Por Facundo Barrera y Mariana Relli, desde España. El Congreso de los Diputados del Estado español aprobó ayer el tratamiento de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone el freno inmediato a los desalojos y un sistema de alquiler social como medidas de urgencia frente al estallido de la burbuja inmobiliaria.
“Hemos ganado una batalla, pero tenemos muy claro que ahora viene lo más difícil, la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para que no se pervierta” declaró Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Lo hizo al salir del Congreso de los Diputados luego de la sesión en la que fue aprobado su tratamiento casi por unanimidad por los diputados de los diferentes partidos, incluidos el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), responsables políticos de la crisis habitacional en el país y los más reacios a dar cabida al tratamiento de la propuesta, que se vieron obligados a cambiar de actitud frente a la presión popular.
La ILP fue presentada luego de largos meses de elaboración, discusión pública, difusión y juntada de adhesiones en todo el país, siguiendo los dificultosos caminos burocráticos para que este tipo de iniciativas puedan ser llevadas al recinto legislativo. Ahora empieza el trabajo para su aprobación definitiva y puesta en práctica de manera urgente sin vulnerar el espíritu con el que se ha elaborado.
La burbuja inmobiliaria, expresión de la especulación desmesurada y vía de escape del capitalismo español, ha explotado hace ya tiempo. Sin embargo, la problemática social resultante de esas lógicas especulativas que han estructurado fenomenales negocios para inmobiliarias, constructoras y entidades financieras, apenas comienza a ser considerada por la dirigencia política que, salvo contadas excepciones, ha hecho oídos sordos a los reclamos sociales. Ante la enorme cantidad de familias desahuciadas y los suicidios de las personas que no encuentran salida a su endeudamiento, ya no puede desconocerlos.
En una economía en la que el índice de desempleo alcanzó el 26,6% de la población económicamente activa (6 millones de personas), crece el número de familias cercanas a perder su vivienda por el impago de hipotecas. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde que estalló la crisis se abrieron más de 400.000 procesos de desahucios y los desalojos de familias que contaban para vivir únicamente con la vivienda hipotecada ascendieron a 2.500 sólo en el último año.
Los movimientos sociales hablan de “estafa inmobiliaria” para referirse a la situación actual y señalan como responsables directos al poder político y a las entidades bancarias, financieras, notariales, constructoras e inmobiliarias, puesto que se llegó hasta aquí gracias a las facilidades para el sobreendeudamiento, la política fiscal que desgravaba la compra de viviendas, la desregulación del mercado de alquileres, la retracción de la oferta de vivienda social (en venta y alquiler) acompañada de un persistente mensaje de aliento al endeudamiento hipotecario y la recurrente negación de la existencia de la burbuja inmobiliaria.
Las respuestas ante la estafa inmobiliaria
El conflicto por los desahucios es uno de los problemas sociales más acuciantes de la crisis económica en el Estado español. Los movimientos sociales españoles vienen dando importantes avances organizativos entre los que se destacan las ocupaciones de edificios para alojar personas desahuciadas, la formación de grupos de apoyo desde las asambleas barriales para acompañar a las familias con pedidos de expulsión y la conformación de la PAH, un movimiento que nació hace cuatro años en Barcelona y que en la actualidad cuenta con más de cien nodos en distintas ciudades del país.
Ante anuncios de desalojo, las asambleas de barrio, los grupos activos del Movimiento 15M y las personas concentradas en las distintas asambleas de la PAH en toda España, responden con el cuerpo para defender a las familias afectadas.
Desde la conformación de la PAH, se han logrado frenar más de 550 desahucios, han podido sentar en mesas de negociación a responsables de entidades bancarias para refinanciar deudas, conseguir daciones en pago y alquileres sociales para las familias a punto de ser desalojadas y sus integrantes han sido los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular que ya dio un paso más dentro del Congreso y que, según sus creadores, no es más que un conjunto de medidas mínimas para hacer frente a la emergencia habitacional que hoy se vive y de ninguna manera una solución radical.
La ILP parte de identificar dos nudos problemáticos, por un lado, las personas desahuciadas y con endeudamiento de por vida y, por otro, la necesidad de proveerles una vivienda. Frente al primero, la ILP propone la dación en pago con efectos retroactivos, lo que significa que las personas desahuciadas no sigan conservando las deudas una vez rematadas sus viviendas ya que, aunque parezca mentira, las cláusulas fraudulentas de los contratos hipotecarios así lo estipulan.
Por otra parte, en lo que se refiere al problema de la vivienda, la ILP propone una urgente moratoria de todos los desahucios de vivienda única y habitual y deudores de buena fe y la reconversión del stock de viviendas acumuladas por entidades financieras en oferta de alquiler social con regulación pública, destinada a las familias que han sido desalojadas y donde, como máximo, se cobre el 30% de los ingresos de la unidad familiar. “Somos el país de Europa que más desahucia, por mucho, y a su vez somos el país de Europa que más viviendas vacías acumula” sostuvo Ada Colau en su presentación de la ILP ante el Congreso. Según el Instituto Nacional de Estadística existen alrededor de cinco millones de viviendas desocupadas en todo el Estado, aproximadamente el 20% de la totalidad del parque habitacional, y los bancos y entidades financieras concentran más de un millón producto de los desahucios.
Para el próximo 16 de febrero se han convocado movilizaciones en todo el país con el fin de apoyar esta iniciativa y reafirmar la lucha por el Derecho a la Vivienda.