Violencia policial contra el MST de Brasil: crónica de una escalada represiva

Por Ana Saldanha – Traducción Diego Ferrari

En el día 4 de noviembre de 2016, una represiva acción policial brasileira se extendió desde la región centro-sur del Estado de Paraná, hasta el Estado de San Pablo, en la que fue denominada operación “Castra” (En Latín: terreno o edificio donde se reagrupan tropas en la Roma Antigua). A través de un fuerte dispositivo policial, cuyo elevado grado de violencia terminó en la invasión de la Escuela Florestan Fernandes (ENFF), la acción tuvo como objetivo la prisión de militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Paraná: 7 de abril de 2016

La tierra es volcánica, sanguínea, y no nos suelta. Se pega a nuestros zapatos, a las ropas, a la piel: es la tierra paranaense. A 170 km (en línea recta) de las cataratas de Foz de Iguazu, y a 120 Km de la ciudad de Cascavel, queda la pequeña ciudad del interior de Paraná, Quedas de Iguaçu. A 10 km de esta pequeña ciudad, construida a la medida de las necesidades, y bajo los auspicios de la empresa brasileña Araupel (exportadora de madera), se encuentra el campamento D. Tomás Balduíno, ocupación del Movimiento de los Trabajadores  Rurales Sin Tierra (MST) (el último, hasta la fecha, en el estado de Paraná).

La ocupación fue iniciada el 6 de Julio de 2015, por aproximadamente 1500 familias, y  exige, para los fines de Reforma Agraria, la entrega de 12.000 hectáreas de tierras públicas, explotadas ilegalmente por la empresa extractivista Araupel.

Fruto de la fusión, en 1972, de dos grupos brasileros de extracción de madera (Madeireira Giacomet S.A. e Marodin S.A. Exportação), actuantes desde 1910 en la región de Paraná, la entonces creada Giacomet-Marodin Indústria de Madeiras S.A. cambió su firma para Araupel S.A., en el año 1997. Extrayendo, desde la fusión de las dos industrias extractivistas, madera de pinos y de eucaliptos, situados en terrenos pertenecientes a la União (Estado Brasileño), la empresa actúa, irregularmente “en parte de una zona considerada pública, con un histórico conflicto y degradación ambiental en la región, con el reemplazo de las florestas nativas por un gran monocultivo de pino y araucaria, destinado a la industria de madera” (Nota Oficial del INCRA, 8 de abril de 2016).

Es en este contexto que, hace aproximadamente 20 años, el MST inicia una serie de ocupaciones de tierras ilegalmente explotadas por la Araupel, en un conflicto que se prolonga hasta la actualidad, y del cual resultó el asesinato, en 1997, de dos trabajadores Sin Tierra.

La primera ocupación, iniciada en 1996, y que se prolongó durante el año siguiente, fue acompañada por una acción judicial. Es así que, en 1997 y 1998, la Araupel es desapropiada (que fue, no obstante, fruto de una indemnización por parte del Instituto Nacional de Reforma Agrária) de una área considerada improductiva (del Título Pinhal Ralo), de cerca de 25 mil hectáreas. En esta área, antes ocupada por los trabajadores Sim Terra, fueran asentadas 1.550 familias (asentamientos Ireno Alves dos Santos, creado en 1997, y asentamiento Marcos Freire, creado en 1998), cuya producción agrícola constituye, hoy en día, la base de la economía del municipio de Rio Bonito do Iguaçu.

La lucha por la tierra para la Reforma Agrária, mientras tanto, continuó.

En 2003, con el objetivo de encontrar una solución para otra ocupación del MST, esta vez en un área de Quedas do Iguaçu, en el Título Rio das Cobras, el Incra realizó la compra de 23 mil hectáreas de ese mismo Título, a la empresa Araupel. En consecuencia, nace, en ese mismo año, el asentamiento Celso Furtado (con mas de 1.000 familias asentadas). En mayo de 2015, la Justicia Federal determina, sin embargo, que las 23 mil hectáreas del Título Rio das Cobras pertenecen a la União (Estado Nacional), por lo cual, Araupel es condenada a devolver las indemnizaciones recibidas anteriormente por el INCRA, por el uso indebido del territorio público.

A la luz de esa decisión, o sea, teniendo en vista que la Justicia Federal había determinado que el área del Titulo Rio de las Cobras (Quedas do Iguaçu) es pública, la União/Incra entró, todavía en 2015, con una acción civil pública para cuestionar el área remanente, de 12 mil hectáreas, donde desde entonces se encuentra el campamento D. Tomás Balduíno. La empresa Araupel se recusa, sin embargo, a entregar las tierras que explota ilegalmente en el Título Rio das Cobras, por lo que el caso tramita, actualmente, por los tribunales paranaenses.

En síntesis, de las cinco ocupaciones realizadas, desde 1996, por el MST (la última resultó en el actual campamento D. Tomás Balduíno), ya se logró, por el camino de la lucha, la conformación de tres asentamientos.

Ahora bien, fue en esa tierra roja de resistencia que en el día 7 de abril de 2016 dos trabajadores Sin Tierra (Vilmar Bordim y Leonir Orback) fueron asesinados, por la policía militar paranaense.

Este hecho nos recuerda que el conflicto por la tierra en Paraná, contra el latifundio y el modelo del agronegocio, es hecho, desde las primeras ocupaciones, en 1996, de lucha, pero también de sangre: “La empresa Araupel que se constituye en un poderoso imperio económico y político, usando de la usurpación de tierras públicas, del uso constante de la violencia contra trabajadores rurales y poseedores, muchas veces actúa en complicidad con el aparato policial civil y militar, y habiendo financiado inclusive campañas políticas de autoridades públicas, tal como el jefe de la Casa Civil del Gobierno Beto Richa, Valdir Rossoni” (Nota del MST, 4 de noviembre de 2016).

En el día 7 de abril de 2016, 25 trabajadores Sin Tierra se encontraban dentro de una camioneta (en el perímetro del área que la justicia había declarado como pública, en 2015), a aproximadamente 6km del campamento D. Tomás Balduíno, cuando son sorprendidos por policías militares paranaenses y agentes de seguridad privada contratados por la empresa. Los policías y los agentes de seguridad privada comienzan, entonces, una sucesión de tiros (más de 120) sobre la camioneta, provocando siete heridos y dos muertos, causadas por balas recibidas en la espalda. Los ocupantes de la camioneta intentan, mientras tanto, de diversas formas, abandonarla: mientras se protegían de los tiros sucesivos de las fuerzas militarizadas, trabajadores Sin Tierra saltan por las ventanas y se adentran en la selva , corriendo, bajo el tiroteo, en diferentes direcciones, intentando llegar hasta el campamento. El local de la emboscada fue aislado por la policía militar, impidiendo a los acampados y familiares de los heridos y muertos aproximarse, como también permitiendo a la propia policía la alteración de la escena del crimen, con la intención de justificar posteriormente el asesinato de los dos trabajadores Sin Tierra, así como los tiros indiscriminados contra los acampados.

En la secuencia de la lucha que se viene desarrollando contra los intereses de la empresa Araupel, líderes del campamento venían siendo constantemente amenazados de muerte, ya antes de la emboscada, incluso por miembros de las fuerzas policiales del Estado. Estas amenazas continuaron y se intensificaron después del asesinato de los dos acampado, principalmente a través de llamadas anónimas (directamente a los perseguidos) y de las redes sociales.

Paraná, Mato Grosso do Sul y São Paulo: 4 de noviembre de 2016

En función de la criminalización de los dirigentes Sin Tierra del Estado de Paraná, la Policía Civil paranaense emitió, en la mañana del día 4 de noviembre de 2016, 14 pedidos de prisión, 10 mandatos de búsqueda y captura y 2 de conducción coercitiva. Esta acción judicial y militar (las acusaciones son diversas, desde robo y daño cualificado, invasión de la propiedad, incendio criminoso, cárcel privado, lesión corporal, hasta portación ilegal de armas de fuego de uso restricto e irrestricto) tiene como principal objetivo incriminar líderes de los campamentos Dom Tomás Balduíno e Herdeiros da Luta pela Terra, y, consecuentemente, la criminalización de la lucha por la Reforma Agraria: “Desde mayo de 2014 aproximadamente 3 mil familias acampadas, ocupan áreas usurpadas por la empresa Araupel. Esas fueron usurpadas y por eso declaradas por la Justicia Federal tierras públicas, pertenecientes a la União (Estado Nacional) que deben ser destinadas para la Reforma Agraria” (Nota del MST, 4 de noviembre de 2016).

La operación, denominada Castra, se desarrolló en Quedas do Iguaçu, en Francisco Beltrão y en Laranjeiras do Sul (en la región centro-sur de Paraná), donde fueran detenidos ocho trabajadores Sin Tierra, e incluso en São Paulo y en Mato Grosso do Sul.

En Mato Grosso do Sul, 3 patrullas policiales, con placas de Paraná, entraron en el Centro de Investigación y Capacitación Geraldo Garcia (CEPEGE), en Sidrolândia, sin pedido de captura. Ninguno de los Sin Tierra que se encontraban en el lugar fue, a pesar de todo, preso.

Mientras tanto, miembros de la Policía Civil invadieron la Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF), en São Paulo, una vez mas sin ningún tipo de pedido de captura, ni autorización judicial: cabe destacar además, que los policías, de forma arbitraria e ilegal presentaron un mandato de prisión, a través de una foto de Whatsapp, y por lo tanto sin ningún tipo de validez.

Inaugurada en enero de 2005, la ENFF es fruto del trabajo voluntario, durante 5 años, de mas de 1.000 militantes del MST, de 112 asentamientos y de 230 campamentos, de 20 estados de Brasil, organizados en un total de 25 brigadas de trabajo. Diferentes organizaciones y personalidades garantizaron, por cierto, el financiamiento de la construcción de la escuela, como José Saramago, Sebastião Salgado o Chico Buarque. La escuela promueve cursos formales (en convenio con Universidades Públicas) e informales (principalmente de formación política e ideológica de militantes de diferentes organizaciones políticas, sociales y populares de los cinco continentes).

Con una violencia que no es desconocida por los mil militantes Sin Tierra, los policías (que se habían transportado en 10 patrulleros) entraron fuertemente armados por la ventana de la recepción y saltaran por el portón de la entrada principal, amenazando los trabajadores Sin Tierra y amigos que ahí se encontraban; las amenazas y los intentos de sometimiento terminaron con los disparos de tres tiros de balas reales. Frente a la inmediata de quienes allí se encontraban, y que (a pesar de la violencia de éstos) obstaculizaron el avance de los policías, así como de abogados que estaban presentes en la ENFF en ese momento, los policías fueron obligados a retroceder. Dos militantes, mientras tanto, fueron detenidos y acusados de desacato a la autoridad (uno de ellos, un profesor de 64 años, víctima de Parkinson, fruto de la violencia policial, tuvo una costilla quebrada), y fueron liberados después de prestar declaración.

Poco tiempo antes, en otra entrada de la ENFF, un policía ya había amenazado a los trabajadores Sin Tierra, gritándole a una militante allí presente: “alguien va a salir muerto de acá” (registrado en video). Cabe destacar que en el momento de la invasión de la policía civil, mas de 250 estudiantes se encontraban presentes en la escuela.

Denunciando “el avance de la represión contra la lucha por la tierra, donde predominan los intereses del agronegócio asociado a la violencia del Estado de Excepción” el MST reivindica “que la tierra cumpla su función social y que sea destinada para el asentamiento de las 10mil familias acampadas en Paraná” (Nota del MST, 4 de noviembre de 2016).