Por Francisco Cantamutto. El reciente acuerdo firmado por el flamante gobierno griego de Syriza con la Troika implica postergar algunas promesas de mejoras sociales. La justificación de los adoradores del posibilismo y el reproche de sus simpatizantes.
El triunfo de la coalición Syriza ha montado los ojos de la agenda internacional sobre Grecia. Aún siendo parte de su periferia interna, Grecia forma parte de la Unión Europea y esto le da relevancia a la disputa política en cuestión: se trata de una pugna en uno de los centros de acumulación global donde se pone en discusión si es posible avanzar en un programa económico que contemple en algún grado las necesidades del pueblo.
Tras más de siete años del estallido de la crisis mundial, la aplicación ininterrumpida de ajustes en Europa no ha conducido a una salida sino a ajustes sociales recesivos en aras de salvar a los bancos responsables de la especulación. Grecia se erige como campo de batalla entre la presión del ajuste y un gobierno que promueve una agenda que incluya al pueblo.
Grecia pactó en 2012 con la Troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional) un plan de salvataje para la banca por 240 mil millones de euros, bajo la premisa de diluir cualquier conquista social, liberalizar la economía, privatizando negocios como los puertos. A efectos de sortear la incertidumbre de las elecciones, se pactó una extensión de los plazos de pago hasta fines de febrero, poniendo en primer lugar de la agenda para el flamante gobierno la negociación con la Troika.
Mientras tanto, el Banco Central Europeo otorgó liquidez a la banca griega, alimentando así una fuga de capitales del orden de los 200 a 300 millones de euros diarios. Una estrategia de presión que en Argentina conocimos muy bien en 2001: el país se endeuda para financiar el atesoramiento de unos pocos. Por supuesto, al igual que nos quedaba claro entonces, ningún acuerdo viene sin condiciones, y éstas nunca están ligadas a mejorar nuestra situación. Actualmente, Grecia mantiene un superávit fiscal primario del 4,5% del PBI para garantizar los pagos de deuda. Cuando Syriza hizo campaña anunciando un gran programa de rescate social, naturalmente esto se enfrentaba a la prédica de ajuste para pagar deuda. Alguien tenía que ceder.
Ceder ante la troika
El martes pasado, el gobierno griego de Alexis Tsipras logró acordar con la Troika una extensión de los vencimientos hasta julio del corriente año, comprando tiempo para negociar los pagos. Pero, tal como se deriva de la anterior oración, empieza a quedar claro quién está cediendo. El documento de acuerdo aprobado se compromete, aunque sin cifras concretas, a modernizar el sistema fiscal, de administración pública y de seguridad social, luchar contra la corrupción y no revertir ninguna privatización. Y muy importante: Grecia se compromete a evitar cambios unilaterales que pongan en riesgo los “objetivos fiscales” y la “estabilidad financiera” y a “cumplir plenamente y sin demora todas sus obligaciones financieras para con sus socios”. Es decir, se compromete a seguir pagando deuda, incluso si esto pone en riesgo su programa social, y a no salirse del juego por su propia cuenta. O, dicho de otra forma, a tomar decisiones soberanas.
El acuerdo, incluso, diluye la retórica combativa de Syriza frente a la Troika, renovando de esta forma su capacidad de control e injerencia sobre el pueblo griego. Hablando de “supervisión” se entrega el comando de la economía griega a la Troika. No en vano Merkel saludó el acuerdo como un gran logro.
Tsipras también defendió el acuerdo, señalando que una “gran parte” del Programa de Salónica se mantiene en pie. Los cupones para alimentos y electricidad gratuita serán repartidos, ya que no ponen en riesgo el superávit fiscal. Es decir, cambia el orden de prelación y se subordina el plan social a los objetivos de rescate. La suba del salario mínimo será dilatada hasta más adelante y desaparece del plan contra los desalojos, que eran base de la campaña de Syriza. La reincorporación de empleados públicos cesanteados en 2011 quedó restringida al 1% de los despedidos. Todo por preservar el 4,5% del PBI para pagar deuda.
Las críticas llovieron desde adentro del propio partido. Aunque Tsipras asegura que es un paso en la dirección correcta, su argumento es que de esta forma se “evita la ruptura” y se “gana tiempo” en el “debate constructivo”. Muchos cuestionan que no podía llegarse a otro resultado bajo la premisa de que la Troika podía verse como un socio, un aliado, con quienes había que negociar. De plantear la posibilidad de nacionalizar bancos o al menos incrementar el control estatal sobre ellos, se ha decidido negociar sus prerrogativas. El histórico dirigente Manolis Glezos, eurodiputado de Syriza, pidió disculpas a los votantes y militantes por este acuerdo.
¿Podía el gobierno griego presionar por mejores condiciones? Claro que sí. Los adoradores del posibilismo han escrito ríos de tinta asegurando que se hizo lo que se pudo. Sin embargo, Syriza contaba con una fuerte movilización popular que avalaba, por ejemplo, la suspensión de los pagos hasta la auditoría de la deuda. Si esto irritaba a la Troika y ésta suspendía los préstamos, ¿quiénes eran los primeros en perder? Pues la banca griega, a quien se está rescatando.
Los sectores populares están pagando desde hace años el ajuste: la suspensión de los préstamos no implicaría ningún costo mayor para ellos. Pero más aún, gran parte de los prestamistas detrás de los créditos son entidades financieras de Europa: cerca de 150 mil millones de euros están en manos del capital financiero, ávido por cobrar. La dificultad en las finanzas de estas casas obligaría a la Troika a pasar a un rescate directo de las mismas, y no mediado por los bolsillos de los griegos. Incluso más, Grecia podría haber usado la amenaza de abandonar el euro, aunque esta salida no fuera favorable a los sectores populares: el riesgo de una salida de la moneda común representa un costo muy alto para la Troika. Syriza podía negociar más, y se conformó con “avanzar en el diálogo”.
Queda claro que las promesas de campaña no son lo mismo que gobernar, y siempre es necesario establecer compromisos. El acuerdo anti-ajuste con el partido de derecha Griegos Independientes es un ejemplo: a pesar de las contradicciones que significaba en otros órdenes, implicaba poder gobernar y aplicar un programa de rescate social, contrario al ajuste. Pero negociar y acordar con la Troika para sostener el rescate financiero a costa del programa social es simplemente entregar las banderas.
Desde Argentina, algunas organizaciones y personalidades incentivaban la idea de una auditoría conjunta de la deuda, algo a lo que el gobierno argentino se ha negado sistemáticamente. Este paso de Syriza significa un retroceso, sin dudas, no sólo para el pueblo griego, sino para todos los partidos y organizaciones que apuestan por una sociedad más justa.