“Están avanzando sobre derechos elementales como la salud y la educación”

Por Vivian Palmbaum @vivi_pal Foto: Mirada Profesional

Como preámbulo de la eliminación de la cartera de Salud como Ministerio, hace pocos días se conoció la noticia de la suspensión de la aplicación gratuita de la vacuna obligatoria contra el meningococo. La salud pública, en retroceso.

La discontinuidad de la aplicación de una vacuna que está incluida en el calendario oficial de vacunación y que recae directamente sobre las y los niños de nuestro país y en especial sobre los sectores más vulnerables es una medida de ajuste sin precedentes. La creciente reducción de recursos en el sistema público y la negación de derechos que implica, pone en riesgo la salud de la población y es una decisión que se enmarca en la reducción de las políticas públicas de salud, tal como lo pone en evidencia la inédita noticia de la desaparición del Ministerial a la Salud.

El calendario de vacunación indica qué vacunas son obligatorias en un país para el tratamiento preventivo de enfermedades que son prevenibles. Muchas de las que lo integran –16 en total– serían, por sus costos, inaccesibles para gran parte de la población. Y el formar parte del calendario las vuelve tanto gratuitas como obligatorias.

Para que nos profundice en la problemática entrevistamos a María Fernanda Boriotti, Secretaria General de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FesProSa).

– ¿Cómo evalúa la medida de suspensión de una vacuna del calendario oficial de vacunación?

Es un retroceso en lo que debe garantizar el Estado para el derecho de la salud de la población. Enmarcamos la suspensión de esta vacuna dentro del calendario oficial como parte de las políticas de ajuste y restricción en un sector tan sensible como es la salud. Más allá de la necesidad, retirar una vacuna dentro de un programa habla a las claras de recortes y lo vemos no solo en el sistema de vacunación sino con la medicación de alto costo, con los medicamentos oncológicos, con la discontinuidad y el atraso en los tratamientos, que es algo gravísimo. Lo vemos también con los programas de tuberculosis y de salud sexual y reproductiva y muchas otras entregas que debería hacer Nación, en tiempo y forma, y no las hace.

– ¿Desde la Federación relacionan esta medida con las políticas de salud?

Esto para nosotros habla a las claras de la aplicación de las políticas CUS (Cobertura Universal de Salud), que bajan desde el Banco Mundial. Es decir, un paquete mínimo de prestaciones garantizadas por el Estado y el resto habrá que pagarlas. De esta manera se va a debilitar el sistema público de salud con mayor derivación al sector privado. Implica una derivación de fondos públicos al sector privado, para que se haga en forma privada o en vías de aseguramiento, que es lo que planteaban en los ´90 el Banco Mundial. Después le cambió la forma y pasó de aseguramiento a cobertura universal de salud, pero siempre hablando de una cuestión mínima focal, orientada a determinado sector y no pensando en una salud integral accesible y gratuita para toda la población.

El debilitamiento del sistema público es grave y sería un retroceso, más allá de la diferencia que hay entre provincia y provincia, al tener federalizada la salud cada provincia es rectora per se del sistema que aplica. Nación lo que hace es tener programas pero no es rector ni garantiza los derechos en las distintas provincias, así que tenemos distinta salud según la provincia en la que estemos o según la provincia que pisemos.

El sistema que pretende el gobierno de la Cobertura Universal de Salud es una política del Banco Mundial que ya había sido avalada por el gobierno de Néstor Kirchner, por el gobierno de Cristina Fernández en 2012, y en el intento de implementarlo por parte del gobierno de Mauricio Macri es parte de los objetivos del desarrollo sustentable para 2030, llevando ese verso lindo para los oídos que es la Cobertura Universal de Salud, que no es otra cosa que el ingreso de los seguros al sistema público.

– ¿Cómo evalúan la continuidad de las políticas de salud?

Vamos a empezar a ver un retroceso en los programas, vamos a ver un retroceso en los fondos que manda Nación y esto se ha explicitado en las reuniones del Consejo Federal de Salud, COFESA. En las dos últimas hubo una embestida muy fuerte del gobierno nacional contra las provincias que aún no habían adherido a la CUS amenazándolas, chantajeándolas, que si no adherían formalmente a la CUS no solo no iban a recibir el fideicomiso destinado para la CUS, ni el dinero que mandaba el Banco Mundial, e iban a dejar de mandar todo lo que demandan hasta hoy: insumos, vacunas, la medicación de alto costo, todos los programas y eso implica mucho dinero para las provincias que sumado al recorte del Fondo Sojero es un deterioro en las arcas destinadas a salud en todas las provincias. Obviamente según las políticas de salud que tenga cada uno de los gobiernos provinciales el impacto en la población va a ser de distinta magnitud.

– ¿En qué situación se encuentran las y los trabajadores?

En las distintas provincias están en conflicto, no solo por salarios sino que se suma a eso la grave falta de insumos en los hospitales de referencia. El conflicto por salarios además implica que es fundamental tener a las y los trabajadores de la salud pública para garantizar la atención frente al aumento en la demanda que estamos viendo y que además son quienes garantizan el sostén del sistema público.

Tenemos provincias como Chaco que han ofrecido una mejora salarial del 10% , provincias como Santa Cruz donde no hay paritarias desde el 2016, provincias como La Rioja que han ofrecido un 15% y en Buenos Aires con una paritaria que está inconclusa. La situación es de precarización de los y las trabajadoras con bajos salarios, sin pases a planta permanente, como está pasando en la provincia de Santa Fé, que se ha retrocedido en esa desprecarización continua en la que estaban,  y eso muestra que si no hacemos algo se va a ir deteriorando el sistema público de salud, si no salimos a defenderlo como derecho de la población.

Hoy estamos con 300 nuevos despidos en el Hospital Posadas, que es el hospital nacional más grande del país, con un deterioro en la atención de la población, con servicios que van quedando despoblados de profesionales y trabajadores, una situación en donde avanzan más allá de lo que es legal, despidiendo trabajadores y trabajadoras que inclusive son miembros de la comisión directiva de gremios como la seccional CICOP del Posadas. Lo que hemos visto en ese hospital es para salir a denunciar fuertemente desde todo el sector salud y toda la población que entiende lo que implica el desguace de un hospital. Desde que comenzó esta gestión hay 1.000 despidos en el Hospital Nacional Posadas. Estamos con planes de lucha en distintas provincias, vamos a un paro nacional de salud en septiembre e intentaremos confluir con otros sectores que salgan a las calles: docentes, estatales, que nos plantemos para decirle al gobierno nacional que este no es el camino, que las y los trabajadores no estamos dispuestos a ver el colapso y la caída de sectores emblemáticos en Argentina como son salud y educación.

Una grave situación de crisis provocada por las políticas del gobierno nacional que siguiendo con los lineamientos del FMI y el Banco Mundial llevan al achique del Estado y están avanzando sobre derechos elementales como salud y educación. En este contexto de achique sin duda está favoreciendo al sector privado que hace negocios con la salud y la educación.

Sin derechos para las y los más débiles

Hay una política deliberada que asocia la salud al consumo y que se transforma en políticas de exclusión y muerte para las grandes mayorías que no tienen posibilidades de acceso. Mientras desde el ex Ministerio de Salud de la Nación, hoy degradado a Secretaría, intentaban desligarse de la responsabilidad de la falta de vacunas, los laboratorios proveedores pusieron en evidencia la mentira: “hay disponibilidad de vacunas en el mercado”. Un riesgo grave, promovido desde las políticas de Estado, para las y los pibes más vulnerables que debieran recibir la vacuna a los 11 años. La salud y las políticas de Estado que intentan transformar derechos en pura asistencia social.