El panorama energético en el nuevo Gobierno Nacional

Por Martin Scalabrini Ortiz*

El 22 de noviembre se produjo en nuestro país un hecho inédito. La derecha neoliberal ganó la oportunidad de acceder al poder, por primera vez, de manera democrática. Más allá de lo que llevó a que eso se produzca, analizaremos aquí las consecuencias de las políticas e intereses que representa este sector para el mercado de hidrocarburos.

En primer lugar, nos enfocaremos en los personajes que llevarán adelante estas políticas. El más importante de ellos es Juan José Aranguren, quien ocupará el Ministerio de Energía y Minería. Un repaso de su carrera nos obliga a mencionar que trabajó durante 37 años en Shell Argentina, la subsidiaria de Shell, empresa anglo-holandesa de producción de hidrocarburos. Aranguren se dedicó a atacar cualquier iniciativa del gobierno saliente que tuviera que ver con una mayor intervención del Estado en el mercado, como control de precios o creación de entes estatales. En agosto de 2012, elevó un recurso de amparo en contra del Decreto 1277/12, una de las iniciativas más interesantes del kirchnerismo. Este Decreto derogaba los artículos más importantes de los Decretos desreguladores del mercado de hidrocarburos del menemismo (1055, 1212 y 1589 del año 1989) y creaba una Comisión de Coordinación y Planificación de Inversiones para lograr el autoabastecimiento. Esta Comisión tiene la facultad de vetar los proyectos que deben presentar las empresas operadoras del sector. En su argumentación, Aranguren esgrimía que no correspondía darle información al Estado porque el mismo Estado participa del mercado a través de YPF, nacionalizada parcialmente ese año. En realidad, lo que le molestaba a Aranguren era que el Estado participara.

Hace poco tiempo declaró que no es necesario lograr el “autoabastecimiento” y desvalorizó el concepto de “soberanía energética” levantando el de “seguridad energética”. Este concepto, desarrollado en EEUU, implica el aseguramiento de las fuentes de energía, sean internas o externas. En ese país funciona con el ejército más poderoso del planeta, ocupando las regiones sensibles para asegurar el abastecimiento. En un país periférico con una economía dependiente como el nuestro, no parece ser aplicable. Es por ello que es tan importante poder abastecernos nosotros mismos.

Otro de los que se sumará al Ministerio es Daniel Montamat. Fue secretario de Energía durante la presidencia de Fernando De la Rúa y presidente de YPF durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Es uno de los ex secretarios de Energía que vienen fustigando la política energética de los últimos años y consulta permanente de los grandes medios de comunicación. Ya venía utilizando el término “sinceramiento”, en boga en estos días, en sus charlas desde hace tiempo (tuve el “privilegio” de asistir a una de ellas), indicando que las tarifas deben dejar de estar subsidiadas. Indica que actualmente el gasto en servicios públicos es del 3% de un ingreso familiar promedio y que debe volver al valor “histórico”del 12%. Eso implica cuadriplicar las tarifas en términos reales. Por otra parte, aboga por un mercado libre de cualquier regulación estatal, tanto para comercializar, como para exportar e importar. Va más allá que incluso que un país librecambista como EEUU, que tiene regulaciones, e incluso prohibiciones, para exportar crudo.

Para ellos dos, YPF debe volver a ser privada ya que el Estado no debe participar de ese mercado. Existe un consenso social muy fuerte acerca de la necesidad de la presencia estatal en la producción de hidrocarburos, con lo cual será difícil en lo inmediato que puedan llegar a concretar ese objetivo. Incluso, declaraciones recientes de Aranguren indican que tiene la intención de manter YPF bajo control estatal. De cualquier manera, las estrategias neoliberales fueron primero desprestigiar y desvalorizar el papel del Estado, mediante la aplicación de políticas específicas intencionales con el objeto de que YPF sea mostrada como empresa ineficiente. O, siendo eficiente, disminuyendo su peso en el mercado de hidrocarburos para que sea ocupado por empresas privadas. Las estrategias pueden ser variadas. El objetivo único. Aumentar la participación de las empresas privadas en detrimento de la presencia estatal.

Otro de los caballitos de batalla suele ser el reclamo de “seguridad jurídica” para “atraer inversiones”. Se deduce que luego del “sinceramiento” vendrán ingentes capitales extranjeros para invertir. La historia es conocida. Esos capitales vienen en pos de altas tasas de rentabilidad. Habrá algunos resultados y luego, en la primera de cambio, esos capitales volarán a sus países de origen. Para ello, se tomará deuda para obtener las divisas necesarias y la rueda seguirá. Con un país cada vez más endeudado y más extranjerizado.

Un punto aparte es la intención del futuro gobierno de alejarse de Venezuela y acercarse a la Alianza del Pacífico. Una cuña metida por EEUU con Tratados de Libre Comercio conformada por Chile, Colombia, México y Perú. La intención es aislar a Venezuela, expulsarla del Mercosur y debilitar a los gobiernos populares de Ecuador y Bolivia. Los tres son grandes productores de hidrocarburos. Si bien hasta ahora no ha funcionado una unión energética sudamericana, salvo algunas iniciativas, esta intención la clausura definitivamente.

Otro cuestión a tener en cuenta es el desarrollo de Vaca Muerta y su explotación no convencional. Montamat declara que se necesitan entre U$S 20.000 y U$S 30.000 millones para lograr un desarrollo tal que reemplace la cuantiosa importación de gas natural (en 2014 el total de importaciones de combustibles fue de U$S 10.903 millones, la mayor parte Gas Natural). Posiblemente esos números sean correctos. En línea con el nuevo equipo económico, asegura que hay que generar las condiciones para “atraer” esas inversiones. La manera sería eliminar las restricciones impuestas por el Estado en la última década, como el Decreto 1277/12 que derogaba los artículos más importantes de los decretos desreguladores del mercado de hidrocarburos de 1989 y creaba una Comisión de Evaluación de Inversiones con poder de veto. De esta manera, quedaría el precio libre, sin la “distorsión” de los subsidios. En el caso del gas, que es el producto que mayormente importamos, el precio se acercaría al internacional, mucho más alto que el precio interno actual con subsidios. Así “lloverían” las inversiones, principalmente del extranjero. Es cuestión de ver qué herramienta utilizarán. YPF con acuerdos parecidos a los de Chevron pero multiplicándose por decenas o mediante nuevas concesiones entregadas por las Provincias bajo el amparo de la Ley 27.007 de Hidrocarburos modificada en 2014 que establece beneficios para la explotación no convencional.

En resumidas cuentas, poner Vaca Muerta al mejor postor.

Todo forma parte de un combo. El plan económico, el político y el energético. Sólo la resistencia del pueblo definirá hasta dónde puede llegar.

 

*Ingeniero en Proyectos de Gas y Petróleo. Consejero por Graduados FIUBA