En Costa Rica aquí estamos, en pie de lucha

Por Ana Rojas* / Foto: Alejandra Rojas 

Ante un nuevo 28 de septiembre, día de lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe, la situación en Costa Rica. El estado legal, las contradicciones del nuevo gobierno, el tabú social y la solidaridad con lo que pasa en el sur del continente. 

La situación legal del aborto en nuestro país es que hay muchos artículos dentro del Código Penal que lo tipifican como un delito; estos son, entre otros, el 118 y el 119; sin embargo, el 121 establece que las mujeres pueden tener acceso al aborto terapéutico en caso de que su vida corra peligro. A partir de esa situación legal, hubo una historia paradigmática que sacudió esta aparente normalidad.

En 2012 “Aurora”, una mujer de 32 años, pidió que se le interrumpiera un embarazo inviable. En el hospital, las y los médicos no le concedieron este derecho que también fue negado por el Tribunal Supremo que tardó 36 días en dar una respuesta. En lo que duró esto, su vida estuvo en grave peligro; atravesó una situación muy complicada de salud y fue por eso que demandó al Estado costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tras conocer y analizar su caso, emitió una resolución exigiendo que Costa Rica emitiera una normativa técnica que garantice este acceso a la salud para las mujeres.

Fue en ese momento cuando, las entonces diputadas y actual vicepresidenta y ministra de la mujer de Costa Rica, Epsy Campbell (Acción Ciudadana) y Patricia Mora (Frente Amplio), impulsaron un Proyecto de Ley para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, iniciativa que no pasó a más y no se debatió en la Asamblea Legislativa.

Con esta historia reciente y viendo todo lo que sucede en el sur de nuestro continente fue que empezamos a apoyar, a acuerpar, primero las manifestaciones en Chile, y luego mirando lo que pasa en Argentina, tras una de las reuniones, surgió surgió la necesidad de agruparnos en el Movimiento por el Aborto Legal en Costa Rica, a finales de junio. Con el antecedente de grupos como el Foro por el Aborto y la Colectiva por el derecho a decidir; este frente se crea como una alianza de más de 60 organizaciones y colectivas.

Fue entonces que empezamos a presionar a Carlos Alvarado, actual presidente, para que se emita la normativa técnica que establezca algo que ya habia exigido la CIDH al Estado y se comienza a hacer presión, como las manifestaciones del 8 de agosto, día en que en nuestro país se entregó una petición a la Casa Presidencial que fue respondida con algo completamente tibio, diciendo que iban a tomar en cuenta nuestras demandas. Algo típico de un gobierno de centro, neoliberal, que intenta caerle bien a todo el mundo pero que no traduce las demandas en políticas públicas concretas.

Enfrentarse a un enemigo claro

El principal enemigo de las mujeres en Costa Rica es el sector conservador evangélico; ni siquiera el partido de derecha tradicional, el Partido de Libernación Nacional (PLN), ha representado una oposición tan grande como los partidos, pastores e iglesias evangélicas, mucho más militantes que las católicas y que en este momento tienen gran presencia en la Asamblea Legislativa.

Son quienes se están encargando de las campañas contra la educación sexual en las escuelas en un país donde se pueden registrar hasta 500 embarazos al año en niñas menores de 15 años. Ellos son los principales enemigos de los derechos, y no sólo de las mujeres, sino también de toda la población.

La persecución y la criminalización a mujeres y activistas por el derecho al aborto tuvo un auge cuando Epsy Campbell y Patricia Mora empezaron a impulsar esta Ley en años pasados; fue una persecución extraña ya que el movimiento social y feminista no se había activado como tal para pedir el aborto libre sino que se pedía la normativa que garantice los abortos terapéuticos y la educación sexual, esa era la consigna principal y la garantía de los derechos reproductivos.

No obstante, se allanó una clínica de aborto clandestino, hubo cuentas de WhatsApp de activistas que fueron intervenidas; sin embargo nada fue llevado a juicio porque no se lograron comprobar las incriminaciones. De la misma forma los casos de mujeres criminalizadas por abortar son muy pocos. Y esto se debe a que, sin dudas, la criminalización más fuerte es la social, el aborto se percibe como algo tabú en Costa Rica y eso pasa porque la discusión por el aborto aún tiene mucho de qué nutrirse de otras experiencias.

En esa estamos, y aquí estamos, en pie de lucha. Y mucho tiene que ver con el ejemplo, con lo que estamos viendo que sucede en el sur del continente, y por eso estar unidas es muy importante para nosotras. En Costa Rica definimos a las pañueladas como “proceso sororal para unirnos bajo una misma lucha: por el aborto legal, seguro y gratuito”. Y por eso, para el 28 de septiembre, estamos movilizadas.

 

*integrante del Movimiento por el Aborto Legal en Costa Rica.