El proceso de organización de los cartoneros

El proceso de organización de los cartoneros

Por Juan Grabois*. El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) anunció que hoy protestará en tres accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Piden que las autoridades avancen contra “las mafias” que lucran con la comercialización del reciclaje. Uno de sus miembros explica quiénes son y por qué reclaman. 

En la Argentina, más de 100.000 trabajadores cartoneros están sometidos a un régimen de trabajo que atenta contra los derechos laborales elementales que debe gozar cualquier argentino.  Cartonear es sinónimo de dignidad pero también de jornadas agobiantes, problemas de salubridad,  accidentes de trabajo, discriminación. Ese esfuerzo titánico de miles de hombres y mujeres humildes de nuestro pueblo por vivir honestamente de su trabajo es recompensado por precios miserables por los materiales recuperados y balanzas trucadas.

El trabajo de los cartoneros permite la recuperación de 4.000 toneladas diarias de materiales reciclables a escala nacional, el 82% del total de los residuos que se recuperan. Esto sólo, además de constituir la única barrera contra el colapso de los rellenos sanitarios y una crisis ambiental de magnitudes insospechadas, representa un ahorro de unos 1480 millones de pesos anuales en gastos de enterramiento. El trabajo de los cartoneros es, además, la principal fuente de materia prima para la industria del reciclado en sus distintas ramas: cartón, papel, vidrio, telas y plástico.

Después de 10 años de lucha, el Movimiento Cartonero ha logrado el reconocimiento de la importancia ecológica de su labor y algunas conquistas que permitieron mejorar las condiciones de trabajo de miles de compañeros y disminuir drásticamente el trabajo infantil en el sector. Lamentablemente estas conquistas se circunscriben a unos pocos distritos del país, siendo la Ciudad de Buenos Aires el punto más alto de avances en la materia.

Estos avances tienen como causa fundamental el proceso de organización popular a escala de masas que se dio en el sector y que reseñamos brevemente en las siguientes líneas. Hasta 2007, para poder viajar, los cartoneros debían abonar una cuota mensual al dueño del camión que muchas veces era el mismo galponero y otra a la comisaría de la zona que, no obstante recaudar sistemáticamente en todas las paradas, con muchísima frecuencia incautaba los materiales o detenía a los compañeros con cualquier excusa. Esta cuota representaba el 40% de los ingresos del compañero.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos se fundó en 2002, en una Argentina donde campeaba el hambre, y se construyó peleando por el derecho al trabajo, aunque fuera, paradójicamente, un trabajo sin derechos. Centró su actividad en los cartoneros, aunque su objetivo fundacional es agrupar al sector de la clase trabajadora que tras décadas de neoliberalismo había quedado afuera del mercado formal de trabajo y los derechos consagrados por las leyes y convenciones colectivas. La primera tarea fue, entonces, defender el derecho al trabajo y se expresó en la derogación del edicto de la dictadura que ilegalizaba la actividad de recuperación de residuos, llegando así a la sanción de la ley 992/02.

La segunda fue combatir la matriz de explotación mafiosa que dominaba el corazón de la actividad: la logística. Durante muchos años la pelea fue silenciosa, de un trabajo militante y solidario que tenía como objetivo romper las cadenas del miedo que la mafia había generado entre los compañeros. A partir de 2005, la lucha empieza a expresarse en escraches a comisarías, marchas al Gobierno de la Ciudad, cortes de puentes, presentación de amparos y denuncias contra los policías coimeros. Alrededor de 2006, se logró la abolición de la cuota policial.

A partir de ese momento, se abrió una tercera etapa: la lucha fue por los derechos y el reconocimiento del cartonero como servidor público. Después de innumerables denuncias, movilizaciones, cortes de puente y otras medidas de acción directa, y frente a la evidencia incontrastable de los bolsones de corrupción en el Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires,  se avanza hacia la estatización del Servicio Público de Recolección Diferenciada y Reciclado. A partir del año 2008, las partidas presupuestarias que se afectaban al pago de empresas privadas por servicios que no realizaban se destinaron al desarrollo de un programa a gran escala de co-gestión entre el Estado y las Cooperativas de Recuperadores Urbanos, que para entonces venían trabajando en su unidad gremial.

Este programa permitió, por primera vez, una recuperación significativa de derechos laborales para miles de trabajadores de la actividad, el aumento de sus ingresos y una drástica reducción en los índices de trabajo infantil. Entre otras cosas, se reformó radicalmente el sistema de trasporte de materiales y recuperadores, reemplazando los camiones destartalados y el tren blanco por una flota estatal de aproximadamente 50 camiones 0Km y unos 30 colectivos.

A partir de 2010, con la renegociación de los contratos de higiene urbana se abrió una cuarta etapa, consistente en la consolidación institucional de este proceso de reivindicación popular. Fue una etapa de debate y discusión política de cara a la sociedad y al movimiento ambientalista. El saldo fue la formalización del sistema mediante un concurso público, una ley y la posterior firma de una contrata en enero del corriente.

Se abre ahora una quinta etapa, la más compleja, la más peligrosa, la más dura de este proceso: la lucha por la renta cartonera a escala de masas. El quid de la cuestión es cómo realizar una eliminación sistemática de todos los intermediarios sin perder puestos de trabajo y recuperando la renta para los trabajadores. La recuperación de la renta será un hecho cuando, no un grupo, sino todos los cartoneros como sujeto social, como sector, perciban precios adecuados por los materiales que recuperan.  Está por verse qué cooperativas acompañan este proceso y cuales se alían con la mafia de intermediarios-explotadores en contra de los intereses de los trabajadores cartoneros. Las cooperativas que compran material tienen la posibilidad de reconvertirse y garantizar precios justos a sus asociados. El objetivo está claro: ningún cartonero vendiendo materiales por debajo de su valor mayorista.

Para lograr este objetivo se necesita la infraestructura, la tecnología y la técnica. Pero fundamentalmente, una férrea voluntad de terminar con la cadena mafiosa de empresarios ilegales que hoy dominan la comercialización de los materiales. A esta altura y tal como lo demuestra la consolidación del trabajo esclavo en otras industrias como la textil, está claro que el Estado, desde arriba, lejos de pelear contra estos flagelos, parece premiarlos y reivindicarlos. 

En la industria del reciclado de la Ciudad de Buenos Aires estamos en perfectas condiciones de avanzar hacia la eliminación total de los intermediarios-explotadores. Tenemos la infraestructura y la Legislatura porteña ha votado un presupuesto que alcanza perfectamente para recibir la tecnología adecuada. En cuanto a los aspectos técnicos y procedimentales, existe gran cantidad de técnicos capacitados y experimentados para avanzar en la gestión. Las Cooperativas de Recuperadores Urbanos garantizamos el apoyo de la mayoría al proceso de avance contra la mafia de intermediarios-exploradores. Solo resta “construir” la voluntad política de avanzar decididamente contra las manifestaciones violentas de resistencia de los intermediarios-explotadores sin exponer a los compañeros más vulnerables. Si las autoridades no avanzan en este sentido, la presión social y popular será imprescindible.

 

El MTE anunció protestas en el día de hoy a partir de las 15 horas en Puente Pueyrredón, Puente Alsina y General Paz (altura Libertador). 

*Militante del MTE – Miembro del Consejo Promotor Nacional de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).