El retorno de la mano dura y a lo que llamamos seguridad

Por Walter Zarate

El gobierno encabezado por María Eugenia Vidal anunció hace unos días que casi ochocientos oficiales de los cuerpos de Caballería y de Infantería se sumarán al patrullaje de puntos estratégicos del Conurbano. ¿Por qué vende tan bien la seguridad? ¿Quiénes pagan los costos? ¿Se puede seguir hablando de seguridad? O ¿entendemos que la seguridad es otra cosa diferente a protección? ¿Ha cambiado el concepto de seguridad?

Ha llegado la hora de otros conceptos, tales como “imposición” “zona caliente” “lucha”, “represión”, “desprotección”; en detrimento de otros como “convivencia”,  “respeto” e “igualdad de trato”. El gobierno encabezado por María Eugenia Vidal acaba de anunciar que casi ochocientos oficiales de los cuerpos de Caballería y de Infantería se sumarán al patrullaje de puntos estratégicos del Conurbano, Mar del Plata y Bahía Blanca. Según se anuncia, el objetivo será saturar zonas particularmente calientes,  tales como centros comerciales a cielo abierto y esquinas peligrosas. Se anuncia que la estrategia ha sido copiada de países como Francia e Israel. La otra pata del plan es el lanzamiento de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), un grupo especial de 160 policías especialmente seleccionados y entrenados durante los últimos cinco meses para que actúen como grupo de acción rápida ante crisis.

Nada nuevo

La utilización de las fuerzas de seguridad como herramienta de control de las barriadas periféricas se vuelve a repetir. La lista de tropiezos del gobierno provincial en la materia es infinita y digna de recordar.  Desde aquella frase de Ruckauf en el año 2000, “meta bala a un delincuente”, hasta la última de las medidas citadas se puede rastrear, lo que podría denominarse,  la cronología de un fracaso.

La política de mano dura fue ensayada en demasiadas ocasiones. Así, las leyes provinciales N° 12.405, N° 12.543, N° 13.183 y otras, limitando excarcelaciones, restringiendo beneficios procesales, debilitando estándares del debido proceso y/o los Planes de Seguridad I a V, ejecutados desde 2008 a 2013 por el gobierno sciolistas y que consistía también en reincorporar personal retirado y “saturar” de policías y gendarmes las calles, son la evidencia que dicha estrategias no funcionan. Los conceptos de  “seguridad ciudadana” y “mano dura” son un oxímoron.

Esta política de seguridad en los últimos veinte años condujo a triplicar las tasas de encierro. Los informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación y Comisión provincial por la Memoria, tomando datos del Ministerio de Justicia de la Nación, coinciden en afirmar que el Servicio Penitenciario Bonaerense ha pasado de alojar 10.424 personas desde fines del año 1997 a la escalofriante cifra de 34.096 personas a fines de 2015. Cabe recordar que esa cantidad de personas se halla alojadas en las 20.732 plazas de los 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales, lo cual implica un 60 % de sobrepoblación. El cuadro se completa con la mención de las horrorosas condiciones de detención que sufren los internos, tales como hacinamiento, falta de comida, medicamentos, carencias de contacto familiar, traslados inmotivados, utilización del sistema de buzones y demás. Muestra de ello ha sido que en el año 2015 la Procuración Penitenciaria de la Nación registró 18.557 hechos de agravamiento en condiciones de detención y que dieron origen a 3.916 habeas corpus. También el Registro Nacional de casos de torturas y Malos tratos (RNCT) relevó 2.514 hechos de tortura y malos tratos padecidos por 596 víctimas. Dato a tener en cuenta es la cifra de muerte de internos. Según informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación en el año 2015 fallecieron 145 personas, de los cuales el 65 % fue por enfermedades curables no asistidas.

¿Hay salida?

Sin atender el problema de la falta de profesionalización por parte de la fuerza que ha llevado a una preocupante ineficiencia en materia de prevención y persecución del delito, una de las aristas más graves de  la denominada saturación policial han sido las constantes prácticas de abusos en el interior de estos barrios. Los mecanismos arbitrarios de interceptación en la vía pública por averiguación de antecedentes y/o identidad ha sido uno de los ejes fundamentales sobre el cual se ha estructurado una política de alto impacto en el recorte de libertades. El último informe del Comité contra la Tortura de la ONU del 10 de mayo de 2017 pone de resalto ello y afirma su preocupación por  la arbitrariedad con la cual actúan las fuerzas de seguridad en el marco de detenciones policiales sin orden judicial y particularmente de jóvenes y menores en situación de marginalidad social. Resalta el informe que el ámbito de las fuerzas de seguridad “arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”.

Por eso,  cuando hablamos de más policías en las calles o analizamos las políticas de seguridad,  y desde amplios sectores se las justifica, estamos diciendo las mismas palabras, pero los conceptos son diferentes. No estamos hablando del término tradicional de seguridad. Estamos hablando de una seguridad no inclusiva, sino que deja a decenas de miles afuera, “los otros”, a los de las barriada pobres. La libertad la llamamos con la misma palabras, pero vivimos en un trozo de hielo y estamos cada momento más aislados y temerosos de saltar a otro. También decimos igualdad, pero ahora es una igualdad relativa, “algunos son más iguales que otros” y decimos democracia porque ponemos un voto una vez cada tanto y no nos enteramos que nuestra democracia se parece bastante más a la democracia griega que dejaba  sin voz a las mujeres, los esclavos y los jóvenes. El concepto de seguridad también ha cambiado. Ahora la seguridad  es tener la tranquilidad de ir al mercado, llegar a casa para  prender el televisor sin enterarnos que por allí se siguen filtrando aquellas viejas estructuras que resisten marcharse y siguen reclamando más exclusión, mas razzias, mas encarcelados. A  todo ello llamamos seguridad.

 

Enlaces Sugeridos

Informe Anual 2015. La situación de los Derechos humanos en Cárceles Federales Argentinas. Procuración Penitenciaria de la Nación.

Informe Anual 2015. El sistema de la Crueldad IX. Sobre el Sistema de Encierro y las Políticas de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires.

Informe Anual 2016. El sistema de la Crueldad X. Sobre el Sistema de Encierro y las Políticas de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires.

WACQUANT, LOÍC, “Las Cárceles de la Misería”

Comité contra la Tortura. Observaciones finales sobre el quinto y sexto Informe Conjunto periódico de Argentina. Mayo de 2017.

http://www.lanacion.com.ar/2030047-las-patrullas-de-infanteria-empiezan-a-imponer-su-presencia-en-el-conurbano