Sábado, 23 de Agosto 2014

Entre el 25 y el 28 de noviembre se llevó adelante la XVII reunión de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en Buenos Aires, con más de 500 participantes.



En la última sesión del año, la Cámara Alta tomó juramento al tercio que renueva o accede a mandato, entre ellos Aníbal Fernández y Carlos Menem. Beatriz Rojkés de Alperovich nueva Presidenta Provisional.



Por Silvio Schachter. La disputa entre el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional sobre el posible traspaso de los subterráneos se aborda sólo desde una mirada economicista, pero no se plantea la necesidad de considerar al transporte como derecho social y como parte sustancial de la producción del espacio urbano.

A partir del intercambio de opiniones, expresado en diversos artículos publicados en Marcha, damos nacimiento a la sección Debates.




Por Federico Polleri, desde Mar del Plata.
El histórico dirigente ferroviario dio una charla en el sindicato Luz y Fuerza marplatense y se refirió a la historia del ferrocarril y sus luchas.


Por Sebastián Tafuro. “Cuando uno conoce la lucha por los derechos humanos en otros lugares, Argentina es un país ejemplar, un país pionero”, comentó Patricia Walsh al ser entrevistada por Marcha.


Por Javier Torres Molina, Río Negro. La decisión por parte de la Universidad Nacional del Comahue de no renovar las designaciones de cinco docentes y de reducir la carga horaria de otras dos pone en discusión la precariedad laboral en que se encuentran los docentes de las universidades y el enfoque “gerencialista” que impera en algunas unidades académicas.

Por Mariano Féliz. El proyecto neodesarrollista nació como respuesta a la crisis orgánica del neoliberalismo en Argentina. Esa crisis no marcó el fracaso del proyecto neoliberal sino su éxito.

Por Mariano Treacy. Tras el asesinato de Cristian Ferreyra, militante del MOCASE-Vía Campesina, es pertinente un repaso económico del conflicto de la tierra y la expulsión de campesinos por la profundización del modelo sojero.

El problema del desplazamiento de las familias campesinas y de las comunidades indígenas que trabajan el suelo en pequeñas explotaciones no puede escindirse del proceso de extensión de la frontera agrícola. Esto responde a una necesidad creciente de concentración y centralización de la tierra que imponen la competencia internacional, los estándares de producción y los elevados precios relativos de los productos.

Lo que ocurrió la semana pasada en Santiago del Estero, en la comunidad de San Antonio, no es un hecho aislado sino que responde a una lógica de acumulación que se expresa en la necesidad de extender las fronteras agrícolas hacia regiones donde antes la producción era agronómicamente imposible y económicamente inviable, tanto por la tecnología disponible como por el nivel de los precios internacionales de esos productos. Como reflejo de esto, son también conocidos los casos de desmonte, expulsión y represión de campesinos y comunidades indígenas en Formosa, Chaco, Jujuy y Salta.

Actualmente, seis grandes exportadoras dominan todo el largo de la cadena de valor de la producción de soja y el 50% de las tierras están en manos del 2% de los propietarios. Por su parte, en los últimos 40 años la cantidad de productores se ha reducido a la mitad y únicamente en el Chaco la expansión de la frontera agrícola, que aportó empleo únicamente para 6 mil personas, desplazó a alrededor de 300 mil campesinos.

Esta expansión de la frontera agrícola y del monocultivo no tiene como único beneficiario al sector privado sino que se erige como uno de los pilares de la estructura tributaria. Los derechos de exportación aplicados aportan por año alrededor del 7% de los ingresos de las arcas públicas, elevándose en el 2010 a 7,065 millones de dólares.

Así, los ganadores y perdedores del modelo están claramente identificados. Los productores, pooles de siembra, exportadores y los proveedores del paquete tecnológico que incluye la semilla transgénica y el herbicida, en conjunto con el Estado nacional, se constituyen como los grandes ganadores de este proceso, mientras que los agricultores y peones rurales, las familias campesinas, las comunidades indígenas y las comunidades aledañas se ven perjudicadas tanto por la expansión de la frontera agrícola como por los efectos de los herbicidas y pesticidas empleados sobre el ecosistema. A su vez, el proceso de concentración y centralización del capital, signado por las ventajas en términos de costos y riesgos conseguidas gracias a la organización de la producción de soja a gran escala (los pooles de siembra), se traduce en la destrucción de los recursos naturales y en una mayor polarización social generada por la expulsión, el desarraigo y por la concentración de ingresos. Por último, la extensión del monocultivo margina la producción de otros cultivos que se consumen en el mercado interno, generando problemas de escasez de alimentos o de aumento de sus precios.

Para cumplir las metas estipuladas en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEA), que prevé el incremento de la producción desde las 99 millones de toneladas actuales a las 160 millones de toneladas de granos para el 2020, no habrá otra alternativa que continuar con la expansión de la frontera agrícola hacia territorios previamente ocupados e incrementar considerablemente, a su vez, la productividad por hectárea.

La primera vía llevará indefectiblemente a la agudización de los conflictos con las poblaciones campesinas y comunidades indígenas sustentadas en la pequeña producción y a la continuación de las políticas de deforestación indiscriminada. La segunda implicará seguir utilizando plaguicidas y herbicidas tóxicos, con la contaminación socioambiental que se deriva de su aplicación extensiva.

La época de convivencia “pacífica” con otras formas de producción, con la pasividad frente a la diversidad geográfica, económica y cultural, parece haberse terminado, y la pregunta es si quedan alternativas dentro del modelo para impedirlo.

Tras dieciséis encuentros, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) se reunirá los días viernes 25 y sábado 26 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y el domingo 27 y lunes 28 en Luján.


Por Joaquín Urioste. A pocos días de finalizar el ciclo lectivo, cinco mil docentes cordobeses realizaron un paro para rechazar la pauta salarial del 12% planteada por el gobierno para el 2012.

Por Sebastian Tafuro. El asesinato de una chica de 18 años en Aimogasta el domingo pasado marcó un nuevo capítulo de violencia policial y generó un masivo repudio popular en dicha localidad riojana.




Luego de sufrir una falla multiorgánica este miércoles 23 de noviembre, el represor Antonio Domingo Bussi fue internado y finalmente falleció este jueves 24.




En una audiencia convocada por la legisladora Victoria Donda, diversos diputados nacionales, abogados e integrantes de gremios y movimientos sociales debatieron sobre la la criminalización de la protesta.

El suspendido camarista de Mendoza no estará presente en las audiencias porque se fugó a Chile. Está acusado de cometer y consentir delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.