Hecha la trampa, hecha la ley

Por Ivan Martin Barrera

Una investigación periodística develó un entramado de lavado de activos y robo de identidad en el partido que encabeza María Eugenia Vidal. Beneficiarios y beneficiarias de planes sociales, jubilaciones y pensiones aparecen como aportantes de la campaña de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires. El oficialismo se escuda en que la ley de financiamiento es antigua y permite maniobras poco transparentes.

El apoyo popular al gobierno nacional

El apoyo popular que tanto buscó el gobierno cambiemita por fin se hizo luz. A pesar de las constantes medidas que el gobierno nacional y no tan popular viene tomando desde su asunción en desmedro de las clases bajas, estas aparecieron cuando más lo necesitaba.

Resulta que para la campaña legislativa 2017, donde se presentaron Esteban Bullrich como senador y Graciela Ocaña como diputada por la coalición Cambiemos por el Provincia de Buenos Aires, hubo 4800 portantes individuales, entre ellos y ellas muchos habitantes de villas y barrios de emergencia de la provincia, que generosamente donaron un total de 42 millones de pesos.

La investigación

El periodista Juan Amorín tuvo la ocurrencia de ponerse a observar la lista de aportantes a las elecciones legislativas 2017 de la lista de la coalición Cambiemos. Lejos de asombrarse con onerosos montos de CEOs, multinacionales y miembros de la sociedad rural, se encontró con 100 páginas de aportantes individuales. Al cruzar esta lista con las listas de beneficiarios de los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen, descubrió que unas 200 personas que trabajan en estas cooperativas aportaron individualmente entre $300 y $1500. Una muestra de confianza de los sectores más relegados para apoyar a los candidatos cambiemitas.

A partir de esta pequeña primera investigación, se socializó la lista de aportantes para que todo el que cuente con internet pueda buscarse. Al día de hoy se registran más de 10 millones de búsquedas y se encontró que al menos 1 de cada 4 aportantes a la campaña es beneficiario o beneficiaria de algún plan social, jubilación o pensión y desconoce haber aportado un peso. Como si eso fuera poco, el 99% también aparece como afiliado al PRO.

En un hecho totalmente aislado, en septiembre pasado un decreto del presidente daba al jefe de gabinete Marcos Peña el control sobre todos los datos personales de las bases de Anses. Es decir, semanas antes de presentar la declaración jurada de aportantes, el jefe de gabinete tomó control de los mismos nombres que terminaron apareciendo en la lista.

Pero eso no es todo. A esta investigación se le sumó la lista de aportantes de la campaña de Maria Eugenia Vidal a gobernadora de la provincia en 2015, donde aparecen candidatos a todos los escalafones de gobierno de distintas localidades. En este caso son los mismos candidatos, desde concejales a consejeros escolares, los que salieron a desmentir ser aportantes a las campañas y se sumaron a las denuncias realizadas.

Hecha la trampa, hecha la ley

En la última conferencia de prensa, Mauricio Macri fue consultado por este caso. El presidente de la Nación y máximo responsable del PRO comentó la imperiosa necesidad de redactar una ley que prohíba los aportes a campañas electorales en efectivo, promocionando el sistema bancario que permite conocer los datos del aportante. El presidente hizo foco en que la actual ley de financiamiento es anticuada y permite maniobras de corrupción y lavado de dinero, al permitir aportes en efectivo de dudosa transparencia.

Hecha la trampa, hecha la ley, el 90% de los aportes al PRO de la última elección fueron por medio de efectivo y solo el 10% restante lo hizo en modo bancarizado. Un gobierno que sin dudas aprende sobre la marcha y predica con el ejemplo.

“Frente a esto doy la cara como hice siempre en cada dificultad de la vida y de la gestión. Mi conducta estuvo basada siempre en la honestidad. Frente a estas denuncias, sobre aportes falsos, he tomado tres decisiones concretas” anunció la paladín de la justicia María Eugenia Vidal.

La primera medida fue pedir una auditoria sobre la rendición de fondos. En segundo lugar, Vidal pidió la renuncia de María Fernanda Inza, tesorera del PRO y flamante contadora del gobierno provincial. Por último, se manifestó a favor de la nueva ley de financiamiento. Es decir, la culpa básicamente la tienen la tesorera y la ley por ser anticuada y permitir maniobras corrompibles, pero quien firmó la declaración jurada y es penalmente responsable es María Eugenia Vidal.

La actual gobernadora de la Provincia de Buenos Aires se enfrenta a una denuncia que puede inhabilitarla entre 6 meses y 10 años para ejercer cargos públicos. Sin embargo, Mariu no se presentará sola ante la justicia. Jorge Macri, intendente de Vicente López, fue señalado por sus mismos compañeros de partido, involucrados en esta contienda, como responsable principal de la recaudación de fondos para la campaña. El primo del presidente también enfrenta la denuncia por lavado de activos y robo de identidad. De todos modos, su réplica no se hizo esperar y enfrentó la situación con envestidura dando una respuesta implacable: “Hubo gente que aportó y después se olvidó”.

¿Y si esta semana te toca a vos?

Es posible chequear los aportantes por apellido y nombre o número de documento en el sistema que generó La Alameda.  En caso de aparecer en las listas como aportante sin haber aportado dinero ni datos personales, se puede sumar la denuncia en la misma página o denunciar en El Destape Web, medio que comenzó con esta denuncia.