Ecuador: marchas y contramarchas por la Ley de Herencia

Por Melisa Argento

Las últimas semanas de la política ecuatoriana ponen en evidencia paradojas respecto de una movilización que pareciera no ser monopolio de los sectores populares. A partir del 8 de junio, los sectores opositores al Gobierno de Rafael Correa han colmado la calle de expresiones variopintas cuyos protagonismos y sentidos son necesarios identificar para lograr diferenciar “la paja del trigo”.

En particular, en esta ocasión, las movilizaciones fueron desatadas tras el anuncio de Correa respecto a la Ley de Herencia y Plusvalía con la cual se pretendía gravar las sumas de herencia superiores a los 35 mil y pico de dólares, partiendo desde un 5% hasta llegar progresivamente y conforme el monto de capital heredado hasta un 47%.

En palabras del presidente, se trataba de “un nuevo sistema impositivo para las herencias superiores a los cien salarios básicos unificados”, que equivalen a 35.400 dólares (existe ya un impuesto pero es inferior y se mantiene estable). Esto debía ser así, de acuerdo con el mandatario, porque el “patrimonio heredado” es un “factor de inequidad fundamental” dado que sólo tres de cada 100 mil habitantes reciben una herencia gravable, con lo cual se vería afectado por esta norma apenas un 2% de la población.

Mientras afirmaba vehementemente esto, Correa aclaró también que estaba dispuesto a asumir el “costo político” que la previsible resistencia de los sectores pudientes del Ecuador iba a ocasionarle, dado que la medida no afectaría a los sectores pobres, a quienes calificó como prioridad en su gobierno.

La justificación de esta ley es que su aplicación no tiene origen en la necesidad de recaudación fiscal sino que se trata de accionar en pos de disminuir la aún existente brecha de desigualdades. Así, los impuestos buscarían fines de equidad social, afectando a un dinero que muchas veces culmina en forma de fideicomisos o evasión fiscal, fuga de capital, en suma, dinero improductivo.

Desde el día siguiente al anuncio, las movilizaciones fueron multiplicándose en las diferentes ciudades del país. Allí, los sectores opositores y grupos de defensa al oficialismo llegaron en más de una ocasión a enfrentamientos violentos.

Esta ola de protestas, protagonizadas por amplios sectores medios, han sido impulsadas por representativas figuras de la derecha ecuatoriana (Lasso y Nebot a la cabeza). En las calles se escuchan consignas como ‘”Ecuador no es Venezuela”, “Fuera Correa, fuera” o “Abajo el dictador”.

Está claro para estas figuras que el problema es que el Estado necesita realizar una recaudación fiscal y por esto oprime a los sectores inversores que más han “colaborado” con las arcas en estos últimos años. Por otra parte, Gabriela Rivadeneira, presidenta recientemente reelecta en el Parlamento, ha sido muy enfática al aclarar que si se quisiera recaudación fiscal el impuesto se realizaría por ejemplo sobre el IVA (de por si bajo en el Ecuador, sobre todo en relación al 21% argentino) y no sobre una medida que afecta a quienes reciben más de 100 salarios mínimos de manera directa.

Recalculando

No sólo se eliminó a pocos días del anuncio la segunda tabla de impuestos (aplicable para herederos indirectos), sino que el pasado lunes 15 de junio Correa anunció que se dejarían sin efecto las leyes de Herencia y Plusvalía, en parte porque las protestas impulsadas por los sectores opositores han llevado a tal clima las calles que es necesario realizar un llamamiento a la paz. Todo esto encima, ¡en vísperas de que el 5 de julio acontezca la tan esperada visita del papa Francisco! Bergoglio para los conocidos.

Así, frente a la señal de “muchachos, la casa está en orden, felices pascuas” (obvio que Correa no lo dijo ni lo diría así), diversos sectores organizados han dicho que piensan seguir manifestándose en vista además de convocar a un paro nacional. Entre estos sectores encontramos a quienes desde el espectro políticamente contrario a banqueros y empresarios capitalistas son, efectivamente, quienes vienen demandando atención respecto de cuestiones que atañen a la efectiva democratización de la sociedad ecuatoriana.

En este sentido, el comunicado de las organizaciones indígenas CONAIE y Ecuarunari es contundente cuando dice que si el gobierno efectivamente quisiera una redistribución de las riquezas, atendería a las demandas sociales en torno a la Ley de Tierras y la Ley de Aguas, principales objeto de lucha de estos actores de manera sostenida durante los últimos años. Y es que estos sectores tienen legítimo derecho en no confiar en un presidente que sistemáticamente ha desoído los problemas que plantean no sólo en relación al tratamiento de estas leyes sino, adicionalmente, en lo que respecta a la persecución y criminalización de las protestas estudiantiles y de dirigentes indígenas (el Decreto 16), el tratamiento del plan familia y de la ley laboral, todas demandas que las organizaciones impulsan.

Frente a esta contramarcha, los comunicados denuncian que lo que el gobierno ha hecho es “retroceder miserablemente ante la derecha pero mantenerse indiferente frente a las demandas y movilización del movimiento indígena y las organizaciones sociales”, sectores para los cuales las protestas de la semana pasada no empezaron por la Ley de Herencias ni se reducen a los actos de la derecha, como los plantones de la tribuna de los Shyris y la caravana motorizada hacia el aeropuerto. Las movilizaciones indígenas y de trabajadores vienen desde el enfrentamiento a la ley minera, al extractivismo, por la desprivatización del agua, contra la firma del TLC con la Unión Europea, por la defensa del Yasuní, etc.

Identificando esto mismo, en uno de los documentos más interesantes en el análisis de lo que tiene de disputa política esta Ley de Herencia, el Foro de los Comunes afirma “procurar que las grandes fortunas aporten de un modo aún más decisivo al desarrollo nacional, y que no se evaporen del país por la vía de fideicomisos y cuentas en el extranjero, abre las opciones para que las clases altas se coloquen en un plano de igualdad política con el resto de sectores sociales cuyo trabajo forja a diario la riqueza de la nación”. Pero este foro de debate concluye que: “Sería del todo desacertado, no obstante, pensar que el conflicto de estos días se reduce a la cuestión impositiva y que las clases medias se agitan, inconscientes, en solidaridad con los grandes patrones y en protección egoísta de sus mucho más modestas propiedades (#trabajoparamishijos)”. Realizando a fin de cuentas un llamamiento a la lucidez política que comprenda que en democracia, el procesamiento del conflicto exige identificar las demandas democráticas.

Aquí pareciera ser que el error de haber considerado por igual a todos los actores en la batalla contra el corporativismo (sin tener en cuenta la naturaleza de este) está pasando factura. Es así que frente a una medida de relevancia contra del capital, se articulan diversos actores que vienen cansados de no ser reconocidos por el presidente como interlocutores colectivos validos. Este, sin embargo, es un problema que puede seguir ocultándose si el gobierno decide mantenerse en la senda del camino trazado en su tercer período de gestión, donde el reconocimiento de la capacidad de expansión territorial política que arrojaron los resultados de las últimas elecciones nacionales (no sólo respecto de la figura presidencial sino de la hegemonía de la fuerza de Alianza País en la Asamblea Nacional), propicia un contexto en el cual Correa puede (incluso) invocar a aplicar el artículo 105 de la Constitución para que quienes deseen, soliciten una consulta de revocatoria de mandato y lo saquen del poder. Como si esta fuese la solución real…