerte cultura de defensa derechos humanos no es novedad. El propio presidente intentó criticar la política en dicha materia durante el kirchnerismo refiriéndose al “curro de los Derechos Humanos”. Lo mismo cuando fue entrevistado por un medio internacional dijo no saber exactamente la cantidad de personas desaparecidas por la última dictadura cívico-militar. En ese mismo registro opinó el ex funcionario macrista, Darío Lopérfido en un intento de banalizar la lucha contra la impunidad y la condena al terrorismo de estado. El episodio más nefasto fue haber promovido un fallo como el 2×1 que beneficiaba con la libertad de genocidas condenados a prisión lo que generó una amplia reacción popular y condena tanto a nivel nacional como en diferentes partes del mundo. No es una novedad el desapego del macrismo sobre la cuestión. ¿Acaso no valora el gobierno el peso político y simbólico que tiene la palabra desaparecido en la Argentina? El esfuerzo insólito y estéril por colocar en debate si la desaparición de Santiago Maldonado es “forzada” o “forzosa” no hace más que sumar dudas sobre la vocación de respeto y valoración de la cultura de defensa de Derechos Humanos de la administración macrista. Un bien invariable e insoslayable de la joven democracia argentina.

Hasta el periodista Julio Blanck en Clarín del domingo se ocupa del el vínculo esquivo entre la alianza Cambiemos y el respeto por los Derechos Humanos cuando afirma, “está claro que ni Macri ni su gobierno son la dictadura… Pero tampoco son los campeones de los derechos humanos”, tranca. A esta altura, nadie duda que la desaparición de Santiago Maldonado signifique una crisis política abierta aunque no lleguemos a dimensionar su alcance. Por estas horas –pasados más de 40 días– el gobierno nacional pretende responsabilizar solo a un grupo de 7 gendarmes para salvar a la ministra Bullrich y su jefe de gabinete Pablo Noceti, presente el día del operativo en la ruta 40. En una entrevista en el programa Diario del Futuro que se emite por FM La Patriada, Hernán Iglesias Illa dijo que “lo peor que puede haber pasado es que algún gendarme suelto le haya pegado sin saber que lo estaba hiriendo gravemente”. El funcionario ocupa, nada menos, que el área de Comunicación Estratégica de la Jefatura de Gabinete, como bien destaca Fernando Rosso en la Izquierda Diario.

La estrategia no es nueva. El 26 de junio de 2002 cuando fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki luego de una feroz represión policial para impedir el corte del Puente Pueyrredón en inmediaciones de la ex Estación Avellaneda, el presidente Duhalde, el ex gobernador Felipe Solá y demás miembros del gabinete nacional, se desentendieron del hecho alegando que el asesinato de los militantes populares fue producto del exceso en la fuerza de un grupo aislado de la policía bonaerense. La investigación posterior y el juicio que condenó a los policías que apretaron el gatillo mostraron a las claras que fue un operativo planificado y ejecutado desde el poder ejecutivo aunque ni Duhalde, Solá y otros fueron llevados al banquillo por la justicia federal, al día de hoy.

La realidad es que el gobierno entró en un juego peligroso. Desde que asumió no hizo más que empoderar a las fuerzas de seguridad. Desde el fallido protocolo anti-piquetes pasando por el intento de bajar la edad de imputabilidad de los pibes, el encarcelamiento de Milagro Sala, las represión luego del paro internacional de mujeres incluyendo detenciones arbitrarias de gente que ni si quiera participó de la acción sumado a lo ocurrido en la marcha que pidió por Santiago Maldonado a un mes de su desaparición con el accionar de policías infiltrados sin identificación luego justificado por altos miembros de Cambiemos y los grandes medios, no hace más que fortalecer la idea según la cual para el macrismo es indispensable disciplinar el movimiento social que viene resistiendo en la calle las medidas regresivas y antipopulares de la administración Cambiemos.

Las derivas del caso Maldonado son complejas. Si tendrá una repercusión negativa para el gobierno cuando llegue el turno de las urnas en octubre, lo sabremos recién en ese momento. Lo más preocupante del caso es el intento gubernamental y mediático por inscribir la desaparición forzada de un militante popular bajo el clima de polarización política entre los defensores del gobierno de Cambiemos y la oposición que encabeza la ex presidenta Cristina Kirchner. El objetivo no es otro que tapar una desaparición forzada. Aun cuando la comunidad mapuche defiende el derecho a su autodeterminación como nación mapuche dentro del territorio argentino y descree de la práctica política dentro de los márgenes de la democracia representativa, a sabiendas de eso, se montó un increíble operativo para desacreditar a todo aquel que se organice para defender un reclamo como agente desestabilizador del gobierno. Todo vale, es lo mismo mapuche que piquetero, guerrillero de las FARC, kurdo, trosko o kirchnerista –como si eso fuese un delito– de esa manera se estigmatiza la militancia política. Lo que un incómodo Morales Solá caracteriza en sus páginas en el diario La Nación como “el poder subterráneo”. No importa si son delegados aeronáuticos o los pibes de una murga, seguro están confabulados para voltear al gobierno. Los políticos respetables son como Massa y Lousteau, militantes populares y combativos “algo habrán hecho”.

El gobierno nacional abrió la caja de pandora. Fortalecido post PASO de cara a confirmar los resultados en las generales de octubre se viene un 2018 donde Cambiemos espera avanzar con medidas claves como la reforma laboral, impositiva, reducción del déficit, etcétera. Si la actitud del macrismo será la misma de llevarse todo puesto producto del espaldarazo electoral, acompañado por una supuesta normalización de la economía y demás, seguro será en un clima de conflictividad social. De momento la pregunta que nos ocupa y que necesita una respuesta urgente es: ¿Dónde está Santiago Maldonado?

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