Por Francisco J. Cantamutto. Uno de los escándalos políticos de la semana anterior fue la detención de la Fragata Libertad en un puerto de Ghana, que llevó a remover al jefe de la Armada, Carlos Paz. La nave fue retenida como prenda por una causa iniciada por un fondo buitre. En la polvareda que se levantó, algunos puntos no se han aclarado.
La fragata fue confiscada en Ghana por una demanda del fondo de inversión NML-Elliott Capital Management, que accionó contra el Estado argentino en virtud de los bonos de deuda pública impagos que posee, por unos US$372 millones. Este fondo es uno de los llamados fondos buitres, uno de los jugadores emergentes en el mercado financiero mundial a partir del Plan Brady. Este plan, el programa de acción del FMI a principios de los 90, forzaba a la conversión de las deudas externas públicas en títulos negociables. Así, una vez emitida la deuda de un país, podía ser cambiada infinidad de veces en mercados secundarios, fomentando la especulación financiera. Los fondos buitres se dedican a comprar deuda en condiciones riesgosas, a muy bajo precio, y luego buscar cobrar mediante acciones legales y lobby. Por aprovecharse de países en problemas y buscar provecho de una economía en crisis, se los conoce como buitres.
El NML-Elliott Capital Management, dirigido por Paul Singer, compró dos tipos de bonos de deuda argentina en 2000, cuando el país prometía irreales tasas del 12% en dólares (mientras las de referencia eran de 2-5%). Argentina inició ese año con las diversas reestructuraciones de deuda, primero con el Blindaje financiero, en 2001 con el Megacanje y los préstamos garantizados por recaudación fiscal. Sólo los títulos reestructurados y las deudas con los organismos multinacionales de crédito no entraron en default en Diciembre de 2001. Se trataba del default más grande de la historia mundial y sus implicancias no eran claras.
El FMI, encomendado por los preceptos neoliberales del gobierno republicano de EEUU, pretendía que se emulara el procedimiento de quiebra de una empresa privada y que el Estado argentino realizara una convocatoria de acreedores. Es decir, la negociación al margen del FMI, la primera desde los 70, no contrariaba al organismo. Éste se limitaría a establecer las condiciones de “buena fe” del deudor, en función del cumplimiento de continuar las reformas estructurales (en los 90, la “buena fe” se demostró con las privatizaciones) y el ajuste fiscal. Aunque no avanzar con las reformas era un conflicto, el ajuste fiscal fue sobrecumplido: el superávit fiscal del gobierno de Kirchner excedió incluso los pedidos del FMI.
Por otra parte, para demostrar buena fe, el organismo pedía dialogar con los grupos de acreedores, si estos existieran. Esto fomentó la creación de agrupamientos ad hoc, como el Comité Global de Bonistas Argentinos, del italiano Nicola Stock, o el Grupo Americano de Tareas para Argentina, donde se halla el Elliott. Estos grupos iniciaron todas las acciones posibles para presionar por el pago de los bonos en valor nominal, algo que Argentina encontraba imposible de cumplir. La oferta de 2004, finalmente llevada a cabo en 2005, se basaba en este hecho: el país no podía pagar más de lo que podía pagar, y por ello, realizaría una oferta creíble y sustentable en lugar de hacer una “atractiva”. El canje de 2005 normalizó el 76% de la deuda en default, y se complementó luego con la ilegal reapertura del canje en 2010 (derogando la ley “cerrojo”). Con estas dos ofertas se normalizó más del 90% de la deuda. Parte de los remanentes son los que hoy utiliza el Elliott para pedir el embargo de la fragata.
Aunque la acción de fondo es lamentable, no deja de responder a su lógica. Y esta lógica es la que el gobierno, cuando tuvo la oportunidad, en lugar de desafiar, avaló. La negociación de 2005 tuvo por principal hito la quita, supuestamente de más del 60%, que sería una conquista frente a los acreedores. Sin dudas, la quita es un logro, pero ciertamente, no un desafío: los acreedores prefieren siempre perder algo a perder todo. El hecho de que concurrieran masivamente al canje indica que sus condiciones no les eran tan perjudiciales. La quita, contabilizando intereses y premios, no superó el 28% de la deuda en default, o el 13% de la deuda total. Siendo que una enorme parte de los bonos canjeados habían sido comprados en el mercado al 20-30% de su valor nominal, incluso con una quita estos fondos lograban una enorme ganancia de capital.
Los gobiernos de Kirchner y Fernández, enarbolando esta quita como logro, se negaron a investigar la deuda. Y, repetimos, si bien la quita puede ser una conquista, no desafía la lógica de la deuda. En Noviembre de 2003, la CTA había organizado una consulta popular, donde el 88% de los más de 2 millones de votos se expresó contra el pago de la deuda. Ya desde 2000 el juez federal Ballesteros había remitido al Congreso el fallo declarando la ilegalidad de la deuda externa. Sólo para mencionar algunas de sus aberraciones, la misma fue contraída por personajes sin autoridad constitucional para hacerlo, sin llevar registro de la misma, en tasas usureras, sometiendo al Estado a la regulación del derecho privado, dejando sólo las reservas internacionales como inembargables, cediendo la soberanía de juzgar sobre el respecto en caso de controversia.
Las sucesivas renegociaciones renovaron instrumentos viciados, sin cuestionar estos problemas. Olmos Gaona ha desarrollado con detalle estos problemas (ver acá o acá), y de hecho, fue asesor del gobierno ecuatoriano que sí investigó su deuda para repudiar aquello que encontrara ilegal. Argentina, en cambio, al renovar -aunque sea con quita- la deuda, abdicó nuevamente de investigar el problema. Por eso, ambos procesos no fueron ni parecidos, como se los ha presentado más de una vez: no haber investigado lleva a que hoy un buitre pueda merodear sobre los activos restantes del país.