Martes, 2 de Septiembre 2014
Consejo del Salario: alcances, omisiones y posturas

Por Ezequiel Arauz. Sindicalistas, empresarios y gobierno afinan el lápiz de cara la convocatoria a una nueva versión al Consejo del Salario, fijada en principio para el lunes 27.


“Evaluar temas referidos a las relaciones laborales tales como la redistribución del ingreso, la asistencia a los desempleados, el compromiso con la generación de empleo genuino y decente y el combate al trabajo no registrado, entre otros”, esa es la definición que del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, tal su nombre completo, brinda el propio ministerio de Trabajo.

Precisamente, luego de una reunión entre el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada y la cúpula de la “CGT antimoyanista”, fue anunciada para fines de agosto una nueva convocatoria de esa instancia, que el gobierno nacional habilita interrumpidamente desde 2004. Según informó el titular del gremio de la Alimentación, Rodolfo Daer, el llamado se hará efectivo el lunes 27 y el salario mínimo acordado en la negociación regirá a partir del primer día de septiembre. En una práctica que no por repetida deja de llamar la atención, el Consejo comienza a sesionar cuando la gran mayoría de las rondas paritarias del año ya están cerradas.

Debates y agendas

Bien que de manera dispar, las resoluciones del Consejo de todas formas derraman su influencia sobre todo el arco laboral, pero directamente no afectan siquiera a la totalidad de los trabajadores registrados, que actualmente se acercan a la mitad del mercado. Además, y como denuncian algunos dirigentes sindicales, ese ámbito se limita a fijar la cifra del salario mínimo, dejando de lado cualquier debate acerca de condiciones laborales en un mercado profundamente precarizado, heterogéneo e inequitativo. 

Por fuera de ese ámbito quedan entonces ocho millones de trabajadores. Por ejemplo, todos los planes estatales de empleo y los trabajadores de la administración pública municipal y provincial, cuyos haberes, muchos por debajo de esa cifra mínima, se convierten inmediatamente en la práctica en el piso salarial real. Otro punto en debate es que el Consejo debiera fijar, aún antes que las cifras del salario mínimo, el costo de la canasta básica, cuestión que queda empantanada, entre otras cosas, a causa del alargado conflicto en torno al insostenible índice inflacionario del intervenido INDEC.

“En tanto no se profundicen las políticas para combatir el trabajo en negro y se establezca el valor real de la canasta, la modificación del salario mínimo tiene un impacto parcial”, apuntaba al finalizar las rondas de 2011, Pedro Waseijko, quien participó de aquellas negociaciones como Secretario General Adjunto de la única fracción de la CTA invitada a la mesa. "Planteamos que en la reunión del Consejo del Salario vamos a insistir con el trabajo no registrado, la igualdad de derechos, las reactualizaciones de asignaciones familiares, resolver el grave tema de la tercerización. Todos los temas que hacen a la necesidad de los trabajadores estuvieron presentes", dijo por su parte el docente Hugo Yasky, tras la reciente reunión entre esa porción de la CTA y Cristina Fernández de Kirchner, en Casa Rosada.  

Mientras, un trabajo del Observatorio del Derecho Social de la otra fracción de la CTA, que encabeza el estatal Pablo Micheli, indica que entre 2001 y 2011 el PBI aumentó 74% pero el salario de los trabajadores registrados creció sólo el 3,3%. El informe agrega que “si se considera el conjunto de los ocupados, casi el 80% percibe una suma inferior a dos salarios mínimos”. Esa situación alcanza a la mitad de los empleados registrados del sector privado. 

Específicamente en torno a la reactualización del mínimo salarial, las posturas varían: algunos sostienen que el incremento debe empardar al porcentaje de aumento de precios, dejando las escalas salariales intocadas y otros, por el contrario, afirman que se debe avanzar en medidas de mayor impacto distributivo, que alteren esas escalas en favor de los sueldos de los trabajadores. Tras años de elevado crecimiento de la economía y en un contexto de crisis mundial del capitalismo, el empresariado buscará entre los demás actores de la mesa de negociación acuerdos que eviten poner en debate los elevadísimos niveles de rentabilidad empresaria de la última década.  

Sillas

El gobierno nacional desconoce el Congreso de la CGT en Ferro convocado por Moyano, del que emanó su reelección al frente de la principal central obrera. A través de Trabajo, el Poder Ejecutivo dispuso entonces que al Consejo concurran los trece delegados que lo habían hecho en 2011. Todos ellos -incluidos el propio dirigente camionero- tienen el mandato prorrogado hasta el 3 de octubre. De esa cantidad, sólo cuatro siguen respondiéndole a Moyano. El gobierno le propone al marplatense la posibilidad de participar a cambio de deslegitimar a la actual mesa de conducción que encabeza.

Hasta 2010, desde la CTA venían votando en contra de las resoluciones del Concejo. El año pasado, luego de las irresueltas elecciones, únicamente fueron invitados y participaron los dirigentes del sector que encabeza Yasky, quien sí acepta la prórroga ministerial de su mandato. Esa vez, fue la primera en que la CTA votó a favor de las resoluciones del Consejo. Por otra parte, desde el sector empresario y patronal concurren la Unión Industrial (UIA), la Cámara de la Construcción y de Comercio, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, la Asociación de Bancos, la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), CONINAGRO y la Federación Agraria (FAA).

Números

Como ya se ha dicho, desde que en 2004 se retomó como ámbito, la convocatoria queda subsumida casi con exclusividad a la discusión por el salario mínimo. En 2011, la CGT conducida por un Moyano todavía aliado al gobierno y la CTA encabezada por Yasky, habían impulsado de conjunto la propuesta de un salario mínimo en $ 2.600. Esa iniciativa quedó trecientos pesos por debajo de lo finalmente rubricado. Este año, era previsible, las posturas serán diferentes. Participe o no de las negociaciones, Moyano ya hizo empapelar las paredes con afiches de una campaña que busca llevar a $3.500 el haber mínimo. Ese aumento del 52%, que queda bastante por encima del grueso de las paritarias, aún de la firmada por los camioneros, está basado en el resultado del relevamiento que esa central hizo de los precios de la canasta básica.      

Mientras, la central que encabeza Yasky tomó la decisión de ajustarse al promedio de los incrementos salariales acordados en las actuales rondas paritarias e informó que llevarán la postura de impulsar un aumento del 25%, igual porcentaje que lo firmado en 2011. De imponerse esa propuesta, el Salario Mínimo Vital y Móvil ascendería de los 2300 pesos a 2900 pesos.

Similar postura asumirá el otro espacio sindical cercano al gobierno, conformado por los dirigentes de la CGT que rompieron con la conducción de Moyano (Gordos, Independientes y ex aliados del camionero) y todavía cabildean para nombrar Secretario General. El ex agente de inteligencia del batallón 601 durante la dictadura y actual Secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez, dijo que considerarían “adecuado” que el salario mínimo se lleve a $ 2.875.

En tanto, desde la otra fracción de la CTA, la que encabeza el estatal Pablo Micheli, que no sería invitada a las negociaciones del Consejo, fijan los $5000 como la cifra a partir de la cual articular las respectivas escalas, “incluyendo los trabajadores de planes sociales y los jubilados y pensionados”. Así lo expresaron en un comunicado en al que anunciaron la realización de una movilización al primer día de sesión, cuya convocatoria por parte del gobierno nacional había sido parte de las demandas del paro nacional decretado por la central el pasado 8 de junio. 

Si bien desde el sector patronal todavía no tuvieron pronunciamiento público de cara a las negociaciones, es esperable que amparándose en la crisis del capitalismo internacional y hasta en el parate de la economía local que salieron a reconocer desde la UIA, empujarán para que los actuales $2300 del salario mínimo queden bastante por debajo de los $3000. De esa manera, el empresariado se asegura el nulo impacto sobre las actuales paritarias ya cerradas, evitando que un porcentaje mayor de incremento habilite a los gremios exigir la reapertura de las mismas, y además un piso saludable para empezar a negociar con ventaja en 2013.