Ecuador: entre el diálogo y la movilización. Un escenario de conflicto

Por Melisa Argento

Ecuador se enfrenta a una coyuntura compleja de doble polarización. Las posiciones de la derecha, el llamado al Dialogo Nacional desde el gobierno y las movilizaciones que sostienen las organizaciones populares.

 

El llamado al Dialogo Nacional

El mes pasado Ecuador vivió un intenso clima de movilización y repudio, cuyo detonante fue el anuncio de la propuesta de Ley de Herencia, para gravar toda herencia superior a los 35 mil dólares, y la Ley de Plusvalía que buscaba la creación de un impuesto a las ganancias extraordinarias en las transferencias de bienes inmuebles. Estas marchas fueron en gran medida “fogueadas” por figuras de la derecha ecuatoriana, y se articularon en ellas importantes sectores medios, todo lo cual ocluyó mediáticamente las diferencias con las más antiguas demandas de sectores de oposición impulsados por representativas organizaciones sociales.

Como resultado de marchas que se multiplicaron por el territorio nacional, Rafael Correa anunció el 15 de junio, el retiro temporal de estas leyes. Luego, pocos días después el Presidente lanzo una convocatoria al “Dialogo Nacional por la justicia social y la equidad”, a fin de involucrar a toda la sociedad para discutir y analizar las condiciones estructurales que causan la pobreza, la desigualdad y evaluar las rutas que debe tomar el Ecuador en el futuro inmediato.

Las agendas y cronogramas de encuentros –que se prolongarán hasta el mes de diciembre–, están siendo coordinados por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo –SENPLADES– y por la Asamblea Nacional. Según Pavel Muñoz (presidente de la primera) esta iniciativa no busca solamente discutir las leyes que han desatado el conflicto, sino que se trata de un debate profundo sobre el “el país que se quiere construir”. En este sentido se ha logrado en el transcurso del primer mes un total de 15 encuentros con comunidades y nacionalidades indígenas; sectores empresariales, de la economía popular; trabajadores y sindicatos a lo largo de siete provincias. A su vez Gabriela Rivadeneira, (presidenta de la Asamblea) indicó que las comisiones legislativas se desplazarán por todo el país hasta el mes de diciembre. Finalmente, y de acuerdo con lo informado en Telesur, Correa ha pedido al Canciller Ricardo Patiño, la relevante tarea de fortalecer los centros de la Revolución Ciudadana en el territorio nacional.

Entre los sectores que ya están participando de los encuentros del diálogo nacional se encuentran: organizaciones sociales, indígenas y campesinas del Ecuador como la Confederación de Pueblos, Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador (FEI), y la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), y el Frente Unido (FU), que aglutina a 15 agrupaciones políticas que apoyan a la Revolución Ciudadana.

La convocatoria al paro nacional y movilización indefinida

De otra parte la FUT (Frente Unitario de los Trabajadores) ha convocado a un paro nacional para el mes de agosto (del 6 al 13). Mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE–, en Asamblea General junto a organizaciones de base y regionales CONFENIAE, ECUARUNARI y CONAICE, han resuelto convocar una movilización indefinida que inició el 2 de agosto en Zamora Chinchipe y articulará para el día 13 con el paro nacional convocado por los trabajadores.

La CONAIE expresa así, la necesidad de posicionar su agenda propia en disonancia tanto con el gobierno como con los sectores de derecha, defendiendo la autonomía histórica de las demandas del Movimiento Indígena en el Ecuador. Entre sus principales puntos establecen: a) Recuperar la autonomía de la Educación Intercultural Bilingüe e inmediata reapertura de la Universidad Amawtay Wasi; b) Frenar el despojo de las tierras y territorios que se impulsa mediante la Ley de tierras, Ley de aguas y Ley de minerías; c) Fortalecer el control en los territorios; d) Archivar la propuesta de las enmiendas constitucionales propuestas por el Poder Ejecutivo, que promueve la restricción de derechos conquistados en la Constitución; e) Detener la persecución y judicialización implementada en contra de los líderes sociales, y sectores sociales organizados; f) Acabar con la corrupción institucionalizada y el estado de represión para construir la democracia plurinacional; g) Fortalecer la agenda unitaria con los demás sectores sociales; h) Ratificar pleno compromiso para derrotar el modelo de economía capitalista sustentada en la explotación petrolera y minera y establecer una economía comunitaria alternativa en coherencia con el Estado Plurinacional.

A contramano de la polarización

Tal y como se ha planteado en nota anterior por este medio (Ecuador: marchas y contramarchas por la Ley de Herencia), es una mirada simplista la que plantea el conflicto social en el Ecuador contemporáneo en términos de oficialismo y oposición desestabilizadora. Los móviles de las actuales medidas de fuerza son ampliamente diversos, asi mientras un Lasso (CREO), un Nebot o un Rodas (alcaldes de la derecha Guayaquileña y Quiteña) son claros exponentes de una oposición neoliberal, otros son los móviles del cuestionamiento al régimen por parte de los movimientos sociales y de sectores sindicalizados.

Preciso es caminar a contramano de esta doble polarización. Por un lado es necesario reconocer esta distancia de las pretensiones desestabilizadoras y electoralistas, frente a exigencias genuinas de los movimientos sociales; y por el otro, superar el diálogo de sordos que parece tener el gobierno de Rafael Correa específicamente con representantes de CONAIE o ECUARUNARI. Estos sectores son reiteradamente acusados tanto de “hacerle el juego a la derecha” como de haberse “alejado de sus bases” y por tanto ya no ser representativos.

De parte de estas organizaciones se acusa al gobierno de haber traicionado las premisas revolucionarias y anti coloniales de la misma Constitución de Montecristi. Es por esto que basados en que ya existió un “dialogo” en el año 2009 en torno al conflicto por la Ley de Aguas y Minería, en el cual las demandas del Movimiento Indígena no fueron incorporadas, y en los sucesivos embates y procesos de judicialización a sus líderes, estas organizaciones rechazan el actual diálogo y llaman a la movilización indefinida que vive Ecuador desde el pasado domingo 2 de agosto.

 

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