Por Santiago Mayor. Segunda parte de la entrevista* realizada a Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional ecuatoriana. En esta ocasión su mirada sobre la nueva Ley Orgánica de Comunicación y la controversia en torno al proyecto Yasuní ITT.
-Como asambleísta y vicepresidenta de la Asamblea Nacional ¿cuáles consideras que son las principales iniciativas legislativas que se deben llevar adelante en este nuevo mandato del presidente Correa?
-En un proceso político como el que se desarrolla en el Ecuador, hay que definir estratégicamente la etapa de transición. Para nosotros resultan fundamentales las leyes que nos permitan sustituir la matriz productiva del Ecuador para dar paso a otra economía y otro modelo económico. Pero también resultan fundamentales leyes que terminen con modelos de acumulación de poder (diferentes tipos de poder, económico, político, mediático) me refiero a la ley de control del poder del mercado, ley de comunicación, denuncia de Tratados Bilaterales de Inversión, que han sido mecanismos de presión y extorsión contra países como los nuestros, que se resuelven por la vía de la soberanía y autodeterminación.
-Como comunicadora social, ¿Qué balance haces de la lucha y finalmente aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación?
-Era imposible creer que los medios podían ¡autorregularse! Imposible creer en su independencia y autonomía. Imposible creer que el interés de los medios empresariales de comunicación, era el ejercicio de los derechos y que sus preocupaciones estaban relacionadas con la libertad de expresión ¡No, qué ingenuidad hubiera sido creer en ese discurso!
En el Ecuador, como en todos los países son rarísimos los casos de periodismo comprometido con los intereses de las grandes mayorías. Los periodistas no sólo que están subordinados a sus medios, sino que esos medios están subordinados a grandes poderes económicos. Hoy, la Constitución del Ecuador prohíbe por ejemplo que los accionistas del sector financiero tengan acciones en otro sector diferente al financiero bancario: antes de esta necesaria prohibición, los más grandes especuladores que eran los bancos, utilizaban sus propios medios de comunicación como antenas transmisoras de sus intereses ¿Cómo creer entonces en su santidad y en su defensa de la “libertad de expresión” cuando eran medios casados con la banca?
Hoy, además de esa prohibición, la ley de comunicación permite la redistribución de las frecuencias de radio y televisión que fueron entregadas de manera dolosa y sin cumplir con los requisitos que se establecían. Creemos firmemente en el “reparto de la palabra” como una forma de democratización de los medios y de cumplimiento de los derechos. Defiendo la Ley de Comunicación porque la considero determinante para la democratización de la comunicación.
-Teniendo en cuenta la experiencia vivida en Argentina, dónde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lleva cuatro años de aprobada y todavía no se ha puesto plenamente en funcionamiento, ¿Creen desde Alianza PAÍS que se podrá dar curso rápidamente a esto o habrá que enfrentar complicadas batallas legales para que pueda ser puesta en práctica?
-La ley se aprobó hace 3 meses y recién estamos creando las instituciones de regulación y de sanción. Pero más allá de las instituciones, la ley se consolida cuando la ciudadanía empieza a reclamar su cumplimiento, cuando se rompen paradigmas dentro de los medios, o cuando los modelos que se reproducen en los medios empiezan a cambiar porque el ciudadano exige otra programación más responsable. Era impostergable la regulación del sector comunicación pero sería ingenuo pensar que en la ley se soluciona toda la problemática de un poder fáctico como los medios de comunicación empresariales.
-¿Cuál es tu análisis respecto a la marcha atrás del proyecto Yasuní ITT dónde el gobierno ecuatoriano buscaba preservar una zona de la Amazonia donde se puede explotar petróleo?
-La propuesta Yasuní ITT fue una propuesta al mundo. El Ecuador, un país con una economía aún pequeña y débil, si es que la comparamos con los países industrializados, estaba dispuesto a sacrificar más de 7.000.000 millones de dólares (que eran los inicialmente previstos) provenientes de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní como una forma de comprometerse a evitar la emisión de millones de toneladas de carbono a la atmósfera. Era entonces, una propuesta que demostraba un inmenso compromiso ético con la humanidad. ¿Qué pedía el Ecuador a cambio de mantener el petróleo bajo tierra? Una compensación. No una donación, ni limosna, ni regalo. Pedíamos una compensación, una contribución del 50% de las reservas. Esa compensación, debía ser cubierta -en su mayor parte- por las potencias económicas. La propuesta Yasuní ITT, era entonces, una propuesta que el Ecuador le hacía al capitalismo. Al capitalismo causante de la contaminación, del cambio climático, de la deforestación, del exterminio. Ese capitalismo es el que rechazó la propuesta.
Esperamos 6 años. Hicimos todo lo que debíamos hacer, pero no tuvimos los resultados esperados. En el mejor de los casos, nos ofrecían “canje de deuda” ¡Ojo!, que nuestra economía, al estar dolarizada, necesita el ingreso permanente de dólares para poder sostenerse, de manera que los canjes de deudas, no contribuían en lo absoluto. Lo mismo sucedía con la creación de impuestos o con la eliminación de subsidios. Esas medidas no hacían más que circular el mismo dinero, pero no hacer que ingrese más.
-¿Ante este panorama fue que el gobierno decidió frenar el proyecto?
-Tomamos entonces la decisión de dar por terminado el PLAN A (no explotación) y asumir el PLAN B, (explotación) para lo cual se requiere autorización de la Asamblea Nacional por tratarse de un Parque Nacional. Pero el tema más delicado de éste es que en el Parque Nacional Yasuní existe la llamada Zona Intangible Tagaeri-Taromenani (ZITT ) que es territorio de nuestros pueblos en aislamiento voluntario, llamados también pueblos ocultos, cuyo territorio es irreductible e intangible, por lo que ahí, no pueden realizarse actividades extractivas.
Bajo todas estas circunstancias, hoy la Asamblea Nacional del Ecuador tiene que decidir si autoriza o no la explotación de petróleo en el uno por mil de la extensión actual del Parque Nacional Yasuní (el parque tiene un millón de hectáreas). La autorización de la Asamblea excluye la explotación en la ZITT, en estricto cumplimiento de la Constitución y por compromiso ético con los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Esta decisión ha movilizado y agrupado sobre todo a grupos ecologistas que creen que, sobre la Iniciativa Yasuní ITT, el Gobierno es el responsable de que el Plan A haya fracasado. Nosotros, en medio de lo duro de esta decisión, sabemos que la propuesta ecuatoriana estuvo adelantada para su tiempo. Era una propuesta que cuestionaba la irresponsabilidad de las potencias en su doble discurso ambiental.
Bajo un compromiso presidencial, la autorización de explotación no excederá del uno por mil de la extensión actual del Parque, se excluirá la zona intangible de cualquier actividad extractiva y los recursos provenientes de esos fondos se invertirán en obras de saneamiento ambiental, servicios básicos y vialidad rural.
* Agradecemos especialmente a Gabriela Gurvich y Mehmet Dogan por facilitar la posibilidad de esta entrevista.
@SantiMayor